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Volvieron a demoler en Casavalle y también retornó un chinga
El Ministerio del Interior retomó esta semana las demoliciones en el complejo de viviendas de Los Palomares (Casavalles), definidas como parte del plan de intervención integral que comenzó a ejecutar en ese lugar luego de diciembre de 2017, cuando tuvo lugar el primero de varios operativos de seguridad en la zona.
Este viernes culminó el último derrumbe de las viviendas del pasaje 304 de donde la banda de narcotraficantes conocida como Los Chingas había expulsado a varios vecinos. Los delincuentes tenían como práctica quedarse con esas casas para usarlas como base de operaciones. Este procedimiento de Los Chingas llegó a afectar durante aquel año a al menos 110 familias, algunas de las cuales ya fueron realojadas por el gobierno en ese complejo de viviendas, ya con la banda de delincuentes debilitada.
Según dijo a El Observador Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera de seguridad –y eventual ministro del Interior del Frente Amplio si Daniel Martínez gana las elecciones– pasaron varios meses desde las últimas demoliciones, cuando se tiraron abajo la tira de casas del pasaje 306. Allí estaba la casa de Mónica Sosa, la líder de la banda criminal, quien en la actualidad está en prisión, acusada de colaborar con el asesinato de su primo. En ese lugar también estaba el laboratorio para procesar droga que usaba este grupo.
“Hicimos un plan de mejoramiento de todas las viviendas de la tira de atrás, las que tuvimos que remodelar para luego trasladar a la gente que estaba enfrente”, sostuvo Leal, en respuesta a la consulta sobre la demora en retomar los derrumbes, y anunció que al proyecto todavía le quedan varias etapas.
En un video difundido por el Ministerio del Interior, el jerarca asegura que con el plan “interinstitucional” elaborado por Presidencia de la República –participaron la cartera de seguridad, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo, entre otros– “se logró amalgamar una estrategia de pluralidad de organismos”, porque el enfoque del gobierno es que el problema de la seguridad debe ser “una construcción colectiva”. Es así como también se incluyó la construcción de calles internas e instalación de luminaria pública y cámaras de videovigilancia.
En ese video una vecina cuenta que ahora “siempre hay guardia” policial, que ahora “entran las emergencias” y que el barrio “está más tranquilo”.
Sin embargo, según supo El Observador, días atrás recuperó la libertad uno de los hijos de Mónica Sosa, un joven de 17 años con varios antecedentes penales. Fue uno de los delincuentes detenidos a fines de 2017 y luego condenado por extorsión, al ser uno de los hombres que participó en el plan de expulsiones, que afectó a al menos 110 familias.
De acuerdo al Ministerio del Interior, este grupo criminal se vio debilitado en diciembre de 2017, ya que a partir de entonces los delincuentes fueron cayendo a prisión y para agosto de este año la mayoría de los delincuentes estaba en la cárcel, incluyendo a su líder. En muchos casos llegaron a recuperar la libertar y volvieron a ser encerrados por cometer delitos nuevamente.
Ese es el caso del hijo de Sosa que ahora fue liberado y que solo este año fue detenido en dos oportunidades, aunque solo una vez fue enviado a prisión. La primera detención se dio a mediados de mayo, cuando fue imputado por receptación, luego de entregarle a la policía un arma que había sido denunciada como robada.
Lo que en realidad pretendían las autoridades era que el joven entregara el arma que había sido empleada en el asesinato al primo de Sosa –Rodrigo Martín López Sosa– a fines de abril de este año, ya que en una conversación telefónica con su madre que fue interceptada por la policía se escuchaba al joven pedir que escondiera el revólver usado en el homicido.
"Pedile mi pistola, sacásela y guardala en otro lado, pedile mi pistola, sacásela y guardala en otro lado”, había dicho.
No obstante, el arma que entregó no era la homicida, sino simplemente un arma robada. De todos modos, no fue a prisión porque la Justicia de menores sustituyó la cárcel por su internación en un centro de reclusión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Eso fue el 10 de mayo, cuatro días después de recuperar la libertad por haber sido condenado por los delitos de extorsión y usurpación debido a su participación en las expulsiones. El imputado había sido derivado al Programa de Medidas no Privativas de Libertad y Mediación del INISA con medidas de presentación semanales, hasta que a mediados de agosto volvió a ser detenido por dos policías que vieron cómo caminaba con un arma en la mano, acompañado por otro joven.
Allí le incautaron la pistola, que también era robada, y al que estaba con él le encontraron tarjetas bancarias y documentos de identidad de una persona. Esta víctima reconoció luego a la policía que había sido asaltado, pero como no pudo reconocer a los delincuentes, estos no fueron imputados por la rapiña.
El hijo de Sosa fue imputado nuevamente por receptación –lo único que pudieron probarle–, y enviado a una dependencia del INISA de la cual salió pocos días atrás. Ahora vive en la casa de la abuela, según contaron fuentes del caso. Esa vivienda está próxima a Los Palomares, y hay vecinos que lo siguen viendo con armas de fuego.
