Nacional > FRENTE AMPLIO

Tribunal de Conducta Política aún no tiene previsto analizar caso De León

Ninguna agrupación política ha solicitado que el órgano se pronuncie sobre el tema

Tiempo de lectura: -'

08 de abril de 2018 a las 19:08

Tras el informe que la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) remitió al juzgado de Crimen Organizado sobre el uso de tarjetas corporativas por parte del actual senador de la 711 y expresidente de ALUR, Leonardo De León, donde se señala que este violó las normas e hizo un "uso indebido de fondos", ninguna agrupación política, coordinadora o departamental del Frente Amplio ha solicitado al Tribunal de Conducta Política (TCP) que se pronuncie sobre el caso, informó a El Observador el integrante del TCP, Jorge Brovetto.

En este sentido, Brovetto explicó que son algunos de estos actores los que tienen la posibilidad reglamentaria de pedir que el caso se analice en el TCP para que este tome posición al respecto.

En caso contrario, señaló que el TCP lo puede hacer de oficio, luego de que todos los integrantes consideren en conjunto el tema, instancia que todavía no se ha dado. Brovetto no quiso adelantar posibles fechas para este tratamiento.

En tanto, Gonzalo Reboledo, secretario político de Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, prefirió no hacer declaraciones al respecto.

El informe de la Jutep, que se conoció el viernes 6, establece que De León "ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa de ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones".

Agrega que estos usos "constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos".

Con el dictamen de la Jutep, De León queda expuesto a correr la misma suerte que el ex vicepresidente Raúl Sendic para quien el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento por el delito de peculado. Pacheco consideró que Sendic se apropió de los dineros públicos, en sumas que no pudieron ser debidamente cuantificadas.

La diferencia es que si el fiscal pidiera el procesamiento del senador deberá pedir previamente el levantamiento de los fueros que tiene como legislador, con lo cual al discusión se trasladaría al Parlamento.

La denuncia contra De León fue realizada por el Partido Independiente en el 31 de octubre de 2017. En ella se señalan que entre 2011 y 2015, el hoy legislador realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 -por los que nunca hizo devoluciones, ni rindió cuentas-. Además, se destacan gastos que se realizaron en el exterior sin que figure ninguna misión oficial en esas fechas, o que se efectuaron un día después de terminada una visita.

Comentarios