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Un día largo para el gobierno con control obrero, contactos con la Justicia y desocupación

Los trabajadores de MontevideoGas dejaron sin efecto la medida luego de una jornada con muchas idas y vueltas

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26 de abril de 2019 a las 05:02

Fue un día largo para el gobierno. Comenzó a las 6 horas con la ocupación y control obrero en MontevideoGas y terminó pasadas las 18 con la salida de los trabajadores de las instalaciones y oficinas de la distribuidora antes de ser desalojados. El final era previsible y hasta lo sabían los sindicalistas, ya que había una sentencia judicial que les prohibía efectuar la medida de lucha. Sin embargo, en algunos momentos del día dio la sensación que en distintas esferas gubernamentales y judiciales no se sabía bien cómo actuar frente a una acción gremial poco usual en el país.

En otro escenario, la jornada hubiera sido una más de agitación sindical. En el momento actual, más allá que la desocupación fue pacífica y no se permitió el desplazamiento de las autoridades de MontevideoGas, tiene otro significado. El gobierno necesariamente debe resolver un aspecto pendiente en la negociación con UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa: un mecanismo de prevención de conflictos particular para la empresa. Ese blindaje laboral es uno de los principales aspectos que la finlandesa le reclama al Poder Ejecutivo. Pero en medio estalló el control obrero del sindicato del gas y en varios ámbitos hubo idas y venidas.

Quizás una muestra de la importancia que tenía para el gobierno resolver la situación de MontevideoGas se desprende del relato del ministro de Trabajo, Ernesto Murro. La cartera ya no tenía competencia para dirimir el conflicto porque la situación había pasado a la órbita judicial. Pero igual decidió formar parte del problema.

“El juzgado abrió a las 12.30 y 12.45 me presenté”, dijo en rueda de prensa. Allí se reunió con el juez civil Hugo Rundie,- quien este miércoles había hecho lugar al recurso de amparo y había decretado la ilegitimidad del control obrero de la planta- para intercambiar sobre el tema. “Señalé con una nota que estaba a la orden para lo que pudiera corresponder porque estábamos ante una situación nueva en el país; el juez me dijo que me contestaba en unos minutos”, informó.

“Recibí la respuesta a las 13.35; el juez me pidió si la podía llevar a los otros ministerios (Interior e Industria). Personalmente le llevé al ministro del Interior (Eduardo Bonomi) la resolución judicial y se la hice llegar al ministro de Industria  (Guillermo Moncecchi)”, contó. “Actuamos de acuerdo a derecho respetando y dándole prioridad a la sentencia judicial; es la primera vez que como ministro concurro a un juzgado y la segunda vez en 27 años. Dada la situación decidí concurrir personalmente”, resumió.

Más allá del periplo de Murro por sede judicial y ministerios la resolución de Rundie sonó vaga.  

El letrado ordenó informar en forma urgente a los ministerios de Industria, Interior y Trabajo “a los efectos de que se sirvan —de considerar oportuno— tomar las medidas pertinentes para el efectivo cumplimiento de lo resuelto por esta sede”.  

Fuentes jurídicas consultadas por El Observador indicaron que Rundie se remitió a aplicar lo que marca el decreto 165 de 2006 sobre ocupaciones cuando se procede a desalojar  una empresa tomada. Pero, añadieron, que tenía la potestad de ordenar directamente la salida de los trabajadores de la empresa, ya que se estaba ante un caso de desacato por el incumplimiento de una sentencia definitiva.

El dictamen había sido claro. Prohibía a la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) a partir de la fecha y en el futuro a obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas, debiéndose abstenerse especialmente de asumir el giro de la empresa, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero.

Sin embargo, el sindicato no acató el fallo y realizó la ocupación y control obrero desde la mañana.

A las 15.30 llegó al lugar el diputado del PVP —y ex dirigente del sindicato del gas— Luis Puig para intentar una mediación que destrabara el conflicto. Media hora más tarde lo hizo el extupamaro Jorge Zabalza que aprovechó la oportunidad para fustigar al Poder Judicial. “Yo no respeto lo que dice la Justicia, no puedo respetar que no procese a (José) Gavazzo, que no investigue el caso de (Roberto) Gomensoro, no puedo respetar eso”, expuso. Agregó que la decisión judicial de prohibir el control obrero no era justa. “Yo tengo un sentido de justicia y si el Poder Judicial no coincide no lo respeto”, afirmó.  

A las 16.20 efectivos policiales se ubicaron cerca de la planta de MontevideoGas. Luego de las 17.30 ingresaron a la distribuidora  y dialogaron con Puig, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y los dirigentes de la Uoeagas.

“La policía no puede hacer uso de la fuerza para el desalojo, invitamos a los ocupantes a desalojar pacíficamente; tengan en cuenta nuestra máxima voluntad para una resolución pacífica del conflicto”, dijo uno de los oficiales. Luego de eso, los trabajadores realizaron una asamblea y reclamaron que la policía entregara por escrito la orden de desalojo.

A las 18.15 Abdala comunicó al personal policial que los empleados iban a desocupar la planta. “Acá los malos de la película no son los trabajadores. Es la patronal y su intransigencia, pero en función de cómo ha sido planteada la resolución ministerial y todas las cosas, los trabajadores se van a retirar pacíficamente”, expresó.

Tras la desocupación, el dirigente de la Uaoegas Alejandro Acosta anunció que la asamblea había resuelto que tres trabajadores realicen desde este lunes una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria. A su vez, el mismo día efectuarán un paro general de 24 horas.

El diferendo entre el sindicato y MontevideoGas (propiedad de Petrobras) continuará. La compañía ya anunció su intención de reducir la plantilla laboral y despedir a 27 funcionarios. Es de esperar que los diálogos sobre este tema vuelvan a la órbita del Ministerio de Trabajo. En paralelo, los trabajadores le exigen a la cartera de Industria que defienda el servicio de la distribución de gas por cañería. Esa discusión lleva mucho tiempo. Pero este jueves el voltaje subió y dejó de ser un cortocircuito laboral. Intervino la Justicia, Murro llevó y trajo escritos y fue un día largo para el gobierno.

(Producción: Agustín Herrero)

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