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Una controversia inconducente
En los últimos días, referentes de primera línea del gobierno entrante y saliente se han enfrascado en una controversia que es inconducente en relación al reto que enfrenta el país para encarar un conjunto de reformas económicas cuyo éxito depende del grado de acuerdo del sistema político.
Es comprensible la ansiedad de las futuras autoridades con un pie en el poder, así como también el recelo del Poder Ejecutivo actual que pertenece a un partido político que en algo más de dos semanas completará 15 años de ejercicio en el gobierno nacional.
Pero ambas partes deberían ser muy cuidadosas en evitar actitudes de animosidad que terminan alimentando la confrontación y tienen el potencial de estropear el ambiente favorable a los cambios del país.
Desde el retorno a la democracia hasta el presente, cada cinco años, en los momentos de relevo de presidentes, ha sido moneda corriente –en voz alta o en voz baja– las palabras de reproches por el legado económico que deja una administración al final de su mandato.
Todos hemos escuchado alguna referencia a la llamada “herencia maldita” de una gestión a otra, sobre todo en datos económicos duros de déficit fiscal, tasa de inflación y evolución del PIB. Ha sido una constante, aunque se haya tratado de mandatarios que pertenezcan al mismo partido político.
Pero hoy tenemos un sistema político más polarizado y fragmentado que obliga a ser más cuidadosos con las formas.
Tan cierto como que el próximo gobierno de coalición tiene una clara mayoría parlamentaria, es que el país está dividido en dos mitades y que sería conveniente que el Frente Amplio, que será una oposición robusta, se sume a algunos acuerdos y con quien siempre exista un diálogo razonable.
Los proyectos de ley pueden tener las mayorías requeridas para su aprobación, pero sabemos de sobra que una oposición movilizada puede poner palos en la rueda que obliga a dedicar un esfuerzo desmedido que termina siendo desgastante. El referéndum contra la ley de empresas públicas, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, es solo un ejemplo de muchos y que muestra que con la falta de entendimientos pierde el conjunto del país.
Como escribió en estos días el economista Javier de Haedo los datos macroeconómicos oficiales dejan ver claramente dónde están los problemas de la economía.
También los informes de organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional o los análisis de las calificadoras de crédito permiten saber que Uruguay tiene una fuerte debilidad fiscal que es necesario resolver para evitar daños mayores, encarando una reforma del Estado tendente a una baja estructural del gasto público. Que el índice de inflación está hace tiempo por encima del rango meta oficial.
Sabemos de sobra acerca de los problemas de competitividad por el problema fiscal –tarifas públicas muy caras-, regulaciones que entorpecen el funcionamiento eficiente del mercado y la mala calidad de la educación. Todos somos conscientes de los mediocres indicadores de trabajo que urgen resolver.
Es necesario un debate sobre la economía, pero más razonable. Los datos macroeconómicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística o el Banco Central no falsean la realidad y el gobierno no puede ocultar la cruda verdad que muestran los números.
