Tras el bosque, el eucalipto

La nota del viernes pasado con la firma del representante interino de la FAO en Uruguay, el economista Rubén Flores, cuando a nivel parlamentario se discuten modificaciones a la ley forestal de 1987, me dejó algunas dudas.

Conviene aclarar que no pongo duda en el dato genérico sobre la biodiversidad en los bosques y el daño que para esa biodiversidad supone la deforestación y la degradación de esas áreas naturales. Justamente, por ser los bosques áreas naturales no es correcto aplicar ese nombre a las plantaciones de árboles que, siendo un monocultivo intensivo, no son bosques, así como una plantación de trigo no es una pradera.

Esas plantaciones ocupan el territorio, desplazando toda otra actividad y eliminando la biodiversidad ya que la fauna nativa no tiene nada que hacer en una plantación de eucaliptus, salvo quizá por los zorros que encuentran allí refugio, al igual que los jabalíes que no son de nuestra fauna nativa.

Pero quizá lo más peligroso es cuando se dice como un logro que Uruguay se ubica dentro de los primeros exportadores mundiales de celulosa, porque la celulosa de las zonas francas no se computa como exportación uruguaya, salvo para el cálculo del PBI. Esa visión económica no considera, además, el cero aporte de la producción de celulosa en zona franca a la economía nacional.

La contribución económica del sector forestal al Uruguay termina cuando se exporta la madera a la zonas francas. A partir de allí, es negocio de las empresas celulósicas extranjeras, que son, a su vez, las dueñas de las forestales que les exportan la madera, por lo que se manejan en un esquema económico cerrado, que maximiza la ganancia empresarial en las plantas de celulosa que no pagan impuestos. Es así que el precio de venta de la madera a esas zonas francas no ha variado en más de 10 años a pesar de los vaivenes del mercado internacional.

Es cierto que la ley forestal del 87 no limita las especies que se pueden plantar, pero limitó los beneficios a 12 años, con lo que se dejó fuera a todas las especies arbóreas de maderas duras o de calidad, amparando solamente las plantaciones para energía o celulosa con ciclos cortos de crecimiento y cosecha.

Si la actual situación de monocultivo intensivo de eucaliptus celulósicos para la producción de celulosa en zonas francas era la política nacional forestal buscada con la ley del 87, entonces alguien se equivocó y mucho.

Me congratulo, igualmente, de que la FAO participe del monitoreo de los bosques nativos con programas como el REED+, dado que al contrario de la propaganda, entre otros, de la Sociedad de Productores Forestales, que ha expresado crecimientos de las áreas forestales nativas de hasta el 25%, el área cubierta de monte nativo en Uruguay ha experimentado una reducción cercana al 3% en 15 años, como se publicó en el portal oficial www.gub.uy en setiembre de 2020 bajo el título de “Análisis de los cambios en el bosque nativo de Uruguay en el periodo 2000-2016 en base a Collect Earth”.

Nota del autor:

La tribuna “Tras el árbol, el bosque y su sustentabilidad”, publicada el 2 de abril generó un debate saludable y también algunas dudas que nos parece oportuno aclarar.

Antes que nada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda la variedad y rotación de cultivos. También defiende el cuidado de la biodiversidad en Uruguay y el mundo.

La primera parte de la tribuna hablaba de bosques, la segunda de plantaciones. Es cierto que, en Uruguay, la proporción de bosque nativo es escasa, siempre lo fue, es un país de praderas y pastizales. Su gran riqueza es el campo natural.

La legislación forestal para la cual la FAO asesoró a Uruguay y a la que hicimos referencia fue redactada en otros tiempos y con otras perspectivas (la ley actual es de 1988), partiendo de la premisa que Uruguay no tenía un paisaje muy boscoso y que ahí había una oportunidad de diversificar cultivos y actividad económica.

A diferencia de otras legislaciones en aquel entonces, ya en una actual ley de 1988, con el fin de preservarlo, se prohíbe la tala del monte nativo sin previa autorización.

Además, la eficiencia del mapeo del territorio uruguayo y del sistema de producción forestal con el que cuenta hoy el país reduce la presión sobre bosque natural local.

A la luz de los debates y de la realidad actuales, sin duda podemos sacar lecciones aprendidas a lo largo de las últimas décadas, fortalecer la protección y restauración del bosque nativo que queda.

La cooperación solicitada a la FAO para monitorear “bosque nativo y superficies plantadas” sobre la que escribimos en la tribuna, también servirá para identificar amenazas, en particular de las especies invasoras y también para que el país pueda tomar decisiones con más y mejor evidencia.

Apostar a fortalecer el mapeo y la eficiencia de la producción es una apuesta acertada. Esto último se refiere a que todo lo que produce el sector forestal en Uruguay, se utiliza y es consistente con la apuesta que viene haciendo el país por contar con la implementación de una estrategia de bioeconomía circular y sostenible.

De ser llevada a buen puerto, esta estrategia permitirá desarrollar y fortalecer nuevas formas de trabajo y de recuperación del bosque nativo.

El manejo de plantaciones con criterios ambientales y eco-sistémicos, con un fuerte potencial en bioeconomía hacia el que se orienta Uruguay es una alternativa innovadora de optimización del uso de recursos naturales, siempre que se aplique con criterios de sostenibilidad y circularidad que hoy en día son compromisos éticos y también criterios comerciales difíciles de eludir.

Es necesario apostar a la restauración e incluso a la “regeneración” del bosque nativo y también de los pastizales, como dice el ministro Carlos María Uriarte. Para eso, los corredores biológicos y un buen manejo de las áreas protegidas son grandes opciones que están sobre la mesa.

La FAO también recomienda promover la madera como material de construcción por sobre otros, menos sostenibles y amigables con el ambiente.

La primera ley forestal, del 68 y la actual, del 1988, por varias características mencionadas en la tribuna, sentaron bases para alcanzar una producción eficiente y también resiliente ante el cambio climático. Sin embargo, está en manos de Uruguay la posibilidad de revisar la normativa para adaptarla al contexto actual, poniendo énfasis en lo ambiental, la biodiversidad, los servicios eco-sistémicos y sociales, y también en el hecho que las plantaciones además de bienes privados, pueden a su vez generar servicios y bienes públicos que benefician a la sociedad toda.

Lo que sabemos es que el sistema de producción, la legislación de Uruguay y su fortaleza institucional son una buena base para el desarrollo sostenible en el que hay que seguir trabajando, partiendo de la base que el bosque natural debe ser preservado y no puede ser sustituido por una plantación, forestal o de cultivo.

Tampoco se puede negar que, si se gestionan adecuadamente, las plantaciones generan empleo e ingresos para la población y se puede investigar la posibilidad de plantar especies nativas que logren esos beneficios.

Bienvenido sea el debate que nos encuentra a todos pensando en cómo aportar soluciones para preservar y regenerar la riqueza natural del país, así como su desarrollo sostenible a nivel ambiental, social y económico.