La divulgación la semana pasada de las actas de un Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores de 2006, que investigaba al coronel retirado Gilberto Vázquez, y las repercusiones públicas del caso son una prueba más de los defectos de la transición en Uruguay y de una herida que infructuosamente está abierta desde hace 35 años.
Camilo dos Santos
5 de septiembre 2020 - 5:02hs
La forma y el fondo de las declaraciones de Vázquez, que surgen de los documentos oficiales –y no solo lo que públicamente llamó más la atención– son reveladoras de acciones despiadadas de una dictadura militar (1973-1985) que hace imposible reconocer el humanismo característico del país, incluso con el argumento falaz de un estado de guerra interno.
A la misma vez, de las palabras del indagado se puede entrever una lamentable negociación política tras bambalinas durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez para intentar enjuiciar a algunos de los responsables de los crímenes más atroces ocurridos durante el régimen de facto.
No menos asombrosas han sido las excusas de miembros del Poder Ejecutivo del presidente Vázquez, y de dirigentes del Frente Amplio, para justificar que los ministros de Defensa de la época y el propio mandatario homologaran documentos que contienen confesiones de graves crímenes que violan las normativas de derechos humanos sin remitirlos a la Justicia, como exige la ley.
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Es muy preocupante que el expresidente no haya realizado una lectura juiciosa de la documentación, como se informó. Y es llamativo, además, por toda la prédica de los dirigentes frenteamplistas en torno al tema y las críticas que hacen hasta hoy a líderes de los partidos tradicionales, a quienes acusan de amparar la “impunidad” de los torturadores.
Si no fuera que se trata de un hecho muy doloroso, las repercusiones del caso tendrían los condimentos de una comedia grotesca que refleja, una vez más, los defectos de la transición en Uruguay.
Faltó una arquitectura institucional adecuada y por ello, quizás, el tema siempre tuvo la impronta del partido en el poder.
No hubo una justicia transicional que abarcara todos los aspectos que merece una compleja problemática, que pudo haberse proyectado realizar en diferentes momentos desde el retorno a la democracia.
La lógica político partidaria en un asunto delicado como la violación de los derechos humanos nos distanció de los verdaderos propósitos de una justicia transicional.
Se prestó a cambios de dirección –a veces hasta bruscos– en las diferentes administraciones, y al juego político, cuando lo que se requería era un rumbo firme y certero, y sin cortapisas.
Hubo una dinámica viciosa, alejada de la búsqueda de la verdad y la reconciliación, sin una discusión profunda, que se debe actualizar por el paso del tiempo sobre cómo avanzar en democracia desde una salida pactada de la dictadura.
Una sociedad democrática necesita curar bien sus heridas. Pero no existe un método universal de cicatrización, sino que depende de las peculiaridades de cada contexto y exige la definición de prioridades.
Una de ellas es reconocer que existe una tensión entre la justicia y la verdad, lo que requiere de una definición clara para luego instrumentar políticas de Estado que contribuyan a no seguir anclados en un pasado que termina repercutiendo en el futuro.
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