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26 de septiembre 2022 - 13:05hs

El Gobierno de Venezuela rechazó y calificó de "falsas y sin fundamento" las acusaciones plasmadas en un informe de la ONU que concluyó que la inteligencia civil y militar del país comete crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, a través de órdenes dictadas "desde el más alto nivel".

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", expresó el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de un comunicado.

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, señala que "los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad".

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Según Caracas, la intención de la misión es atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de Estados Unidos, país que desconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2018 en las que la oposición no participó y se impuso Maduro, proceso electoral que según Washington fue fraudulento y derivó en un amplio arco de sanciones económicas y diplomáticas, entre ellas el bloqueo comercial y la incautación de las reservas internacionales del país que están depositadas en el Banco de Inglaterra.

Con este mecanismo creado en 2019 "a partir de una cuestionada resolución, promovida por un reducido grupo de Gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, se muestra el doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía de países que no se someten al control anhelado por algunas potencias", señala el comunicado emitido por Caracas.

El gobierno de Maduro, además, advirtió que tomará medidas diplomáticas en contra de los promotores de la misión, al considerar que el informe viola la Carta de Naciones Unidas, según consignó la agencia de noticias Sputnik.

"Alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó el gobierno venezolano.

Caracas, sin embargo, aclaró que “continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, en base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo”.

Cabe recordar que en septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la constitución de una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por un período de un año, para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. Posteriormente, el mandato de la misión fue prorrogado hasta septiembre de 2022.

El informe documentó, según la misión, al menos 77 casos de torturas y abusos a opositores políticos y líderes sociales en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en los centros de detención a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, algunos de los cuales, siempre según el informe impugnado por el gobierno venezolano, son de carácter clandestino.

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