Tragamonedas: cortocircuito entre empresas y gobierno por legalidad del negocio

Representantes de la Cámara Uruguaya de Entretenimiento (CUDE) plantearon sus reparos en el Parlamento contra el proyecto de ley y expusieron que piden ser regulados desde hace más de una década, pero las autoridades no llevan sus planteos. 

En la Comisión de Hacienda de Diputados indicaron que pagan impuestos y que incluso están dispuestos a abonar un canon extra si el negocio tiene más controles. 
Además, afirmaron que la actividad es legal y por tanto ganan todos los juicios que les han realizado. Pero esa postura contrasta con lo que piensan en el Ministerio de Economía, donde la califican de ilegal.    

Uno de los representantes de la gremial, Gerardo Dibbern recordó en comisión que desde 2004 la CUDE procura una regulación y reglamentación de la actividad. 
“Pasó el tiempo, pasaron 18 años. Mientras nosotros seguimos esperando, el Parlamento va a considerar la regulación del juego online, una actividad que, en cierta medida, va a ser una competencia”, dijo. 

Expuso que uno de los motivos por los que la cámara se opone al proyecto es político. “Hablamos de un motivo político porque este proyecto otorga a las plataformas de juego online básicamente a empresas extranjeras, porque hay que tener un casino. No estamos en contra de la competencia ni de la instalación de empresas extranjeras de juego, pero queremos tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones”, señaló.

Otro de los representantes de la Cude, Jorge Enríquez indicó  que las empresas formales que poseen tragamonedas realizan aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y pagan impuestos. 

Agregó que también se ofreció que cada máquina estuviera en línea con la Dirección General Impositiva (DGI), a través de internet, para que la oficina recaudadora supiera cuáles son los valores que se apuestan y cuánto pagan los propietarios por cada una de las máquinas, de manera de transparentar el tributo que luego se va a abonar. 

Dibbern expresó que si bien la actividad no está regulada, es sabido que hay miles de máquinas instaladas en todo el país. 

“Y para ser una actividad que mueve dinero, que no ha sido regulada, que no está reglamentada por parte del gobierno nacional y de las intendencias, vemos que no ha habido denuncias de los jugadores, de los usuarios, y que se ha desarrollado en forma pacífica, pública, continua, absolutamente transparente”, dijo. 

El cruce con el MEF

El empresario continuó defendiendo la legalidad del negocio y repitió que se necesita la regulación estatal para una actividad absolutamente legal.
Pero eso es opuesto a la postura del MEF. Dentro de la discusión por el proyecto de ley de juego online, representantes de la cartera también concurrieron días atrás a la Comisión de Hacienda. 

El director general de Casinos, Gustavo Anselmi, fue claro sobre el tema. “Con respecto a las máquinas tragamonedas quiero decir que está claro que la posición de la Dirección General de Casinos es que son ilegales; está clarísimo en la ley que son ilegales. En ese sentido, la Dirección General de Casinos sigue haciendo las denuncias pertinentes”, afirmó. 

El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, complementó la posición de Anselmi. “Es un tema del que nos vamos a ocupar. Hemos visto también que hay máquinas tragamonedas en bares o a media cuadra de una escuela; están desparramadas por todo el país. Se está pensando la manera de abordar este tema, pero no es fácil,  ya que no es una actividad que cuente con alguna penalidad”, añadió.

Previamente, Irastorza también se había referido a la situación en otra comisión parlamentaria, esta vez en el Senado. Expuso que “las máquinas clandestinas” preocupan mucho al ministerio. 

“Hay que legalizarlas. No hay penas en la actualidad; entran por un lado y salen por otro. Alegan que tienen empresas y que pagan impuestos. Estamos trabajando en el tema. Cuando se dio el cierre de los casinos (por la pandemia), las máquinas clandestinas que funcionaban sin problema, explotaron y todo el mundo lo vio. Por eso queremos regularizar ese aspecto”, había expresado.

En la Comisión de Hacienda de Diputados de la que participó la CUDE, el representante de Cabildo Abierto, Sebastián Cal se refirió a los comentarios oficiales. 
“Voy a ser muy claro con respecto a este tema. He visto posiciones encontradas del propio Ministerio de Economía con respecto a las máquinas tragamonedas barriales. De hecho, algunas autoridades que estuvieron aquí presentes dijeron que son máquinas tragamonedas ilegales”, sostuvo. 

“Si las autoridades de gobierno dicen eso, y no hay nadie preso, es porque o no son tan ilegales o hay una falta de control y una omisión muy grande por parte del Estado”, complementó. 

Dibbern contestó que por un lado, a través de la DGI, el Ministerio de Economía cobra impuestos y registra a las empresas. 
“O sea, por un lado, la DGI acepta que se inscriban como juego de apuestas y cobra los impuestos y, por otro, la Dirección General de Casinos deja entrever que la actividad es ilícita. Es una incongruencia”, apuntó el empresario.

Luego hizo mención a las diferencias con la Dirección General de Casinos, Informó que les hizo 58 juicios a los propietarios y, según su relato, los perdió todos. 

Chapa identificatoria

Uno de los planteos que efectuó la CUDE fue que cada máquina tragamonedas tenga una chapa identificatoria. “Si esa máquina tuviera una chapa identificatoria, indeleble, como la de un auto, con la que se pudiera registrar en el Estado, en el Ministerio de Economía se sabría que determinado número corresponde a cierta máquina cuyo propietario es fulano de tal”, comentó. 
Ese registro tendría por resultado “sacar a la gente que no quiere aportar”. “Estamos en contra de eso; si vamos a un bar y vemos que hay 50 máquinas, estamos en contra, pero hay gente que lo hace”, sostuvo.

Los integrantes de la gremial no solamente se dedican a las tragamonedas; también a las mesas de pool, las rocolas y los futbolitos. 
“Lo que queremos es que para colocar esas ocho y diez maquinitas, el pool, todo lo que puede haber en una cantina, el Estado lo controle, lo fiscalice y cobre un canon extra, fuera de los impuestos que se pagan”, afirmó.