Uruguay, una república bananera con buena reputación

El diario El País publicó en estos días un fallo adverso a la DGI en la que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dijo que la Impositiva actuó de manera "maliciosa", "temeraria", "ilegal" y con "irracionales desvíos". A pesar de la abundancia de adjetivos, se acumulan los casos en los que el Estado avasalla derechos elementales de una manera cada vez más bestial e impúdica.

Aún así, llama la atención que la DGI deba recurrir a estas técnicas, por momentos cuasi mafiosas, cuando la ley le da unas potestades propias de un rey. Por ejemplo, si la DGI considera que alguien evadió o pagó mal sus impuestos, puede tenerlo bajo inspección el tiempo que quiera. Así, sin límites.

El acusado es embargado y durante uno, dos, tres, o los años que la DGI quiera, los abogados del contribuyente no tienen acceso al expediente que permite saber cuál ha sido la infracción. En otros ámbitos jurisdiccionales, como el Penal, esto violaría varios principios que rigen los Derechos Humanos, pero ante la DGI nada de esto tiene importancia. Hay contribuyentes que se enteraron si debían o no recién a los cinco años. Y, lo peor, en esos años estuvieron embargados y, si pudieron, siguieron trabajando para, entre otras cosas, pagarle a la DGI. Un contrasentido por donde se lo mire.

La DGI parece buscar el daño del contribuyente más que la posibilidad de cobrarle.

El Parlamento, que podría ser un contrapeso de otro poder del Estado, ha agravado las cosas. Cuando la DGI pierde un juicio en el TCA (última frontera del Derecho, que le está poniendo coto a la DGI), el fisco recurre al Parlamento y pide que vote una ley para que la próxima vez, ante un caso similar, el TCA no pueda cuestionarlo. Y varias veces logró que el Parlamento convirtiera rápidamente en ilegal lo que antes no lo era.

Gracias a algunos juicios contra empresas o personas poderosas y/o al surgimiento de asuntos que despiertan malestar popular, como los llamados Panamá Papers, la DGI ha contado con el apoyo de voces que se solazan con esas victorias del fisco. Se trata de voces interesadas o incapaces de ver más allá del mero acto de cobrar impuestos, sin advertir que la pérdida de los derechos de uno es la pérdida de los derechos de todos.

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Sólo los contribuyentes poderosos han podido hacerle frente a este creciente y abusivo poder del Estado, y nadie sabrá nunca cuántos bolicheros de medio pelo sucumbieron ante el Leviatán que, con razón o sin ella, les liquidó su fuente de trabajo, cuando no la vida. Abundan los casos de comerciantes que se enfrentaron a la DGI, pero cuando lograron ganar ya estaban lo suficientemente maltrechos como para seguir con el negocio.

Los fallos del TCA, como el que tuvo lugar en estos días, son cada vez más asombrosos en los cuestionamientos que le hacen a la DGI, en algunos casos poniendo en duda las intenciones que tuvo en accionar contra una persona determinada.

"En cualquier momento asistiremos a una persecución política disfrazada de defraudación fiscal", sostuvieron en una publicación los abogados tributaristas Gianni Gutiérrez y Alberto Varela, de los pocos que se han animado a cuestionar públicamente al poderoso organismo. Muchos abogados tributaristas tiemblan antes de hacer un comentario público, porque están convencidos que la DGI toma represalias contra quienes la cuestionan.

A los paraísos fiscales se los suele señalar como repúblicas bananeras que permiten la evasión fiscal. En el otro extremo empezamos a tener estos infiernos fiscales, donde el abrumador poder del Estado se lleva por delante derechos individuales, convirtiendo a los ciudadanos, al decir de Fraser, en súbditos cuando no en esclavos. O sea, una república bananera pero con buena reputación internacional.