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/ Nacional / LA VIDA DESPUÉS DEL TIRO

Una ayuda para soportar la cicatriz

Víctimas de delitos violentos tramitan pensiones y cuentan historias de olvidos

20 de enero de 2013 21:12 hs

Por  Nicolás Delgado

Francisco González aprendió a vivir con esquirlas de huesos en su nuca. Sentado en el primer piso del edificio central del Banco de Previsión Social (BPS), muestra las dos cicatrices de su cuello: la marca que dejó la bala cuando entró y la que dejó al salir. Fue en la noche del 24 de setiembre de 2006. “De buenas a primeras, me volví un paria; dependo de mi familia”, se lamenta, minutos después de asesorarse sobre el trámite para obtener la pensión a las víctimas de delitos violentos, que entró en vigencia el miércoles pasado.

A la hora 21 de aquella noche de setiembre caminaba por la esquina de Durazno y Yi cuando un muchacho le pidió fuego. Francisco sacó del bolsillo un zippo labrado que le habían regalado sus hijos para el cumpleaños y se le dio. “Veterano, qué lindo para quedármelo”, le comentó el joven. “No, para quedártelo no porque es un regalo y no te lo voy a dar”, le respondió. El forcejeo por el zippo comenzó al instante. Llegó entonces uno de los botijas que mangueaba en el barrio, de los que se pasaban la noche frente a una boca de pasta base que había en la esquina de Yi y Gonzalo Ramírez. “Matalo al viejo de mierda este”, batió sin vueltas. Y el que le había pedido fuego sacó un arma. “A lo único que atino es a pegarle con la mano en el revólver cuando siento que hace ‘clic clic’ el martillo, que me iba a pegar un tiro en la sien. No sentí ni el estampido del revólver, no me dio ni para eso.Se me apagaron las luces y caí al piso”.

Le robaron el dinero que llevaba en el bolsillo del pantalón y un reloj de lujo. “Me lleva Radio Patrulla al Maciel, del Maciel me llevan a traumatología y de ahí, a los dos días, me mandaron a casa con un collarín que incluso me lo pusieron al revés. Si andaré bien”, bromea.

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Francisco sufrió fractura de la primera, la segunda y la tercera cervical. En la nuca conserva las esquirlas. Estuvo siete meses en cama y algunos más sin salir de su casa. Cuando se recuperó, intentó volver a trabajar de pulidor de pisos, el oficio que forjó desde joven, pero no pudo. “Si me agacho y me paro de golpe, me desmayo; si levanto los brazos y miro para arriba, me desmayo”, expresa, sin rabia, pero con la angustia clavada en la voz.

Yo era coleccionista de zippos, tenía la colección completa con las caras de los presidentes de Estados Unidos. Los terminé vendiendo para comer”, recuerda Francisco. También tuvo que vender la pulidora. “Valía US$ 3.000 y la vendí a $ 2.000”. La misma suerte corrieron los muebles. “Hasta que no tuve con qué pagar el alquiler y me fui con mi esposa y mis hijos a vivir a la casa de mis padres”.

La situación ahí no mejoró. Sufrió un infarto y diabetes. “Si andaré bien”, repite.

En ese tiempo no recibió ningún apoyo estatal. “Ni siquiera encontraron al que me pegó el tiro”, comenta.

En la mañana de este jueves lo llamó un tío para avisarle que en el BPS empezaban a otorgar pensiones a las víctimas de delitos violentos y de inmediato se presentó en el local de Fernández Crespo y Colonia para tramitarla, cargando, además de las cicatrices, bastante escepticismo. “Está todo bárbaro si no es como le pasó a mi hijo, el que es sordo, el de 22 años, que por un tecnicismo le negaron la pensión, que son $ 5.000”. BPS le negó la pensión porque se otorga hasta los 21 años, pero Francisco advierte que el organismo no tuvo en cuenta que su señora, que trabaja en un laboratorio y cobra $ 20 mil al mes, mantiene a dos personas con diferentes incapacidades.

A pesar de su desconfianza, reconoce que la atención en BPS fue rápida y adecuada. Esta semana deberá regresar con el certificado médico y la partida policial.

La ley 19.039 establece que el derecho a la pensión se genera cuando, a causa de una rapiña, copamiento o secuestro (dentro del territorio nacional) se produjera un homicidio o una persona resultase incapacitada para ejercer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga residencia en el país. El monto de la pensión equivale a seis bases de prestaciones y contribuciones, en total, unos $ 14.500.

“Es lo que hacía trabajando en una semana”, retruca Francisco.

“Me tuve que deshacer del hogar en el que vivía, de mis herramientas de trabajo, de mi forma de vida y eso no me lo va a devolver nadie. Fue la debacle. Todo por un pelotudo que me pegó un tiro”, dice, resignado. Mientras se revuelca en el lodo, se hace un momento para encontrar la razón por la que se mantiene firme: “Mi mujer es de fierro. Llevamos 28 años de casados y salió a pelearla”.

La pareja de Olga Mendoza también recibió un balazo, pero no sobrevivió. Dejó un hijo de 10 años y a Olga, que el jueves llegó al BPS para tramitar la pensión para su hijo. Carlos Chagas era un vendedor ambulante de golosinas al que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle dinero. “Es bravo, no se olvida más”, cuenta Olga, que se ata como puede el nudo de la garganta.

Su hijo, que está por cumplir la mayoría de edad, estuvo durante tres años en terapia psicológica. “Pasan los años y es bravo”, dice secándose las lágrimas.

Dos funcionarios de BPS cuentan que los primeros días recibieron en promedio 20 consultas por este motivo. “La mayoría están en tratamiento psicológico o psiquiátrico”, asegura una de lastrabajadoras, que presenta su oficina como un improvisado consultorio psicológico. “Llegan y hacen catarsis”, explica.

Entre el miércoles y el jueves, BPS tramitó 11 pensiones, informó a El Observador Elvira Domínguez, integrante del directorio de BPS en representación del sector empresarial. El resto de los que consultaron, llegó como Francisco, sin los documentos necesarios para iniciar el trámite y recibió número para esta semana.

Los funcionarios y Domínguez advierten que hasta que la ley no se reglamente no podrán efectivizar las pensiones. De todas maneras, BPS pagará con retroactividad, desde el día que comenzaron el trámite, a los que las obtengan.

Algunos de los que consultan “están de vivos”, porque plantean que están incapacitados, pero nunca realizaron la denuncia policial de lo sucedido. “Vienen a ver si sacan algo”, comenta uno de los funcionarios.

Pero la mayoría –destaca– pertenece a ese otro grupo que apareció en la televisión un día, se hundió en el olvido estatal al siguiente y sigue aprendiendo a convivir con la cicatriz.

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