El ministro Guzmán logró el objetivo de evitar una turbulencia cambiaria. Pero los remedios aplicados se pagaron en reservas, riesgo país y represión a las importaciones
Contra todos los pronósticos, que marcaban una crisis cambiaria en el verano, el gobierno argentino logró atravesar la época del año más complicada (en la que sobran más pesos y faltan más dólares) y mantuvo la calma.
No solamente evitó una devaluación del dólar oficial, al que volvió a “planchar” sino que, sobre todo, logró desinflar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo, uno de los indicadores más seguidos por todo el mercado. Ese indicador había llegado a su momento crítico hacia agosto del año pasado, cuando el “blue” rondó los 200 pesos argentinos y parecía que un salto devaluatorio era inevitable.
Pero el ministro de Economía Martín Guzmán, con un poco de cintura política, un poco de represión financiera y otro poco de suerte, pudo sortear la situación.
La parte de la habilidad política vino por la estrategia de vender bonos en dólares, en una operación de triangulación que desinfló los precios en el mercado paralelo.
Consiste en dos etapas, primero los organismos del Estado venden bonos en pesos, con lo cual retiran un excedente de liquidez del mercado. Ese bono pierde valor, tanto en pesos como en dólares, con lo cual sube la brecha cambiaria.
Pero para que la operatoria tenga atractivo para el inversor, se le ofrece la posibilidad de revender el bono, a cambio de dólares, que salen de las reservas del Central. En teoría, esto tendría que hacer subir el valor del bono y así disminuye la distancia entre el dólar oficial y el paralelo.
Claro que esto tiene un costo para el Central. Es por eso que no recompra la totalidad de los bonos sino apenas una parte. Y los bonos “excedentes” que circulan en el mercado caen de precio.
Esto es lo que explica un fenómeno extraño que ocurre por estos días. A pesar de que la brecha cambiaria llegó a niveles mínimos, el riesgo país se disparó a niveles récord, por encima de 1.500 puntos.
Se trata de una estrategia arriesgada y costosa, a la que los economistas han criticado con dureza.
El exministro Hernán Lacunza lo puso en términos claros. “La brecha (entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo) se contiene con el mercado de bonos. Eso es sacrificio de reservas, unos US$ 700 millones en lo que va del año. Eso es una medida de emergencia, no una política cambiaria”.
Y tuvo, como efecto colateral, el desplome de los bonos, que hoy cotizan a alrededor de 30% del valor nominal, es decir precios de un país a punto de caer en default.
Parece una situación insólita para un país que hace apenas un semestre refinanció casi la totalidad de su deuda con los acreedores privados. Sin embargo, los informes de los principales bancos de inversión de Wall Street están indicando que probablemente haya que ir pensando en una nueva refinanciación –con recorte de capital incluido– para dentro de dos años.
Pero si algo hay que reconocerle al ministro Martín Guzmán es que le encomendaron que no hubiera turbulencia cambiaria veraniega, y lo logró. Claro que para ello también hubo que echar mano a medidas poco simpáticas.
Por ejemplo, para que el dólar esté tranquilo hay que llevar a su mínima expresión las vías de salida de divisas. En este caso, el Banco Central anunció que muchas compañías que habían tomado crédito dolarizado tendrían que refinanciar 60% de sus deudas. Lo cual generó la previsible reacción enojada de los empresarios, que deberán buscar la forma de no caer en default.
Para el Central, esto implica un oxígeno importante: se evita una demanda de dólares por parte del sector privado que podría llegar hasta US$ 4.000 millones, una cifra más que significativa, en la medida en que se siga demorando un acuerdo con el FMI.
Pero ya se están escuchando advertencias sobre las consecuencias por el lado de la inversión.
Y no fue la única salida de dólares que se reprimió, porque también se está regresando a los viejos esquemas de permisos para las importaciones.
El gobierno de Alberto Fernández se fijó como objetivo el logro de un superávit comercial de US$ 15.000 millones, algo difícil de conseguir si se quiere que, al mismo tiempo, la economía crezca por encima del 6%. Hay un consenso entre los economistas argentinos en el sentido de que, por cada punto del PIB que crece la economía, las importaciones deben subir tres.
Pero claro, hay una limitación: si se otorga a los importadores todos los dólares que piden, se deterioran las reservas del Banco Central, y además no pueden usarse esas divisas que se gastan en la operación de compra y reventa de bonos.
En consecuencia, se volvió al esquema en el cual los empresarios deben presentar un plan de inversiones del año y, con un criterio discrecional, mes a mes, los funcionarios les comunican qué cantidad de importaciones tienen autorizadas.
El tema generó malhumor entre los empresarios, al punto que se está produciendo una ola de medidas cautelares para que los jueces liberen importaciones. Es por eso que una eventual “judicialización” del comercio exterior se ha transformado en una de las principales preocupaciones.