1 de marzo de 2014 21:29 hs

El 5 de marzo de 2013 murió Hugo Chávez. Un año después, Venezuela, sumida en un caos, enfrenta una crisis heredada de inflación, inseguridad y desabastecimiento de comida y medicamentos, que explotó por el lado de la clase pensante.

Los universitarios venezolanos no aguantaron más, salieron a las calles y pusieron al gobierno de Nicolás Maduro en un callejón al que no le encuentra la salida. La administración no puede hablar de herencia maldita luego de casi 14 años del comandante Chávez en el poder, y entonces, apuntó las flechas para otro lado. Culpa de la situación a la derecha local “neofascista” que quiere derrocar al gobierno, a operativos de prensa; culpa de intervencionismo a Estados Unidos y culpa a Colombia, en particular al expresidente Álvaro Uribe, sin mostrar pruebas.

Mientras las muertes se suceden y la represión continúa, los países de América Latina escucharon el mensaje del gobierno de Venezuela de no meterse en su casa. Brasil, la potencia regional, lo aceptó y miró para el costado. Otros hablaron de mediar, incluso Estados Unidos, país al que los chavistas asemejan al diablo (ver recuadro). La oposición pide al mundo una mano y propusieron al presidente José Mujica, a la ONU o al papa Francisco.

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En estos días, en Venezuela hubo movilizaciones masivas a favor y en contra del gobierno de Maduro, hubo detenidos, muertos, censura a la prensa, y un de-sesperado intento de explicar a través de su canciller Elías Jaua, que las libertades están intactas. El gobierno de Uruguay le cree.

El canciller Luis Almagro dijo esta semana en el Parlamento que rechaza “toda clase de violencia”, la de un lado y la del otro, y para sostener su razonamiento afirmó que los muertos “son de ambos bandos”. Desde la oposición, el exvicecanciller y hoy senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet, le recordó que no es comparable la violencia de Estado, que tiene las armas, con la que pueda ejercer la sociedad que tira piedras.

Dos victorias

En ese panorama, la administración de Maduro tuvo dos victorias diplomáticas. Una fue hacer que Brasil mire para otro lado sin asumir su liderazgo regional. La otra, fue frenar que la Organización de Estados Americanos (OEA), como lo pidió Panamá, discuta lo que pasa en Venezuela. Panamá iba a plantear que observadores de la OEA desembarquen en Caracas.

La idea cayó mal en Miraflores, sede de la administración de Maduro que, como su antecesor, gobierna en alianza con los militares que dominan varios ministerios.

Maduro no quiere mediadores, y así se lo hizo saber al presidente José Mujica, quien, en tal sentido, había recibido una propuesta del opositor partido Copei. Maduro no acepta que nadie revise el estado de los derechos humanos en su país y así rechazó también la mediación de cualquier organismo internacional.

De todos modos, con la institucionalidad debilitada, Maduro llamó al diálogo interno, que en principio la oposición rechazó, y salió a buscar apoyos políticos fuera de fronteras. Lo hizo entre los socios con los que Chávez había sido generoso con la billetera del petróleo. La idea entonces es convocar cuanto antes a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde están los países gobernados en su mayoría por la izquierda y que por afinidad ideológica respaldarán al gobierno venezolano.

En la OEA –cuya sede está en Washington y Venezuela quiere sacar de ese lugar– están representados Estados Unidos y Canadá que pueden bloquear una declaración de apoyo a Maduro. En Unasur no están “los yanquis” y sí está Cuba. La organización Human Rights Watch pidió a la ONU que no desperdicie la oportunidad de revisar la situación de los derechos humanos en el país de América del Sur.

La versión oficial de Venezuela para que se convoque a la Unasur es que “es más eficiente” que la OEA, aunque la verdadera razón es política. “¿Cuántos golpes de Estado detuvo la OEA en sus años de existencia? Por el contrario, legitimó a muchos y la Unasur ya tuvo más eficacia en resolver conflictos políticos, golpes, y abrió caminos de paz. Proporcionalmente es más eficiente”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, en su pasaje por Montevideo. La Unasur es conducida actualmente desde la secretaría general por un venezolano, Alí Rodríguez Araque, quien fue vicepresidente y ministro de Chávez.

Uruguay, según lo expresó Almagro, apoya convocar a la Unasur, que es “el ámbito natural para abordar estos temas”. El canciller lo dijo luego de reunirse con Jaua en Asunción del Paraguay.

Expresiones

Los hechos de violencia comenzaron el 12 de febrero y siguen desde entonces. Argentina, Bolivia y Uruguay emitieron comunicados oficiales de respaldo a Maduro y entrelíneas expresaron la responsabilidad de la derecha en los incidentes. Hasta esos países llegó el canciller Jaua, que el jueves estuvo con el presidente José Mujica en la residencia del Prado.

Y en medio del caos, con 15 muertos en las calles, Brasil mantiene un perfil bajo.

Jaua se fue el viernes a Brasilia y no lo recibió la presidenta Dilma Rousseff, sino su colega Luiz Alberto Figueiredo. Brasil se limitó a expresar que condena la violencia desatada y apoyará convocar a la Unasur. En Argentina, Bolivia y Uruguay, el enviado de Maduro fue recibido por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales y José Mujica.

Ese papel de gigante quieto que asumió Brasil en la crisis venezolana ya lo había jugado Itamaraty al hacer la vista gorda cuando Argentina cercó a Uruguay y cortó los puentes. El entonces presidente Tabaré Vázquez contó que debió recurrir al apoyo de Estados Unidos –el enemigo tradicional de varios sectores del Frente Amplio– al temer una incursión militar del gobierno kirchnerista por la planta de UPM (ex Botnia).

Maduro solo piensa salir del país a mediados de marzo para la asunción de la presidenta Michelle Bachelet y hablará en la cumbre de la Unasur, donde se encontrará con sus mandatarios amigos. Mientras tanto, los venezolanos seguirán en las calles con el mismo combo: inflación, inseguridad y desabastecimiento.

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