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"No vendemos el cuerpo, vendemos un servicio": trabajadoras sexuales reclaman cambios en la ley

Aseguran que la ley actual contempla los intereses de los clientes y de los dueños de whiskerías

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09 de septiembre de 2018 a las 05:03

Hablan de un cambio cultural. De que se entienda y se respete su trabajo. Y de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. “Esto arranca con el concepto de la venta del cuerpo o el alquiler, que es un concepto errado. Casi siempre se dice ‘la trabajadora sexual vende su cuerpo’ cuando en realidad lo que estamos vendiendo es un servicio”, dice Sheila. Y María Ximena va un paso más allá. “En mucha gente está instalado el concepto de que porque te pago hago lo que quiero. Y debe ser de consenso. No lo dice la ley actual, pero lo dicen los derechos humanos de cualquier persona”.

María Ximena Bogarín y Sheila (prefiere no identificarse) hablan de abuso, de mujeres trabajando en situación de hacinamiento, o de dueños de whiskerías que las obligan a atender a quien sea sin que ellas puedan negarse.

Hablan de los insultos que reciben en la calle, de las miradas y las críticas de los vecinos que no las quieren en sus barrios, y otra vez, de derechos. Porque la ley 17.515, que regula el trabajo sexual, “es hija de su tiempo”, según María Ximena. Se analizó en la década del 90 y se aprobó en el 2002. Y ahora un grupo de trabajadoras  de Montevideo y el interior nucleadas en el colectivo Otras, reclama que se modifique.

“En aquel momento la ley sirvió para salir de la clandestinidad. El trabajo sexual existía, reglamentarlo fue una herramienta para salir de la violencia”, asegura, pero consideran que es una ley “higienista” que contempla especialmente “los intereses de los clientes y de los dueños de las whiskerías”. ¿Por qué? Por ejemplo, explican, porque establece que una vez por mes deben ir al médico a sacarse sangre para corroborar que no tengan VIH ni ninguna otra enfermedad de transmisión sexual, pero con el monotributo social que pagan no les corresponde la atención en el Fonasa y esperan que ese sea uno de los cambios en la ley. Porque, aseguran, la mayoría de las trabajadoras no gana “mucha plata” como muchas veces se dice.

“No es real que ganamos $ 80 mil o $ 100 mil. Las que ganan eso son las gurisas que están en situación de explotación, que no es lo mismo que trabajo sexual autónomo. Las gurisas que trabajan en los departamentos, que son prostíbulos clandestinos, y que se ven obligadas a tener sexo oral sin preservativo, a atender a quien vaya a consumir. Y que les sacan casi el 60% cada vez que alguien entra al cuarto”, asegura María Ximena.  “El problema es que queremos modificar una ley que está enfocada en los clientes y los dueños de las whiskerías, y van a ser los primeros que van a estar en contra. Y la mayoría son tremendos mafiosos, y no tengo miedo de decirlo”, agrega.

Algo que pretenden que quede incluido en la ley, es que los dueños de whiskerías no son sus patrones. “Ellos lo que hacen es brindar un servicio de alquiler de un espacio, por lo tanto no nos pueden poner días de trabajo, horario, no nos pueden decir a quién tenemos que atender. Soy yo la que dice cómo, cuándo y hasta dónde trabajo. Y las gurisas no saben que no es así”.

Otros reclamos

“¿Ustedes para trabajar necesitan sacarse una foto de frente y de perfil con un número en la mano?”, pregunta María Ximena, conociendo la respuesta. Ese es otro de los reclamos: salir de la órbita del Ministerio del Interior, dejar de estar fichadas, “criminalizadas” para poder trabajar. Reclaman estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tener una carátula específica que diga que son trabajadoras sexuales y que aportan para eso. “El ministerio dice que nos podemos jubilar pero tenemos que mentir. Tenemos que decir que somos masajistas, por ejemplo”, asegura Ximena.

La jubilación es otro de los temas sin resolver. Muchas trabajadoras de la capital lo han logrado y se les han reconocido los años previos a la ley, pero según cuentan, el interior es otra cosa y las trabajadoras que no se pudieron jubilar tienen que esperar a los 70 años a tener una pensión por vejez. Y el lugar en el que pueden desempeñarse también está en debate. La ley, en su artículo 18, dice que se autorizará la oferta de trabajo sexual en “zonas especialmente determinadas, así como en prostíbulos, whiskerías, bares de camareras o similares”. Los lugares determinados son las conocidas “zonas rojas”, a las que las trabajadoras se oponen y aseguran que cuentan con el apoyo de la Intendencia de Montevideo. Reclaman poder trabajar en libertad, sin el estigma de la zona de exclusión.

Libertad, trata y abolición

Algo en lo que insisten las trabajadoras es en evitar las confusiones sobre su trabajo. “Es importante decir que las trabajadoras sexuales estamos en contra de la trata y del abuso”, agrega Sheila. Pero como saben que a veces la línea es delgada, María Ximena agrega: “No es lo mismo una gurisa de 17 años que está obligada y siendo explotada, que una mujer de 25 años que es trabajadora sexual autónoma y opta”.

Esa confusión lleva, según Sheila, a que muchos reclamen la abolición de la prostitución, y ellas se oponen a esa discusión. A María Ximena le da miedo que se polarice el discurso “trabajo sexual sí, trabajo sexual no” porque en Uruguay el trabajo sexual ya es legal. “Es volver a una discusión que no tiene sentido. Nadie puede venir a decir que no es trabajo, es una discusión saldada”.

Y sobre la eterna pregunta de si la trabajadora sexual efectivamente elige su trabajo o lo hace porque no tiene otra opción, las dos tienen una posición clara. “Queremos revertir el concepto de la ‘pobre mujer víctima’ al de la mujer empoderada. Hago esto porque lo elegí y quiero los mismos derechos que los demás trabajadoras”, dice Sheila, aunque reconoce que “la libertad absoluta no existe” y que todas las elecciones siempre están determinadas por alguna causa anterior. “Algunas estudiamos y no conseguimos trabajo, o no se logró una pareja sólida, cosas de la vida que se van sumando. Pero si hubiera más oportunidades tal vez algunas mujeres opten por salir de esto”, concluye. María Ximena es más categórica. “En un mundo capitalista es imposible que uno elija libremente trabajar. Habemos quienes optamos por el trabajo sexual porque nos parece lo más conveniente. No podría militar si trabajara 10 horas en un supermercado, o 12 horas de doméstica con cama en Carrasco, como ya lo hice. Es otra forma de trabajo”.

Con legisladoras y el PIT-CNT

El camino empezó con las giras por el resto del país y continuará en el Parlamento. Las modificaciones pretenden ingresarlas a través de las legisladoras Constanza Moreira, Cristina Lustemberg y Daisy Tourné, pero tienen previsto hablar con todo el espectro político, ya que dejan claro que no es una campaña del Frente Amplio sino una reivindicación de los derechos humanos. Se reunieron también con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y la representante del departamento de jóvenes, Tamara García, dijo a El Observador que están buscando formas para apoyarlas, como la junta de firmas. “Entendemos que más allá de las concepciones que cada uno pueda tener, tenemos que acompañarlas. El secretariado se comprometió a incidir en ayudar a generar conciencia, discutir de esta temática que tiene tantos usuarios y no visibilidad”.

Consultada por El Observador, Tourné indicó que “hay mucha cosa para discutir” ya que la ley actual “es muy antigua”. La senadora aseguró que acompañará la iniciativa para mejorar la situación. “Hay que proteger sus derechos, darles todos los resguardos posibles, pero filosóficamente, en el fondo, su cuerpo es una mercancía”, plantea, por lo que espera que luego de apoyar los cambios para mejorar sus derechos, en algún momento, “la prostitución deje de ser un trabajo”.
 

Giras por todo el país

El colectivo Otras está viajando por todo el país para llevar la discusión a cada departamento. Estuvieron en Salto y Paysandú y el próximo jueves habrá una actividad en la sede del sector Casa Grande. En las actividades también son acompañadas por colectivos feministas y ONG. El objetivo es escuchar a las trabajadoras de todo el país e integrar los distintos reclamos a los cambios que se pretende incluir en la ley. Unas 30.000 personas se dedican al trabajo sexual aproximadamente, aunque solo hay unas 10.000 registradas.

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