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Víctimas, arrepentidas o desafiantes: el relato de dos juezas y una fiscal sobre el rol de las mujeres en el microtráfico

Uno de los artículos de la ley de urgente consideración incidió en el incremento significativo de las mujeres presas. Una fiscal y dos juezas debatieron sobre su experiencia
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15 de diciembre de 2022 a las 05:03

Hay que escuchar a la mujer. En los interrogatorios se dicen cosas

Mientras la población carcelaria en general creció 9% entre 2020 y 2021, la cantidad de mujeres presas se incrementó 30% en el mismo período. Al cierre de 2021 eran 996, el 7,2% de la población total. En una mesa redonda organizada por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho (Udelar), la fiscal de drogas Mónica Ferrero, la jueza penal Blanca Rieiro y la ministra del Tribunal de Apelaciones, Beatriz Larrieu, contaron sus experiencias de primera mano frente a frente con las mujeres que cometen delitos relacionados a las drogas. 

El artículo 74 de la LUC incorporó un nuevo inciso a la ley de Estupefacientes y fijó una pena de cuatro a quince años de prisión en los casos que se utilice el hogar como lugar de venta, depósito o distribución de drogas, o en donde se intente o se logre ingresar esas sustancias a cárceles, hospitales o centros educativos. Esto incrementó sustantivamente la cantidad de mujeres presas. 

Pero detrás de cada una, hay una historia y una forma de tratarlo. En una sentencia inédita, una jueza de Ejecución permitió a Donna Samer Fleitas, condenada por haber querido ingresar un bajo gramaje de marihuana a la cárcel para su pareja, cumplir su pena en prisión domiciliaria en un refugio del Mides. De esa forma, podría seguir criando a sus hijos, que de otra forma hubieran sido institucionalizados. 

Ese caso, que se convirtió en emblema, se repite en muchas otras mujeres que corrieron su misma suerte. Pero no son los únicos casos, enfatizó Ferrero. El trabajo es mucho más complejo: "perros" que son reemplazados sistemáticamente, madres que le llevan droga a sus hijos –tanto para saciar su adicción, como por extorsión o por negocio– y aquellas que lo hacen por dinero. "Hay algunos que incluso las amenazan. 'Mirá que te mando a este', 'mirá que te mando al otro'", relató. 

El interrogatorio es la ventana para que los operadores de la Justicia vean la realidad de cada caso. No es lo mismo –señaló Ferrero– la mujer que se sienta a llorar, arrepentida de lo que hizo, que la que desafiante dice que le pagaron determinada cantidad de dinero para hacer lo que hizo. 

Amparándose en el artículo 61 del Código Penal, a veces pide que se interrogue a los hombres que son destinatarios de la sustancia que la mujer ingresa de forma ilegal. "Tengo un alto porcentaje que dicen que sí (conminaron a sus parejas a ingresar la droga a la cárcel) y piden que excluyan a sus mujeres, dicen con todas las letras que (ellas) no tienen nada que ver. Lo dicen así", contó. Eso, sin ser determinante, se convierte en un elemento que permite comprender mejor el mapa del caso. 

Después, hay mil y un matices: el tipo de droga que ingresan, la forma en que lo hacen –desde dentro de los zapatos hasta dentro de su propio cuerpo–, y su actitud posterior. Pero esos matices no están reflejados en la legislación, que, por ejemplo, no hace distinción de pena según la cantidad de droga incautada ni el tipo. Tampoco contempla ningún tipo de atenuante. 

Si bien hay muchos casos donde las mujeres son extorsionadas para llevar la droga dentro de las cárceles, hay otros en los que son parte del negocio. Cada vez hay más allanamientos a bocas de drogas en los que se encuentran niños o hay detenciones de más de una mujer que dice ser pareja de uno de los presos y por eso le lleva droga.

"Si queremos ser serios en una cuestión que nos atraviesa, porque todos tenemos hijos o nietos, y uno no va a estar siempre de guardia para ver cuándo lo va a tocar la droga. Es realmente muy triste", resaltó Ferrero. 

Un proyecto de ley que busca cambiar las reglas del juego que impuso la LUC

De la disertación también participó la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Leyó un proyecto de ley que presentará antes de fin de año para modificar el artículo 74 de la LUC. Indica que el ingreso de droga a las cárceles sea penado como acto preparatorio, es decir, con una pena de 12 meses de prisión hasta 5 años de penitenciaría. Esto lo convertiría en un delito excarcelable. A su vez, pide la especial contemplación de aquellos imputados que tuvieran a su cargo la guarda exclusiva de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad. En ese sentido, se deberá atender el interés superior del niño, niña o adolescente y la gravedad del delito imputado. El juez, aún en estos supuestos, podrá igualmente imponer una prisión preventiva. 

Madres presas

La exjueza de Crimen Organizado y Penal Beatriz Larrieu (actual ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia) destacó que en muchos casos las mujeres que quedan presas por ingresar droga a la cárcel se dedican a tareas de cuidado y son sostén económico de sus núcleos familiares. 

En el negocio, "son personas fácilmente sustituibles, entonces su encarcelamiento no constituye un ataque al narcotráfico", explicó. A su vez, citó un informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario que decía que el 30% de las mujeres encarceladas por estupefacientes en Uruguay están vinculadas al ingreso a prisión para su pareja presa.

A su vez, la jueza valoró que en audiencia "no puede ser suficiente con invocar la perspectiva de género". "Tienen que haber elementos justificantes, prueba, al menos indiciaria, que pueda dar cuenta de la coacción a la que es sometida la mujer", explicó.

Aunque no duda que en la práctica la prisión domiciliaria es la mejor solución para madres que se encuentran en la situación de Samer Fleitas, Larrieu –que estuvo en el juzgado penal hasta hace un año– problematizó la conclusión citando un artículo de las académicas Lucía Remersaro y Lucía Giudice. En una de sus últimas publicaciones, expusieron que esta solución le asigna a la mujer una doble responsabilidad: la de cumplir la pena y la de ser madre en reclusión, aunque fuera domiciliaria, y las limitaciones que eso implica. De esa forma, la mujer resulta "doblemente castigada". 

La jueza penal Blanca Rieiro recordó que las imputadas que suelen terminar en su juzgado vienen de un contexto socioeconómico y familiar complejo. En ese sentido, insistió en que el derecho penal "tiene que ser un recurso de última ratio", cuando realmente no hay otra situación posible. 

Más allá de la mujer

Si bien la convocatoria fue para tratar la realidad de las mujeres y las drogas, devino en una conversación en general y los cambios que podrían afectar positivamente a ambos géneros. También, sus historias. 

–¿Por qué usted cayó en esto?, preguntó la fiscal

– Murieron mis padres, la semana pasada murió mi abuela, que era la única persona que yo tenía, mi hermano se recibió de ingeniero pero está en España y no me quiere.

Había sido detenido por un delito de drogas, pero muy menor. 

–Me hizo escribir el nombre en un papelito y me dijo que lo iba a mirar todas las noches. Es extremo. Se llevaba un papelito porque una persona le habló bien y lo escuchó, cerró Ferrero. 

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