Aunque se pueda pensar que sólo se enfrentarán a la Justicia quienes cometan delitos y se vea como una posibilidad lejana, la actividad penal sólo ocupa el 15% de lo judicial. El 85% restante tiene que ver con temáticas mucho más cotidianos como un divorcio, una sucesión, una pensión alimenticia, violencia de género o doméstica, niños abandonados, un juicio laboral, un recurso de amparo para obtener un medicamento, la reparación de un daño por un particular o por el Estado.
Históricamente se le ha asignado escasos recursos desde el poder político al Poder Judicial pero este año, las autoridades han señalado como “muy alarmante” que están ante la asignación “más baja de los últimos quince años” (1,06% del total mientras el año pasado había sido 1,09). Por eso, en esta entrega de EnClave, te hablaré de las implicancias que tiene esa decisión política, la cual va en consonancia con un sistema político que no es bien mirado y que está generando en la opinión pública cierto hastío o rechazo.
El lunes 14 una delegación del Poder Judicial, encabezada por la presidenta de la Corte, Doris Morales, compareció ante la comisión que analiza la Rendición de Cuentas en la Cámara de Senadores y enumeraron los principales reclamos:
- Congelamiento de gastos por 15 años: mientras los costos de bienes y servicios (como los contratos de limpieza en más de 250 sedes) aumentan continuamente, siguen recibiendo las mismas partidas, obligando al organismo a absorber las diferencias mediante reasignaciones de rubros y ahorros en arrendamientos.
- Aprobación de leyes sin asignación de recursos: el Parlamento aprueba leyes que crean nuevos juzgados y amplían competencias para mejorar el acceso a la justicia pero no se votan las partidas de funcionamiento e inversión necesarias.
- Asignación presupuestal históricamente baja: a la participación del Poder Judicial de apenas el 1,06% del presupuesto nacional se le suma un proyecto de rendición de cuentas que prevé cero incremento de recursos.
- Sobrecarga en Violencia de Género, Familia y Ejecución Penal: esas materias concentran alrededor del 44% de la carga de trabajo total, con incrementos sostenidos en las denuncias y audiencias mientras persiste el déficit de juzgados especializados y de equipos técnicos para dar respuesta. A su vez, en materia penal, la generalización de los procesos abreviados masificó el trabajo de los Juzgados de Ejecución (por ejemplo hay una sola jueza para atender a toda la población del Penal de Libertad).
- Fuga de personal técnico calificado por pases en comisión: recaen sobre profesionales altamente especializados (actuarios, defensores públicos, informáticos, asesores) formados por la propia institución. El Poder Judicial sigue pagando anualmente casi $60 millones en salarios de funcionarios que no trabajan allí.
- Sobrecarga del Instituto Técnico Forense (ITF) por tareas para otros organismos: más del 40% de las pericias que realizan los técnicos son a pedido de la Fiscalía General de la Nación.
- Diferendo salarial surgido en 2010 (con la ley de Mujica): resta un 6,08% de equiparación, cuyo costo de cierre se estima en unos $220 millones que no se les ha pagado.
- Imposibilidad de ejecutar deudas de intendencias: varios gobiernos departamentales mantienen deudas millonarias por concepto de astreintes (multa por incumplir una sentencia). Por ejemplo, la Intendencia de Canelones debe cerca de US$ 3 millones.
De todos estos puntos, que están más que claros, me extenderé en dos que merecen destaque a mi modo de ver: ley de género y pases en comisión.
Con respecto al primero, casos dramáticos como el de la estudiante de la Facultad de Medicina acuchillada por su compañero en pleno patio, imputado esta semana, o la chica de 26 años apuñalada en la veterinaria en la que trabajaba por su compañero de trabajo porque dejó de salir con él, llevan a exigir una respuesta a la Justicia, pero no se votan los recursos para atender esos casos.
Actualmente hay 12 juzgados de familia especializada en Montevideo y el año pasado cada juez inició un promedio de 726 causas, que se sumaron a las que tenían en trámite, en un contexto de equipos técnicos y defensores limitados. Además que entre 2013 y 2024 se dio un aumento del 30% de las audiencias, del 42% de las denuncias policiales y del 64% en los casos de violencia sexual.
En una crónica que publiqué en julio sobre el funcionamiento de estos juzgados conté la necesidad que tienen los jueces de llegar a las audiencias con la pericia psicológica de la víctima y el victimario, para tomar una mejor decisión, pero eso no es posible porque el servicio está saturado. Los psicólogos y asistentes sociales definieron no hacer más de cuatro pericias por día en cada turno, lo que implica que haya casos que deban ir a la lista de espera. En ese momento había cuatro bajas por enfermedad de entre los tres psiquiatras, dos médicos forenses, 13 psicólogos, 13 asistentes sociales, cuatro administrativos y una coordinadora que trabajan en dos turnos (mañana y tarde).
Y esos juzgados no se limitan a los casos de violencia contra las mujeres. La jueza que me permitió presenciar las audiencias, afirmó que son “el residuo del Poder Judicial”. “Todo viene acá. Una persona precisa un cupo cama o que la internen en el Piñeyro del Campo viene acá, otra es inimputable también viene acá”, decía.
Y ni que hablar del interior, donde 8 años después de aprobada le ley, existen sólo tres juzgados especializados: en San Carlos, Rivera y Salto. En definitiva como explicó en el Parlamento la secretaria letrada Graciela Figueroa, “poco más de un 15 % de la población cuenta con la institucionalidad prevista por la ley para el sistema judicial de respuesta”.
Con respecto a los pases en comisión, según datos a los que accedí, los cargos técnicos son 11 que abarcan al subdirector general de Registros Notariales, defensores públicos de Montevideo e interior, actuarios, abogados y procuradores, que se suman a 20 cargos del escalafón administrativo por $ 26 millones. Al 31 de diciembre de 2025, 15 de los 31 estaban en cargos en el Poder Legislativo, cinco en Presidencia, cuatro en el MEC, etc.
En el Poder Judicial consideran esto una “grave afectación” ya que ese cargo no puede ser reemplazado debido a que se mantiene “ocupado”, lo que genera sobrecarga en otros funcionarios. Por eso pedían que por ley se eliminara la posibilidad de que los técnicos puedan pasar en comisión, salvo excepciones autorizadas por la Corte, lo que no tuvo cabida.
De acuerdo con esos datos además, en su mayoría se trata de trabajadores que “se llevan” quienes no les votan los recursos, el Parlamento y Presidencia.
Sobreactuación política
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
“2026 va a cerrar como el año de peor evaluación del liderazgo político uruguayo desde que hay mediciones de opinión pública”, decía el sociólogo y analista político Ignacio Zuasnabar entrevistado por Lado B, de TV Ciudad, esta semana.
¿Qué tiene esto que ver con los pocos recursos asignados a la Justicia?
Los políticos, los diputados y senadores electos, son quienes votan las leyes y quiénes se encargan de distribuir los escasos recursos del Estado, que evidentemente están muy mal distribuidos. Es sencillamente demencial que el Poder Judicial tenga el 1,06% del presupuesto mientras el Ministerio del Interior tiene el 5% y el de Defensa Nacional el 3,5 % (por poner dos ejemplos mencionados por el senador Pedro Bordaberry en la comisión).
Además mientras instalar un juzgado de familia especializada cuesta $ 80 millones (US$ 1,9 millones) se gastan US$ 32 en una estancia para que trabajen seis familias como fue el caso de María Dolores (en ese caso decisión del gobierno y no del Parlamento).
Por eso las decisiones que toman los políticos sí repercuten en cierta opinión pública informada y van calando. Como decía Zuasnabar, una parte de la opinión pública está sintiendo rechazo, distancia, hastío, hartazgo de los políticos. Deberían prestar atención.
El director de Equipos Consultores también mencionó que existe actualmente “una especie de sobreactuación” de los políticos (todo es un escándalo) y no se dan cuenta de que de a poco la gente se está yendo de la sala (de teatro) “¿Para qué publico sobreactúan?”, se preguntaba.
Y justamente leyendo la taquigráfica de la comparecencia del Poder Judicial me pareció un claro ejemplo de lo que decía Zuasnabar.
Frente al reclamo serio y lógico de los representantes de la Justicia, la senadora frenteamplitsa Constanza Moreira les dijo que “dada la negativa de la oposición a votar la rendición de cuentas”, se verían “imposibilitados de abrir esto en el Senado … para poder incrementar estos recursos”.
Por lo tanto amablemente les dijo que sus reclamos no serían escuchados y agregó que lo decía desde la “tristeza”. “Quiero trasmitirlo, porque no tener los votos para la rendición de cuentas y que el Senado no pueda realizar siquiera un movimiento para asegurar esos incrementos también hace inútiles estos aditivos. Todo esto me provoca una profunda tristeza y decepción republicana”, dijo.
El senador nacionalista Javier García ironizó con que era la “primera vez que en un presupuesto la culpa la tiene la oposición”. “No hay más recursos porque el gobierno no quiere que haya más recursos. No admite la más mínima duda”. Además afirmó que hubo rendiciones de cuentas de que “el Frente Amplio no votó y después su bancada trabajó en la discusión particular. Acá está cerrada la discusión particular”, dijo en respuesta a Moreira.
Luego de escuchar esa “sobreactuación” la presidenta de la Corte respondió: “Quiero decirle al señor senador García –que no está en sala– que, por suerte, es la única vez que no tengo que decidir sobre quién tiene la culpa, si el gobierno o la oposición... A mí no me importa quién, pero quiero que los señores senadores entiendan las necesidades del Poder Judicial y que actúen en consecuencia, porque todo lo que hemos planteado y las respuestas que hemos dado sirven para que el Estado de derecho tenga cabal cumplimiento en nuestro país y que la democracia continúe como hasta ahora: siendo la única democracia plena de América Latina”.
Las palabras de Doris Morales no admiten más comentarios.
