El Parlamento resolvió mediar en la inusual situación.

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Vecinos contra vecinos y un pago de US$ 10.000 que divide a "buenos y malos"

Varios ministerios, el Parlamento, la intendencia y la Universidad buscan mediar en una crisis que podría terminar con 120 familias en la calle
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02 de noviembre de 2022 a las 05:04

Varios diputados resolvieron mediar para intentar que no pase a mayores un inusual enfrentamiento entre vecinos en el que una parte, nucleada en una cooperativa de viviendas, promovió el desalojo de la otra, que sigue ocupando irregularmente el predio, y que ha derivado en diferencias y agresiones. 

Se trata de la cooperativa Coovimanga y la amenaza de desalojo pende sobre unas 120 familias. Uno de ellos es Daniel Giménez, que el 12 de octubre compareció ante la Comisión de Vivienda de Diputados. Dice haber vivido en el predio desde hace 17 años, cuando le "compró la llave" a un joven que llevaba allí hacía siete años. Por lo tanto, razona, tiene un "derecho posesorio" desde hace 24 años. Reconoce que se entró allí usurpando terrenos. 

"Queremos buscar una solución y pagar una cuota", afirmó. "Una cuota accesible", que Giménez estimó en, quizá, $ 5 mil a un plazo de 40 años siempre que se pueda. Y el que no, agregó, que pague $ 1.000. "Queremos que sea una cooperativa de ayuda mutua, que nos ayudemos entre todos", pidió. "No queremos conflicto". 

El problema es que, para evitar el desalojo, se les exige el pago de US$ 10.000 para así ingresar en la cooperativa. Además de eso, afirman, deberían afrontar una cuota mensual de $ 15.000. "Cuando pregunté por una cuota más accesible, que estuviera a mi alcance, se me rieron en la cara" dijo Lourdes Birriel, sobre la que también pende la amenaza de desalojo. 

La diputada Cecilia Cairo (FA) es una de las principales articuladoras de un acuerdo. Reconoce que entre los vecinos existe un quiebre en relacionamiento difícil de entender. Jamás se esperó, dijo, un problema de esta magnitud.  La alerta de Cairo fue concreta: si estas familias quedan en la calle, "está complicado". 

Entre los posibles desalojados, hay gente con más de dos décadas habitando allí. Hay otros que apenas llevan diez días. "La gente se va asustando y vende", dijo Giménez. "Yo no quiero asustar, pero esto va a tener consecuencias grandes", advirtió. "Yo preferí gastar el cartucho aquí, en el Parlamento, pero hay otros que quieren salir a quemar cubiertas y cerrar calles".

De las 120 familias, 82 son representadas por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Algunas no fueron a firmar porque, según Cairo, "no tenían para el boleto". 

Para uno de los referentes de ese equipo, el abogado Juan Ceretta, sus patrocinados tienen derechos preexistentes a los de la cooperativa. Más allá de cuestiones jurídicas, consideró que un juicio está lejos de ser la mejor solución, incluso para los propios demandantes. Será, dijo, un proceso que podría llevar hasta diez años, en el que deberán desfilar más de 200 testigos.  "Si nosotros triunfamos, los demandantes vuelven a los problemas que tienen en el barrio. Si triunfa la cooperativa, más de 80 familias quedarán en la calle", dijo. "Ningún resultado es bueno. Vivir en un clima de confrontación no es bueno para nadie". Por eso, Ceretta abogó por una solución extrajudicial a un caso que, reconoció, es el primero en su tipo que debe enfrentar. 

Entre disparos y piedras

Coovimanga tiene un origen totalmente atípico: es una cooperativa originada a partir de un asentamiento, en el que vivían unas 200 familias, en terrenos que fueron comprados en un remate a una entidad bancaria. Según Diego Paseyro, abogado de la entidad, la mitad decidió plegarse al proyecto. El resto, señaló, "no creyó, no pudo o no tenía ganas de confiar, y quedaron por fuera". 

La posición de los vecinos regularizados es firme: durante años se convocó al resto a sumarse al proyecto. Y la gente que no creyó, insistió, empezó a "tirar bombas" sobre ese proyecto, que hoy nuclea a 112 familias que están al día con las cuotas. "Tenemos vecinos que ni siquiera quieren pagar el agua con la que se bañan o la luz con la que se alumbran", lamentó Alejandra Caró, tesorera de la cooperativa. 

Gente, dice, que no quiso pagar ni siquiera los $ 200 mensuales que se pidió al conformarse la cooperativa, en 2015. Valeria Hernández, otra de las integrantes de la entidad, relató a los legisladores múltiples problemas con sus vecinos derivados de toda esta situación en la última semana que, dice, fue tremenda. "Mi hijo de ocho años tuvo que tener todos los vidrios de la ventana de su cuarto sobre él, porque a los señores no se les ocurrió mejor cosa que apedrear la casa después de la llegada de los desalojos", contó. 

En su casa, señaló, debió colocar un muro de dos metros de alto con un portón ciego. A eso se le suman, dijo, disparos y agresiones entre los propios vecinos. 

Hernández justificó la exigencia de US$ 10.000 para los que quieran evitar el desalojo y sumarse al proyecto. Esa cifra, dijo, simboliza todo el trabajo y la inversión que hubo que hacer en los últimos años. Entre ellos, US$ 17.000 para el remate del predio , y US$ 8.000 para la compra de chapas para los socios que fueron afectados por un temporal en 2019. También por los $ 2.000 en canastas alimenticias que se otorgaron a cada socio en lo peor de la pandemia, y por las cámaras de seguridad que se colocaron en el predio, o por los focos solares debido a que el alumbrado público es escaso. 

 "Esos US$ 10.000 son consecuencia de casi diez años de pelea interna", señaló. "Se hizo como una suerte de buenos y malos". 

En la misma línea se expresó otra cooperativista María Farías. "Los derechos humanos están siempre vistos para el lado del que no tiene razón", lamentó. "Para el lado del que no hizo nada, no se comprometió en nada y no trabajó en nada". El que sí lo hizo, insistió, termina con sus derechos vulnerados. 

La mesa de mediación

El tema derivó en la convocatoria al Parlamento de autoridades nacionales y departamentales.  Florencia Arbeleche, directora de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, concurrió a la comisión el pasado miércoles. Dijo haberse informado del tema el día anterior. Y dijo llegar para "escuchar de primera mano" a todas las partes para comprender y analizar la situación. 

A la comisión fue también el director de la División de Tierra y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Pablo Cresci, que recordó que la comuna en su momento condonó la deuda que tenía el inmueble para que la cooperativa pudiera asumir su titularidad. El jerarca planteó la dificultad que para las autoridades representa la situación al abordar los trabajos que se requieren realizar en el barrio. "Es muy difícil seguir actuando y pensar en abordar a unos pero no a otros", señaló. "Estamos hablando de que la mitad del barrio estaría quedando sin calle". 

Cuando ya se habían repartido 90 intimaciones, una conversación entre los abogados de ambas partes promovió una prórroga por 30 días en el desalojo, con chance a otros 30 días más. En ese lapso deberá actuar una "mesa de mediación" integrada por legisladores que intentará llegar a una solución de fondo. 

Los legisladores acordaron crear para eso una "comisión multisectorial", con la participación de la intendencia, el Ministerio del Interior, el de Vivienda y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La intención es que esa "mesa" comience a trabajar en el barrio con el apoyo de asistentes sociales.

Farías, una de las cooperativistas, dejó un pedido especial a esa comisión multisectorial. "Les tienen que abrir la cabeza y decirles que tienen que pagar", dijo. "Si quiere quedarse tiene que pagar, porque gratis no puede vivir". También dejó un aviso: hay unas 20 personas que "aunque vengan con US$ 50.000 en la mano" jamás podrá integrar la cooperativa. Eso, aclaró, ya fue votado y definido por la asamblea, debido entre otros aspectos a los graves problemas de relacionamiento que han causado. 

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