La coordinación entre socios ha sido uno de los principales debates
La elección de octubre había quedado atrás y el cambio de signo político estaba a la vuelta de la esquina. El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou solo debía dar los últimos pasos de una estrategia que había construido con paciencia e inteligencia.
El 5 de noviembre de 2019, no sin algún dolor de parto, dio uno importante. Ese día, los cinco programas de gobierno que llevaba bajo el brazo durante la campaña nacional cambiaron por un solo documento. Bajo el título de “Compromiso por el país”, las firmas del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente sellaban la alianza para gobernar en conjunto. Era el nacimiento, en blanco sobre negro, de la coalición multicolor.
El año que pasó desde entonces hasta este jueves convenció a varios dirigentes de que la alianza está llamada a perdurar en el tiempo, aunque también mostró diferencias internas respecto a cómo gestionar la relación entre los socios.
También dejó algunos nombres por el camino, incluyendo dos de los cinco firmantes del Compromiso por el país –el colorado Ernesto Talvi y el líder del Partido de la Gente, Ernesto Novick–, hoy alejados de la política: el primero tras un conflictivo relacionamiento con el presidente y una falta de adaptación a las reglas del juego político; el segundo luego de una elección bastante magra que lo hizo renunciar a sus ambiciones de liderazgo ya antes de asumir el nuevo gobierno.
La forma de relacionarse con el presidente y de coordinar entre los socios es uno de los debates aún no saldados en la coalición de gobierno. Mientras que Lacalle Pou y los blancos defienden el “pico a pico” y la negociación uno a uno, colorados y cabildantes han reclamado desde el comienzo la instalación de un ámbito de coordinación para mejorar la eficiencia y evitar malentendidos.
Corría el mes de febrero, Lacalle Pou aún no se había calzado la banda presidencial, pero los senadores Julio María Sanguinetti y Guido Manini Ríos ya coincidían en la necesidad de generar una suerte de mesa política.
El planteo, que asomó durante el abordaje de la LUC, se ha mantenido hasta estos días en los que se discute el presupuesto, con epicentro en el Poder Legislativo, y algunos dirigentes entienden que es tiempo de sentar a los partidos en una instancia más formal que los corrillos parlamentarios o del Ejecutivo. Lacalle tiene una idea diferente del modo de relacionamiento y ha preferido las instancias bilaterales. El presidente es de estar arriba de los temas y de los ministros y prefiere no detenerse en “asambleísmos”.
La reunión de los cinco líderes que firmaron el Compromiso por el país nunca se reeditó una vez que asumió el nuevo gobierno.
El Consejo de Ministros, por su parte, se reunió solo tres veces. En esas instancias hubo jerarcas que quisieron plantear temas para la discusión y Lacalle señaló que no era el ámbito para ello.
Con ocho meses de gobierno a cuestas, tampoco han faltado los desencuentros en las cúpulas ministeriales o desde las secretarías de Estado con Presidencia. Cancillería ha sido un ejemplo de ambas circunstancias. Talvi, que asumió como canciller de Lacalle, no aceptó la relación de subordinado del presidente y eso llevó a más de un encontronazo que colaboró a su intempestiva salida.
Por estos días, la subsecretaria Carolina Ache, también de Ciudadanos, mantuvo desavenencias con la gestión del sucesor de Talvi, el nacionalista Francisco Bustillo.
En Defensa hubo diferencias entre el ministro Javier García (nacionalista) y el subsecretario Rivera Elgue (cabildante). El Ministerio de Vivienda, encabezado por Irene Moreira (Cabildo Abierto) y Tabaré Hackenbruch (Batllistas), mantuvo por su parte una disputa con Presidencia por el control del Plan de Mejoramiento de Barrios.
El pedido del desafuero de Manini Ríos también supuso una prueba de fuego a los equilibrios de la coalición. El general retirado, que públicamente decía que pretendía ir a la Justicia, pedía por lo bajo a sus socios que se evitara esa instancia. Aunque la discusión se tiñó de algunos elementos jurídicos, la gobernalidad fue un tema central arriba de la mesa.
Ese asunto fue, a su vez, uno de los pocos en los que la coalición votó dividida, ya que Ciudadanos se plegó a la posición del Frente Amplio. El Partido Nacional, Cabildo Abierto y el sector colorado Batllistas rechazaron el desafuero.
La pregunta se repitió desde un comienzo. ¿Hasta cuándo duraría la coalición? ¿Está en peligro su estabilidad? “La vamos a contestar cuatro años y pico, o sea hasta el final de la coalición, esperemos. Vamos a ver. Si cada uno cumple con sus compromisos, con lo que suscribimos y firmamos, yo creo que hay una madurez y una responsabilidad muy importante de todos los miembros de la coalición”, contestó Lacalle Pou el 20 de julio, cuando la interrogante volvió a posarse en una de sus conferencias de prensa en Torre Ejecutiva.
Pese a las divergencias, las descoordinaciones, las renuncias y alguna marcha atrás, en el oficialismo gana terreno la idea de que la coalición no es un invento pasajero, sino más bien una primera experiencia de una herramienta que prevalecerá en el tiempo.
En octubre, una vez que pasaron las elecciones departamentales, Sanguinetti escribió que el ciclo electoral insinuaba la conformación de un “bipartidismo” con “dos coaliciones” bien diferenciados. “Se consolidó por un lado la coalición frentista y lentamente se ha ido avanzando en la conformación de otro espacio, que se asumió como tal para provocar la alternativa electoral. ¿Fue solo para ganar la elección? Personalmente creo que no, que es un espacio que con sus matices diferenciales tendrá una presencia más allá (en el tiempo)”, dijo a El Observador.
En un sentido similar se pronunció Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, luego de que un dirigente de su partido planteara dejar la coalición en caso de que no se removiera al fiscal de Corte, Jorge Díaz. “La coalición es hoy la herramienta necesaria para llegar a las soluciones que la gente reclama con urgencia. Vamos a tratar con seriedad y responsabilidad”, expresó en ese momento.
El primer año de la coalición también alcanzó para que los dirigentes se dieran cuenta del alto costo que tiene separarse. La derrota en Salto, a manos de un Frente Amplio que votó menos que la suma de blancos y colorados, es visto como una “enseñanza” para el futuro.
El tiempo se encargará de decir si la lección fue aprendida.