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Una jueza civil fue arrestada junto a los miembros de la banda alemana de extrema derecha Reichsbürger
La jueza Birgit Malsack-Winkeman estaba entre los 25 sospechosos del grupo Reichsbürger, arrestados en una redada matutina de la semana pasada. La acusación es por intentar el derrocamiento del gobierno a través de un golpe de estado dado por la extrema derecha.
La magistrada fue miembro del Parlamento Federal, el Bundestag, por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y, supuestamente, habría sido designada como ministra de justicia si el golpe de estado hubiera sido ejecutado.
Durante su tiempo como legisladora, se pronunció en contra de la inmigración y calificó a los refugiados como "migrantes que importan enfermedades" en sus discursos en el Bundestag. Luego de no ser reelecta en 2021, Malsack-Winkemann regresó a su puesto como jueza civil en la Cámara responsable de asuntos de construcción en Berlín.
En su momento, la ministra de Justicia del gobierno de la ciudad de Berlín, Lena Kreck (del Partido de Izquierda), quiso obligarla a retirarse por sus declaraciones misóginas sobre los refugiados, pero el tribunal administrativo superior falló a favor de la jueza y encontró que si bien algunas de sus declaraciones hechas en el parlamento pueden haber sido extremas e incendiarias, sus declaraciones en las redes sociales, no mostraron "en cantidad o calidad" que la exdiputada de 50 años estuviera afectada por un sesgo político que la incapacitara para trabajar en el Poder Judicial.
"No es tan fácil someter a un juez a medidas disciplinarias o incluso sacarlo del servicio. El propósito de esto es garantizar que el gobierno o la política, en general, no influyan en el poder judicial", le dijo a DW la profesora de Derecho Marion Albers, de la Universidad de Hamburgo.
Pero la jueza Malsack-Winkemann no es el primer miembro del poder judicial cuyas inclinaciones de extrema derecha parecen haber chocado con su trabajo en el sistema judicial alemán. Thomas Seitz, legislador de AfD y portavoz parlamentario de su partido para asuntos legales, es un exfiscal del estado suroccidental de Baden-Württemberg.
En su cuenta de Facebook, Seitz publicó declaraciones racistas por las que su estado natal lo destituyó del servicio judicial con el argumento de que sus comentarios daban motivos para dudar de su lealtad a la Constitución. Un tribunal siguió el razonamiento del Ministerio de Justicia de que los términos e imágenes que Seitz había utilizado violaban el deber de moderación política, neutralidad, imparcialidad y lealtad a la Constitución que es obligatorio para los funcionarios públicos.
A principios de este mes, Jens Maier, un juez del estado oriental de Sajonia que se unió al partido AfD en 2013 y pertenece al ala de extrema derecha de la agrupación, fue obligado a jubilarse anticipadamente. Al igual que Malsack-Winkemann, él también fue diputado en el Bundestag entre 2017 y 2021, y quería volver a trabajar como juez tras perder su escaño.
El fallo para impulsar su retiro anticipado se basó en una serie de discursos que había dado en mítines antes de convertirse en diputado, así como en publicaciones en las redes sociales que arrojan dudas sobre su neutralidad.
Maier llamó al Holocausto y la dictadura nazi "un culto a la culpa" y expresó su aprecio por las políticas del partido nazi. En Twitter, escribió que, si los sospechosos que arresta la policía “les tienen miedo a los jueces de AfD”, entonces "hemos hecho todo bien". La inteligencia interna de Sajonia tiene a Maier en una lista de extremistas.
La libertad de expresión y la libertad de opinión están consagradas en la Constitución de posguerra de Alemania, la Ley Básica. Al igual que cualquier otro ciudadano, los jueces tienen libertad de opinión, pueden ser miembros de un partido, pueden hacer declaraciones políticas públicamente, siempre que no impliquen que el declarante no suscribe los valores y creencias básicos consagrados en la Constitución.
El experto en Justicia Andreas Fischer-Lescano, de la Universidad de Kassel, le dijo a DW que "desde mi punto de vista, casos como el de Birgit Malsack-Winkemann y Jens Maier son solo la punta del iceberg". Y agregó que “el problema de los extremistas de derecha en el servicio público no se aplica solo a la policía y el ejército, sino que afecta a todas las áreas, incluidos los maestros y los jueces".
Debido al sistema federal de Alemania, los procedimientos para contratar, verificar y despedir miembros del Poder Judicial varían de un estado a otro. Desde 2016, por ejemplo, el estado sureño de Bavaria ha estado seleccionando candidatos para el Poder Judicial. El estado de Brandeburgo ahora también quiere verificar a todos los solicitantes de todas las profesiones de la administración pública, incluidos los maestros o los jueces, para ver si han participado en protestas anticonstitucionales, si han exhibido símbolos anticonstitucionales o incitado al odio, o si han cometido actos violentos contra las autoridades estatales.
En 1950, el primer canciller del gobierno de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, emitió un decreto que ordenaba que los opositores al "orden básico democrático libre" fueran despedidos del servicio civil. El llamado decreto Adenauer estaba dirigido principalmente contra las organizaciones comunistas y de izquierda y reflejaba las purgas anticomunistas radicales de la era McCarthy en los Estados Unidos.
En 1972, en la época del movimiento terrorista de extrema izquierda RAF en Alemania, el gobierno de Willy Brandt introdujo el "Radikalenenlass" (decreto antirradical). Este ordenaba verificar la lealtad de los funcionarios públicos y los solicitantes y empleados del servicio civil a la constitución.
Unos 3,5 millones de funcionarios y solicitantes fueron controlados hasta que el decreto fue derogado en la década de 1980 por ser excesivo y desproporcionado. Alrededor de 1.250 maestros, empleados de correos o maquinistas no fueron contratados y 260 fueron despedidos. La mayoría de ellos por activismo de extrema izquierda.
“Todos los que ingresaban al servicio público estaban bajo una sospecha general de extremismo, con el mismo efecto en la extrema izquierda y la extrema derecha”, recordó Fischer-Lescano y rechaza las sugerencias de nuevas verificaciones de gran alcance o restricciones a la libertad de expresión.
La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ha propuesto simplificar el procedimiento para destituir a un juez de su cargo. Fischer-Lescano está de acuerdo: "Esto no significaría abolir los recursos legales, sino simplemente acelerar el proceso".
El profesor de Derecho Albers también ve otro problema con la selección de candidatos para el servicio civil: "A menudo puede haber una gran brecha entre el momento en que se contrata a las personas y cuando surgen los problemas".
"La gente suele ser contratada cuando tiene alrededor de 30 años. Pero si nos fijamos en Maier y Malsack-Winkemann, recién a finales de sus 50 y principios de sus 60 años resultaron ser derechistas radicales. Entonces, si se radicalizan mientras ocupan el cargo, tienes que preguntarte: ¿son realmente los criterios de contratación los que deben cambiarse?”
El Poder Judicial de Alemania tiene un historial de conexiones problemáticas con la extrema derecha. Antiguos miembros del partido nazi de alto rango mantuvieron posiciones de poder en la magistratura de la Alemania Occidental de la posguerra.
Un informe del gobierno publicado en 2016 reveló que más de la mitad de los líderes del primer ministerio de Justicia de Alemania Occidental de la posguerra eran ex miembros del partido Nacional Socialista (NSDAP), incluidas docenas de exmiembros paramilitares de las Escuadras de asalto (SA), la fuerza de choque del NSDAP.
Ahora, más de siete décadas desde la fundación de la antigua Alemania Occidental, las redadas contra extremistas de extrema derecha, sospechosos de conspirar para derrocar al gobierno alemán, han generado nuevamente preguntas sobre los extremistas de extrema derecha en el seno del Poder Judicial de la Alemania moderna.
