Tras ser condenado por corrupción, exalcalde de Florencio Sánchez renunció al Partido Nacional

Sánchez deberá pagar 200 unidades reajustables de multa —unos $ 270 mil— y estará inhabilitado de ejercer cargos públicos por dos años por diferentes delitos contra la administración pública.

Además de Sánchez renunciaron al partido tres familiares involucrados en los hechos de corrupción, según dijo Iturralde.

Al momento de la condena, la fiscal Sandra Fleitas enumeró una serie de episodios por los que terminaron condenadas nueve personas. En primer lugar, había motos que habían sido incautadas cuyas actas de devolución no aparecían, es decir que habían sido devueltas sin la debida autorización administrativa y por orden política. 

Además, la entrega de canastas de alimentación a personas que no las habían solicitado por vía administrativa, "muchas veces eran a cambio de votos", sostuvo la fiscal en conferencia de prensa. Tenían el mismo sistema con respecto a boletos de transporte que usufructuaban funcionarios del municipio. 

De vigilancias electrónicas y policiales surgió también que utilizaban materiales de construcción del municipio para su propio beneficio personal. Los utilizaban en construcciones para ellos y los hacían colocar con maquinarias de la alcaldía, que eran manejadas por funcionarios públicos. También constataron que entregaban algunos de estos materiales a particulares a cambio de votos. 

Las irregularidades con el sector de la construcción no terminan allí. La fiscal informó de sobreprecios en las obras que el municipio arreglaba con la empresa constructora de Gustavo Tago. Las obras se realizaban, y luego se facturaba un monto superior. 

María Sánchez fue condenada a un año de prisión efectiva y 20 meses de libertad vigilada por los delitos de asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y fraude. Deberá pagar 100 unidades reajustables y no podrá ejercer cargos públicos por dos años.

Pablo Sánchez, edil departamental por el Partido Nacional, fue condenado por los delitos de asociación para delinquir y fraude, por los que estará un año preso, otro año bajo régimen de libertad vigilada y deberá abonar 100 unidades reajustables.

Nelly Agustins, esposa del alcalde Sánchez, fue una de las dos detenidas que se beneficiaron de una condena sin prisión efectiva. Agustins fue condenada por asociación para delinquir y encubrimiento, por lo que deberá cumplir con un régimen de ocho meses de libertad vigilada.