Voces en el desierto

Más allá de la respuesta policial y de la actuación de la Justicia con un nuevo sistema procesal, son muchas las voces de especialistas que apuntan al funcionamiento del sistema carcelario –que más que reeducar se convierte en una suerte de “universidad del delito”– y a la necesidad de mejorar la reinserción de quienes egresan del sistema penitenciario a fin de evitar que reincidan.

Mención especial merecen los comisionados penitenciarios parlamentarios Alvaro Garcé y Juan Miguel Petit que, además de desempeñar con singular brillo su tarea de “asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria, referida a la situación de las personas privadas de libertad por decisión judicial”, han machacado una y otra vez con la necesidad de mejorar la calidad de los establecimientos carcelarios y de lograr que se trabaje en la reeducación de los reclusos a fin de facilitar su reinserción social. 

Lamentablemente, sus palabras han sido como voces que predican en el desierto. No ha sido tarea fácil y muchas veces han tenido que llevar a cabo esas batallas contra los gobiernos de turno que tienen otras prioridades, contra las autoridades carcelarias que suelen excederse en el uso del poder, contra ciertos actores del Poder Judicial que poco tienen en cuenta la situación carcelaria cuando dictan sus sentencias o hacen sus acusaciones y, por último, aunque no por ello menos importante, contra una opinión pública que, harta del crecimiento del delito, solo desea que los delincuentes estén tras las rejas el mayor tiempo posible sin que les importe lo más mínimo en qué condiciones. A estas voces se han sumado muchas veces la de destacados abogados penalistas, que por su trabajo conocen de sobra la realidad carcelaria del país, sus carencias y sus falencias. 

A esas voces que también suelen predicar en el desierto, como las de los comisionados, se sumó esta semana la del penalista Andrés Ojeda quien dictó una conferencia en el auditorio del Piso 40, ante un calificado grupo de empresarios. Allí señaló que la tasa de reincidencia es del 60% o 70%, y que en tanto esa tasa no baje será muy difícil que mejore la seguridad pública por más esfuerzos que se hagan para detener a los delincuentes.

Para ello Ojeda reclamó algo que es obvio, algo en lo que todos están de acuerdo pero que nunca se lleva a la práctica bien sea porque no hay recursos o bien porque no es urgente: que el sistema carcelario no puede depender del Ministerio del Interior. Es decir, que quienes detienen a los delincuentes no pueden ser quienes trabajen en su reeducación. Son dos tareas realmente diferentes. El sistema “no va a funcionar”, dijo Ojeda, si el mismo policía que lo atrapa es el que debe reeducarlo y reinsertarlo. “Tiene que haber cambios. Las cárceles tienen que salir del Ministerio del Interior”.

Aparte de esa reforma estructural, para Ojeda es vital trabajar en el proceso pospenitenciario, porque quien consigue un trabajo muy probablemente se reinserte en la sociedad y quien no lo haga, probablemente reincida.

La reinserción no es tarea fácil pero como dice Ojeda, “darle una oportunidad de trabajo a un privado de libertad es una oportunidad para cambiar de vida”. Y ahí será vital tanto el rol del sector privado, si hay una buena tarea por parte del sistema pospenitenciario que acompaña a quienes recuperan su libertad, como por parte del sector público. Para ello, Ojeda piensa que el Mides puede desempeñar un papel más importante, en especial si invita al sector privado a participar de esta tarea de reinserción. Parece una buena iniciativa que no requiere mayores recursos presupuestales, que siempre escasean y que además implica la posibilidad de potenciar al sector privado en su rol propio de generar empleo.

Es importante que iniciativas como estas, en las que hay amplio consenso político y técnico, sean adoptadas a la brevedad, antes de que el ruido electoral las transforme en una suerte de botín y todo quede en la nada a la espera de la próxima administración. Si tanto hablan de seguridad todos los partidos, almargen de discrepancias sobre cómo combatir la epidemia de homicidios, puede haber acuerdo en estas políticas, que tendrán efectos en el mediano y en el largo plazo. Pero serán efectos duraderos e irán a la raíz del problema y no solo a las consecuencias.