Ricardo Peirano

Ricardo Peirano

Vacaciones a la racionalidad

El episodio de los cincuentones es una muestra de cómo ha decaído nuestro debate político, de cómo no se puede razonar civilizadamente
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26 de noviembre de 2017 a las 05:00
No hay duda. Cuando se trata de temas fiscales y además de asuntos en los que entra en juego el sistema previsional mixto con cuentas personales de cada trabajador (las AFAP), muchos actores políticos y sociales dan vacaciones a la racionalidad. Parece que lo único importante fuera horadar el exitoso sistema previsional implantado en nuestro país en 1996, que evitó la quiebra del viejo sistema de reparto y, sobre todo, puso fuera del alcance del gobierno de turno los fondos de cada trabajador. O tal vez, hacer algo para ganar alrededor de 50 mil votos de los llamados cincuentones, gente que podría ser autorizada por ley a "volver" al BPS para no ser perjudicada en su jubilación, ya que en la reforma previsional no se estableció que el BPS vertiera a las AFAP los aportes realizados por estas personas antes de la reforma.

Sea como sea, hay un problema que quizá afecte a un grupo de personas –depende de cómo evolucionen sus salarios en los próximos años– que podrían retirarse con mayor jubilación si volvieran al BPS junto con los fondos acumulados y la rentabilidad obtenida por las administradoras de fondos de pensiones, ya que los fondos previsionales se componen en 1/3 por aportes realizados y en 2/3 por la ganancia obtenida en la administración de esos fondos. Pero ese retorno no es gratuito: aun con el retorno del fondo previsional de cada trabajador que opte por este camino, habrá un costo extra para el BPS.

Sobre el costo hay varias bibliotecas: una, patrocinada por sectores sindicales y anti AFAP, que no le concede importancia porque su objetivo es dañar a las AFAP o desestimularlas a seguir trabajando en el mercado uruguayo; otra, patrocinada por sectores del gobierno con una visión parecida aunque no igual a la anterior, que establece un costo relativamente pequeño de US$ 1.500 millones en 40 años y una tercera, apoyada por el Ministerio de Economía y reputados economistas de todos los partidos que, haciendo bien los cálculos, los sitúan en el entorno de los US$ 4.000 millones.

Pero a quienes dieron vacaciones a la racionalidad, los argumentos de quienes se preocupan por hacer bien los cálculos y por su impacto fiscal, carecen de sentido. No importa el costo final, no importa que haya soluciones alternativas que no implique el trasiego al BPS de trabajadores y sus respectivos fondos. Con ellos es imposible un diálogo asentado sobre las bases de la lógica. No se trata de tener razones o de tener razón. Lo único que importa es imponer su punto de vista al adversario.

Ese es un modo de pensar y de actuar que no solo prospera en nuestro país sino que lamentablemente se está expandiendo en otros países y que contamina por completo el debate político. Ya no predomina la fuerza de la razón sino la razón de la fuerza.

Y no es que la discrepancia sea mala para las democracias. Al contrario, es sumamente positiva para una sociedad plural cuando la discrepancia no acaba en la intolerancia, cuando quien disiente no es un enemigo sino un adversario, cuando se usa la lógica como forma de razonar, pensar y conversar. Es el principio de la civilización. Es cuando dos hombres dejaron de lado sus respectivos garrotes y se sentaron junto al fuego a resolver sus discrepancias y construir puentes con el aporte de visiones diversas y aun opuestas.

El episodio de los cincuentones es una muestra de cómo ha decaído nuestro debate político, de cómo no se puede razonar civilizadamente, de cómo pretender el uso de la lógica es una utopía. Incluso es una muestra de cómo el propio partido de gobierno ha establecido un curioso mecanismo para resolver sus discrepancias por la fuerza de la mayoría y no por la fuerza de la razón.

En este caso el presidente Vázquez se apresuró a decir: habrá solución para los cincuentones sin mirar bien los costos. Se hizo una ley y recién después se hicieron los cálculos. Y cuando se vio que se había errado feo, no hubo nadie capaz de decir "me equivoqué, volvamos a escribir el proyecto de ley". El prosecretario de Presidencia, Juan Roballo, dijo esta semana que el "Poder Ejecutivo trabaja muy seriamente y cuando remite un proyecto de ley al Parlamento tiene un sustento jurídico bien importante". Ello es cierto, pero ¿será igualmente cierto con su "sustento económico" y en especial cuando se trata de un tema particularmente complejo?

Volviendo a lo anterior: ¿es imposible dejar que la racionalidad entre por las ventanas del Parlamento y el proyecto de ley se analice en profundidad, escuchando las voces de los expertos y cambiando lo que sea necesario si hay soluciones mejores y menos costosas? Si fuera imposible, como parece serlo por las señales de la bancada del Frente Amplio, deberíamos decir adiós al debate parlamentario. Y deberíamos dudar seriamente que haya posibilidades de que nuestro país prospere más allá de ocasionales bonanzas internacionales que, incluso, no sabemos aprovechar bien.

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