Un respaldo importante

El Fondo Solidario Covid-19, que se creó para atender a la población durante la emergencia sanitaria, reforzar los servicios de salud pública y de organismos intervinientes, y asegurar las prestaciones sociales del Banco de Previsión Social, se financiará con un impuesto de una escala de 5% a 20% a las remuneraciones nominales de los funcionarios públicos mayores a $ 120.000 nominales; y de 20% en los cargos políticos, desde el presidente de la República, ministros, intendentes, legisladores y hasta los puestos de particular confianza.  A ello se suman las utilidades generadas por el Banco de la República y la Corporación Nacional para el Desarrollo y créditos de organismos multilaterales, entre otros recursos.

En perspectiva, las picardías partidarias durante los debates se convertirán en una anécdota menor ante una responsable conducta política, en un momento que sería muy perjudicial poner palos en la rueda a un gobierno que enfrenta una coyuntura de extrema fragilidad. Hasta las voces parlamentarias más críticas con el oficialismo, apoyaron el proyecto de ley.

Y no menos importante es que la ley aprobada se enmarca en las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar que la economía tenga una mejor fortaleza en el período de la recuperación. 

Una de ellas es que la mayor intervención del Estado para capear una crisis profunda solo se justifica “mientras persistan circunstancias excepcionales”, y sea establecida de manera “transparente y con claras cláusulas de expiración”, escriben esta semana cuatro altos funcionarios del organismo en el blog institucional.

Y eso está muy claro en la ley en camino a la promulgación que establece una vigencia de dos meses (abril y mayo), con la posibilidad de extenderla por otros dos meses en función de la evolución de la emergencia sanitaria, a lo que se agrega la exigencia de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo.

Los expertos del FMI creen que la política económica en estas difíciles circunstancias debería distinguir dos fases. La fase 1, en la que se desarrolla la propia guerra, en la que la epidemia está en su apogeo –estiman en al menos uno o dos trimestres–, y donde las medidas de distanciamiento social u otras restricciones de movimiento, afectan “severamente” la actividad económica. Es el período en que el Estado necesita garantizar el funcionamiento de sectores esenciales; proporcionar recursos a las personas afectadas por la crisis; y evitar que se corte lo menos posible la red interconectada de la economía (trabajadores, empresas, proveedores, consumidores, bancos).

De la calidad de las políticas de la fase 1, dependerá el ritmo de  recuperación de la economía que corresponde a la fase 2. 

En ese sentido, las acciones del gobierno de Luis Lacalle Pou  tienen la dirección correcta para intentar que la economía se recupere lo antes posible. Y muy importante es el fuerte apoyo político al camino emprendido