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Sectores del FA critican presencia de la Republicana en las cárceles
La decisión del Ministerio del Interior de adjudicar a la Guardia Republicana el control de las cárceles tomó de sorpresa a varios dirigentes del Frente Amplio y volvió a dividir las aguas en el oficialismo respecto al balance de la gestión de Eduardo Bonomi. Mientras que algunos sectores (como Casa Grande, el Partido Socialista y el Ir) alzaron la voz con críticas a la medida, desde el MPP –al que pertenece el ministro– entienden que es "necesaria" para "asegurar" los procesos de rehabilitación en los centros más conflictivos.
Los cuestionamientos cayeron a poco de comunicada la decisión. El viernes pasado, horas después de que Bonomi lo informara en conferencia de prensa, el sector Casa Grande –liderado por la senadora Constanza Moreira– expresó su “profunda preocupación” por “el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder”. La agrupación señaló que “el aumento de la represión pone en riesgo no solamente las personas privadas de libertad”, sino “también funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas”, que “deberían ser ampliamente respaldadas a través de recursos y formación permanente para la prevención de la violencia”.
La declaración estuvo reforzada por un mensaje de su senador suplente Rafael Paternain, quien escribió en su cuenta de Facebook que “apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso”. “La cárcel se nutre de precarios, pulveriza a las personas y habilita una ‘libertad’ para ser ejercida –en incontables casos– en situación de calle. Hay toda una lógica de política pública operando, y sus dramáticas consecuencias están a la vista. Lo menos que podemos esperar, lo mínimo que debemos exigir, es un nuevo gobierno de izquierda dispuesto a replantearse en serio el camino”, expresó el sociólogo, referente del sector en políticas de seguridad y convivencia.
El senador agregó que “ante los resultados endebles de las políticas de prevención policial” se han “introducido varias reformas legislativas para que la cárcel refuerce su lógica incapacitante”, y sostuvo que “los problemas se han hecho más severos, y los intentos por implantar una política seria de reinserción van perdiendo pie”.
Pero el sector de Moreira no es el único que tiene una mirada crítica –o al menos escéptica– de la decisión del ministerio. El precandidato Óscar Andrade también planteó reparos hacia la medida, y dijo que “a priori va en contra de lo votado en el presupuesto pasado, a los efectos de pasar el sistema de cárceles al Ministerio de Educación y Cultura y humanizar las cárceles”.
“Hay un amplio consenso en que no es con personal más fuertemente especializado en reprimir que resolvés el tema carcelario”, dijo el sindicalista en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.
Andrade –cuya candidatura es impulsada, entre otros, por el Partido Comunista, el PVP y la 711– dijo que espera tener "conversaciones" con "gente del Ministerio del Interior" para escuchar los "fundamentos" y "no cobrar al grito", pero que "la primera señal es de preocupación".
Otro sector que no ve con buenos ojos la medida es el Partido Socialista. El tema se analizó este lunes en su Comité Ejecutivo y allí se plantearon varios reparos hacia la medida, según contaron a El Observador participantes del encuentro.
Por su parte, el diputado del Ir Alejandro Zavala, expresó a El Observador que, a juicio de su sector, la decisión del ministerio "es una señal complicada”, porque da a entender que la cárcel “se parece cada vez más a un encierro que a un lugar de rehabilitación”. “No lo vemos con simpatía”, resumió el diputado, y agregó que la “preocupación pasa más por el rumbo que por la medida concreta”. “Las cárceles ya son violentas. Ahora, si vos no te autopercibís como alguien que tiene que dar señales de baja de violencia, es un retruco”, sostuvo.
“Hay que ir por otro camino, más trabajoso, de rehabilitación. Hoy tenés más de un 60% de reincidencia. Si bajásemos a la mitad la reincidencia, ¿cuánto bajaría el delito? No se hace guardándolos más tiempo”, expresó Zavala.
El diputado resaltó que el rumbo indicado es “tener personal especializado para tratar con los presos” y lograr que el Ministerio del Interior “tenga lo menos posible que ver con la gestión de las cárceles”.
La defensa del MPP
Pese a los cuestionamientos internos, en el MPP entienden que la decisión no contraviene los lineamientos del Frente Amplio y que es un paso "necesario" para asegurar el control de algunos centros carcelarios.
El senador Charles Carrera, ex director general del Ministerio del Interior, dijo que el "objetivo" es “garantizar la realización de los procesos rehabilitación en los centros más complicados” y desestimó el argumento de que la medida sea “contradictoria” con otras iniciativas del gobierno. "No es que la Republicana vaya a ocupar los centros, sino que va a acompañar los más complicados. El objetivo es que garantice la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y de todos los privados de libertad”, señaló.
“No entendí mucho las críticas. Hablar de la crisis del sistema penitenciario no es correcto. Hay que reconocer que hay lugares con problemas, como en ciertos módulos del Comcar, pero hay cosas que funcionan muy bien”, afirmó.
Carrera resaltó que fue la gestión de Bonomi la que empezó "a sacar la cárcel de la égida de la policía", a pesar de que la figura de "operadores penitenciarios" había sido creada en 1985. "El que lo puso en práctica fue el Frente Amplio en 2011. Ahora, en las cárceles no pueden desarrollar tareas solo civiles. También hay tareas de seguridad imprescindibles para poder realizar la tarea de rehabilitación", argumentó el senador, y agregó que "no se puede tener una mirada miope del asunto".
El senador del MPP agregó que el pasaje de la Republicana a las cárceles “es un paso para ir a algo más”, y destacó que el horizonte es la instalación de un Sistema Penitenciario Nacional que cree un organismo descentralizado rector de las políticas carcelarias.
El Frente Amplio tiene a estudio actualmente un proyecto enviado por el Ejecutivo en julio de 2018, que transforma el INR en un instituto descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Ese pasaje se concretaría a partir de febrero de 2021, según dice el texto del proyecto. Carrera dijo que el proyecto es "una de las prioridades legislativas para este año", y para eso trabaja una comisión bicameral del oficialismo.
