Borges imaginó en una enciclopedia china una taxonomía del reino animal tan arbitraria como perturbadora: los animales se dividían en "pertenecientes al Emperador", "embalsamados", "amaestrados", "lechones", "sirenas", "fabulosos" y, en una categoría que resume todo el absurdo, "los que acaban de romper el jarrón". La gracia del chiste borgiano no residía en la crueldad de la clasificación, sino en la impávida seriedad con que se la presentaba. Algo de eso sobrevuela el proyecto de creación del Ministerio de Justicia que el actual gobierno impulsa con un similar entusiasmo clasificatorio.
Conviene, antes de proseguir, invocar el célebre aforismo de Chesterton: no derrumbes una cerca sin antes saber por qué fue construida. La pregunta que nadie ha respondido con precisión en este debate es, precisamente, la más elemental: ¿qué es exactamente lo que está mal en el diseño actual de distribución de competencias? Porque si la respuesta es "existe en otros países", entonces con ese mismo argumento podríamos emprender, con idéntica solvencia intelectual, el retorno de la pena de muerte o la reimplantación del servicio militar obligatorio, dos empresas igual de deleznables para la calidad democrática. La existencia de un modelo en el derecho comparado no es una condición necesaria ni suficiente para su aprobación.
Lo que sí ha ocurrido, en cambio, es que el propio Ministro Oddone ha salido a reivindicar públicamente la necesidad de ponderar los esquemas de competitividad regulatoria y flexibilización como agenda prioritaria del gobierno. El problema no es menor: esa agenda y la creación de un Ministerio de Justicia, en estas condiciones, no solo no se emparentan, sino que apuntan peligrosamente en direcciones opuestas. Contradicción no menor en materia de seguridad jurídica y manejo responsable de expectativas.
Dotar de mayor celeridad, rigor técnico y eficiencia a los trámites complejos exige especialización, continuidad institucional y estabilidad de los marcos regulatorios vigentes; no una reorganización jerárquica de dependencias que sostienen cotidianamente negocios jurídicos en curso. Cambiar registros de propiedad, registros de actos personales y otras estructuras de permisos y autorizaciones no es transferir archivos Word de una carpeta a otra. Es introducir una incerteza completamente evitable en un ecosistema donde estabilidad de criterios técnicos es, precisamente, uno de los activos comparativos más valiosos que Uruguay exhibe ante inversores locales y extranjeros. La promesa de modernización regulatoria y el proyecto de nuevo Ministerio no solo no se refuerzan mutuamente: se contradicen.
Porque eso es lo que parece ignorarse en este debate: que muchas personas con escasa experiencia regulatoria en el sector privado subestiman dramáticamente las implicancias que anuda un cambio de jerarquía institucional para quienes tienen trámites en curso, expedientes abiertos, plazos corriendo e inversiones comprometidas en dependencias que mañana podrían depender de otra autoridad, con otra cadena de mando, otros criterios de priorización y, eventualmente, otros criterios interpretativos. Quienes trabajamos en el sector privado conocemos de manera práctica y no solo teórica los efectos negativos de esta iniciativa.
Pero el problema no es solo de costos transaccionales. Es también, y fundamentalmente, un problema de coherencia institucional. La propuesta agrupa bajo una misma tienda cuestiones que, vistas desde cualquier ángulo riguroso, tienen tan poco en común como los animales de la enciclopedia borgiana. ¿La protección jurídica de la propiedad? ¿El registro civil? ¿También la propiedad intelectual? ¿El registro de inhibiciones? ¿Las cárceles? ¿Las personas privadas de libertad? ¿La protección del consumidor? ¿El contencioso regulatorio en materia de defensa de la competencia? ¿La defensa de derechos humanos? ¿los procedimientos administrativos de control y combate al lavado de activos? ¿La defensa pública? ¿La recientemente célebre Secretaría de Litigio Estratégico? ¿Qué más cabe en esa bolsa?
La pregunta no es retórica. Es técnica. ¿De qué sirve que los especialistas en derechos humanos compartan edificio, presupuesto y cadena jerárquica con los especialistas en defensa de la competencia, o con quienes trabajan en propiedad intelectual, o con los operadores de la defensa pública? Un Estado inteligente no es el que concentra, sino el que especializa. Es el que logra que sus funcionarios se empapen en los temas de fondo de su cartera, que construyan criterio sectorial, que dialoguen con los actores relevantes de su área. La especialización ministerial no es un capricho burocrático; es una condición de eficacia regulatoria.
En un momento en que la inteligencia artificial y la automatización de procesos están reconfigurando aceleradamente el funcionamiento de los sistemas jurídicos, registrales y administrativos en todo el mundo, la propuesta abstracta no contempla en su discurso institucionalidad específica alguna para enfrentar ese desafío. Se reorganiza lo existente sin preguntarse qué debería existir y cómo funciona. Se mueven las piezas del tablero sin advertir que el tablero mismo está cambiando de forma. Hacer esto, y simultáneamente no pensar en una arquitectura institucional específica para la inteligencia artificial y la automatización de procesos, agrupando asuntos jurídicos y unidades administrativas tan disimiles en sus competencias, es simplemente descabellado.
Corresponde aclarar, finalmente, que este análisis omite deliberadamente referir a los debates éticos y de principios que otros especialistas han relevado con pertinencia —en particular, aquellos vinculados a los riesgos de presión institucional sobre el Poder Judicial— no porque carezcan de relevancia, sino porque el foco de estas reflexiones es otro y más acotado: señalar que la coyuntura exige maximizar la calidad y la velocidad de las respuestas del Estado, precisamente en la dirección que el propio Ministro Oddone ha indicado con buen tino al colocar la competitividad regulatoria en el centro de la agenda. Desde esa perspectiva, esta centralización no solo no contribuye a ese objetivo, sino que amenaza con romper otro jarrón de la abuela: el de una herencia de calidad institucional que se expresa en indicadores cada día más erosionados.
Y como siempre en esta bendita tierra, el que rompe, no paga. Y lo financian los nabos de siempre, claro.
