Un juzgado sudafricano prohibió la exploración sísmica en el mar a la empresa Shell

Natural Justice, una organización que nuclea abogados y expertos en la defensa del medio ambiente expresó en su cuenta de Twitter que "la decisión (de la Corte) afirma el valor de la naturaleza, y protege a nuestras comunidades y sus recursos por futuras generaciones".

El conflicto con Shell comenzó en octubre de 2021 cuando la empresa anunció su intención de comenzar exploraciones sísmicas en el mar de Wild Coast a partir de diciembre de ese año. Las actividades consistirían en la realización de explosiones con cañones de aire en 6.000 kilómetros cuadrados cada 10 segundos durante un periodo de seis meses.

En diciembre, el Centro de Recursos Legales y el estudio de abogados Richard Spoor interpusieron un recurso en nombre de las comunidades Amadiba, Cwebe, Hobeni, Port Saint Johs y Keith Mouth.

En la primera parte de la presentación legal se solicitaba la interdicción inmediata de la exploración sísmica, lo que fue concedido por la Suprema Corte de Grahamstown el 28 de diciembre.

En su segundo apartado, el recurso iniciaba una demanda con argumentando que Shell no tenía la autorización necesaria de acuerdo con la ley nacional de manejo del Medio Ambiente (NEMA), que no había efectuado la necesaria consulta a las comunidades y partes interesadas y que la realización de la exploración sísmica violaría derechos constitucionales.

La demanda incluye la solicitud de revisión del permiso oportunamente otorgado a Shell por el Departamento de recursos minerales y energía (DMRE) en abril de 2014, renovado en 2017 y nuevamente en 2021.

El recurso fue apoyado por Greenpeace África y Natural Justice que se sumaron a las acciones como demandantes.

Las audiencias ante la Corte se realizaron en mayo y en las mismas, los demandantes argumentaron, sobre la falta de consulta a las comunidades, que Shell había hecho pública su intención de iniciar las operaciones de exploración por medios de anuncios en periódicos en inglés y afrikaans que no llegaban a comunidades como la Dwesa-Cwebe, Xolobeni y Pondoland y no eran comprendidos debido a la barrera idiomática por otras Xhosa parlantes.

La Corte consideró que si la empresa hubiera querido realmente llegar con su mensaje a las comunidades hubiera intentado acudir a otros medios para superar la barrera del idioma.

También desechó el argumento de la parte demandada acerca de que la información había estado disponible online en Internet porque gran parte de la población de esa región no tiene acceso a computadores o medios similares para acceder a Internet.

La Corte desestimó también la argumentación acerca de la "creación de empleo y mejoras económicas" que acarrearía la actividad de exploración por no detallar cómo y a través de que mecanismos concretos se darían esas mejoras.

Fue desechada también la afirmación de que las exploraciones sísmicas no tenían relación con el cambio climático y la afectación del acceso a la alimentación y el sustento de las comunidades, haciendo notar que la empresa no había considerado en absoluto mediante una evaluación adecuada, la posibilidad del daño a los recursos naturales e incluso a las creencias y prácticas religiosas y culturales de las comunidades.

En su conclusión, la Corte destacó que "resulta claramente demostrable que las decisiones (de la empresa) no fueron precedidas por un procedimiento justo y omitieron considerar cuestiones relevantes para tener en cuenta y cumplir con lo prescripto por la ley".

En consecuencia, se dejó sin efecto la autorización concedida en 2014  y las subsiguientes renovaciones hasta 2021.

Nonhle Mbuthuma, miembro del comité de crisis de Amadiba, una de las comunidades demandantes, celebró el veredicto y afirmó que "esta victoria no es solamente una victoria de las comunidades de Wild Coast para hacer escuchar sus voces. Es una victoria contra el extractivismo capitalista y la destrucción de nuestro futuro. Se trata de la protección de nuestro planeta y de toda la humanidad".