Fallo del Ejército en 1974 acusó a suegro de Manini de actuar con "imprudencia" en la compra del campo de Colonización

Se trata del mismo predio en el cual una inspección técnica del instituto, efectuada el año pasado, determinó la existencia de varias irregularidades que involucran a sus actuales propietarios: el ahora coronel retirado, su hija la ministra de Vivienda Irene Moreira y su yerno, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Esas conclusiones, divulgadas en su momento por Búsqueda, advertían que todos están presuntamente incumpliendo la ley de Colonización, al no residir ni trabajar en forma directa el campo. Los involucrados niegan esas observaciones, afirmando que esas fracciones jamás estuvieron comprendidas bajo las obligaciones requeridas por la normativa. 

Lo cierto es que Moreira fue sancionado por el Ejército por haber incurrido en una "falta grave con agravantes" en relación a este negocio. A juicio de la fuerza, en ese proceso incurrió en varias violaciones del reglamento de conducta previstas en el reglamento de los tribunales de honor. Por ejemplo el artículo 26, que indica que es deber de todo militar dar cumplimiento a los compromisos que asuma. "Faltar a este deber compromete no solo al individuo sino también a la propia corporación", se indica. También el artículo 27, que lo obligaba a ser un "ciudadano ejemplar" y a respetar, "mas que cualquier otro, las leyes del país". Por otra parte y, sobre todo, que incumplió con la obligación de no contraer "obligaciones desdorosas u observar una conducta equívoca o que deje dudas sobre la corrección de procederes".

El juicio del Ejército está referido tanto a la compra como a las condiciones que el involucrado se obligó a asumir por ella. Esa circunstancia generó sospechas en su momento en la interna de la fuerza de tierra, y fueron parte de lo que llevó a la acción de un tribunal de honor. 

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El tribunal sesionó en 1974. Las sesiones, a cuyas actas pudo acceder El Observador al amparo de la ley de Información Pública, estuvieron presididas por el coronel Julio Formento. Actuaron como vocales los coroneles Sergio D’Oliveira, Manuel Núñez y Nelson Santos. Fue ordenado bajo la dirección del entonces jefe de la Región Militar 1, Esteban Cristi, luego de que después de una reunión de altos jefes castrenses con el INC quedaran reflejadas algunas "irregularidades" que comprometían a varios integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre los antecedentes, se señala que el INC aportó información dando cuenta que Moreira se había inscrito en diciembre de 1970 como “aspirante ” y recibió el puntaje suficiente para ser acreditado así. En enero de 1971 elevó su propuesta para la adquisición de un campo como solicitante de tierra. Según aclaró el Instituto, la adjudicación, el 2 de marzo de 1971, “tuvo que ser realizada” según las condiciones que debían reunir los aspirantes a colonos, consagradas en la ley que dio origen a Colonización. 

Moreira se hizo acreedor al campo a través de una licitación, que ganó al haber ofrecido el mayor precio por hectárea y, además, el mayor porcentaje de entrega inicial. El compromiso de compraventa, suscrito el 5 de julio de 1971, especifica las obligaciones que asumía, al amparo del artículo 61 de la ley. Entre otras condiciones, "trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo", salvo que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados.

A requerimiento del tribunal el entonces presidente de Colonización, Nicolás Llaneza, elevó la información del predio en cuestión. También la ficha de Moreira, al que se identifica allí como "colono". El INC anexó el texto del compromiso, que en su sexto punto indica que el promitente comprador "se compromete a ocupar el predio a nombre del instituto, obligándose a trabajarlo directamente y habitarlo con su familia", algo que el involucrado jamás podría haber cumplido, dado que en ese momento cumplía funciones como jefe del Batallón de Ingenieros 1, radicado en Montevideo. 

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Según la ley Moreira podría haber solicitado una excepción, luego de haber tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años, cumplido con el plan de inversiones comprometido o haber invocado razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar. Esa fue parte de la argumentación del militar en su defensa, en la que también aludió a la falta de condiciones del predio para una efectiva colonización. 

Ante el tribunal, el entonces coronel sostuvo otra interpretación. Afirmó que el llamado de Colonización le dio la opción en su momento de acogerse al artículo 127 de la ley, que establece que "no podrán ampararse a los beneficios de esta ley, en cuanto acuerda a los colonos rebajas o facilidades de orden especial, las personas que a juicio del Instituto por su situación económica estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos". Es decir, que podía operar el campo pero como una persona privada. 

Las razones eran que el área del predio era mayor a la máxima permitida para colonos y no se podía subdividir; también que la posibilidad de ganar la licitación reflejaba una posición económica que no le habría permitido acceder a esa condición.

Al respecto, el tribunal admitió que la información aportada por el INC resultó "muy ambigua" en este sentido.

Las actas dan cuenta de que Moreira abrió posteriormente una acción jurisdiccional y otra civil destinadas a demostrar, en cambio, que él nunca debió haber sido considerado como colono y adecuar "conforme a derecho"  las condiciones que debía cumplir. Ninguno de esos procesos había tenido resolución a la fecha de cierre de las actuaciones del tribunal. Moreira, que siempre argumentó que lo suyo fue un "negocio común", señaló además que, al momento, no podía haber una dilucidación favorable a su intereses en el INC al no haberse encontrado el "documento más importante" que a su juicio, "clarifica la cuestión". Se trata de un expediente que, según afirmó Moreira ante el tribunal, "se ha extraviado".

Arrestado

El teniente coronel había llegado al tribunal ya sancionado: el 29 de diciembre de 1973 había recibido una pena de 20 días de arresto a rigor por "haber contravenido el reglamento general de servicio" al "contraer la obligación de ocupar un predio rural de Colonización" a lo que "sus obligaciones de servicio lo inhiben, comprometiendo con ello el prestigio del Ejército". La pena había sido impuesta por el entonces comandante en Jefe del Ejército, Hugo Chiappe Posse. Moreira recibió poco después otros 15 días de arresto en las mismas condiciones, por haber efectuado un reclamo "infundado" contra la sanción original. 

En su testimonio, Moreira señaló que, al momento de firmar la compra, reconoció que el documento no se ajustaba a su situación. Pese a eso siguió adelante, ya que Colonización ya le había entregado previamente el campo. "Sus camaradas fueron especialmente duros con él por esta causa. No es admisible que un jefe del Ejército acceda a firmar con un instituto del Estado un documento que considera no ajustado a Derecho, aún a riesgo de perder el negocio en trámite", objetó el tribunal.

El 28 de enero de 1974, más de tres años después de comenzado el proceso de compra del campo, el INC informó a los militares que había iniciado el trámite correspondiente por "falta de cumplimiento" del adjudicatario sobre lo previsto en el artículo 61 de la ley de Colonización. Sin embargo, el propio tribunal marcó que ni en el acto de adjudicación del predio ni ante la información requerida aparece con claridad bajo qué régimen le fue otorgado el campo a Moreira. 

Los coroneles consideraron que su objetivo no era analizar la legalidad del proceso, sino la conducta del involucrado y sus deberes como militar. "Un oficial de su jerarquía, con capacidad intelectual y con experiencia de mando no podía haber firmado, ni aún inadvertidamente, un compromiso que le imponía obligaciones que no podía cumplir", se afirmó en el dictamen, reconociendo implícitamente que la situación de Moreira, al momento de la compra y más allá de haber actuado o no con buena fe, era irregular.

De esa manera, a juicio del tribunal el acusado comprometió su prestigio como oficial y, por extensión, el prestigio de la fuerza.

Los agravantes están dados por su condición de jefe en ese momento y por no haber intentado, en todo ese tiempo, regularizar su situación.

Otra de las objeciones de sus pares fue que Moreira se presentó a la licitación para la compra del campo como "productor rural" y omitió declarar su condición de militar. También se le reprochó que hubiera aportado una dirección distinta a la suya en el trámite. La excusa que presentó ante sus colegas fue que se trataba de la dirección "de un familiar", en Montevideo, en la que recibía correspondencia.

Los militares también cuestionaron la poca claridad de Colonización y la falta de elementos concluyentes que ayudaran a determinar la naturaleza jurídica de la transacción. También la "falta de celo" del organismo en reclamar el cumplimiento de las obligaciones de Moreira ante las eventuales irregularidades, desde el momento en que siempre le fue aceptando los pagos que hacía sin objeciones. Estos dos aspectos fueron considerados como "atenuantes" por parte de los coroneles para determinar la sanción sobre su camarada. 

El teniente coronel apeló la sentencia pocos días después. El tribunal mantuvo el fallo, al considerar que el involucrado no pudo aportar nuevos elementos de juicio. 

Ya lo sabía

Roque Moreira, hoy coronel retirado, estaba al tanto que desde El Observador se habían solicitado las actas del tribunal de honor. "Me lo dijo un buen amigo, que ocupa un puesto importante en el gobierno", explicó.

Consultado sobre el fallo, destacó que la sanción determinada por el tribunal, en la escala militar, está lejos de ser grave, y que no afectó su posterior carrera. Adjudicó también la investigación castrense a temas vinculados a la interna de la fuerza. Sobre todo, a sus "fuertes diferencias personales" con el entonces comandante Chiappe Posse, con el que asegura haber sostenido varios enfrentamientos. "No me mandó a la guillotina porque no existía", afirmó. Lo del campo, sostuvo, fue una excusa. "Me comí un garrón". 

El militar insistió en que la investigación que ahora abrió Colonización, a instancias del director frenteamplista Andrés Berterreche, responden a una intencionalidad política a la que comparó con el "terrorismo de Estado". Allí, remarcó, el objetivo real es perjudicar las chances de su yerno, Manini Ríos. 

Durante su declaración ante el tribunal de honor, Moreira admite que la investigación en su contra pudo girar en torno a lo que podría definirse como "dinero mal habido" aunque en todo momento defendió su integridad. Los integrantes del tribunal jamás le preguntaron cómo hizo para comprar el campo. Por su parte, él revindicó que sus ingresos siempre fueron "en pesos magros y flacos", a diferencia de algunos de sus colegas que tuvieron la oportunidad de salir en misión al exterior. 

En su defensa y para enfatizar su apego al código de conducta militar, el teniente coronel destacó ante sus colegas los diversos cursos realizados en su carrera. En su ascenso a mayor, destacó, quedó ubicado en segundo lugar. Solo por detrás de Raúl Mermot, que con los años llegaría a ser comandante en Jefe del Ejército. 

También remarcó su rol como jefe de Ingenieros 1, una unidad que durante esa época "estuvo en primer plano en la lucha contra la subversión". Allí agregó un informe sobre las detenciones, los operativos y el número de requeridos que hubo bajo su mando.