¿Cómo se elige a los representantes del Estado que luchan contra el crimen y dirigen las investigaciones para juzgar a los delincuentes? ¿A qué está realmente expuesto el sistema?
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Foto: Ministerio del InteriorAl irme de licencia, hace dos semanas, el tema en debate era la Operación Trazador, y si el narco se había infiltrado en la política. Ahora surgió otra polémica relacionada con el riesgo de que narcos se cuelen en el sistema judicial.
El semanario Búsqueda informó este jueves que gobierno y Parlamento analizan cómo frenar el ingreso a la Fiscalía de un abogado que defendió a narcos y que tras concursar para ingresar al Ministerio Público quedó seleccionado por las calificaciones que obtuvo. ¿Cómo se elige a los representantes del Estado que luchan contra el crimen y dirigen las investigaciones para juzgar a los delincuentes? ¿A qué está realmente expuesto el sistema? De esto te hablaré en este entrega de EnClave.
El nombre del abogado Raúl Estomba se hizo conocido en los años 2017 y 2018, cuando resonaba el caso de Los Chingas y se informaba de la banda que, a punta de pistola, amenazaba o hería a vecinos de Los Palomares para expulsarlos de sus viviendas y extender su control territorial. Estomba fue defensor de varios de ellos.
El boca a boca entre integrantes de las bandas lo llevó a defender, en 2018, a los Figueroa, un grupo criminal que había tomado el control del Complejo Quevedo, en Jardines del Hipódromo. En ese momento también fue defensor de un grupo de policías corruptos que cayó en la zona IV del Cerro, y dio clases de Derecho Penal en la Escuela Nacional de Policía como cuenta en esta entrevista que le hizo el periodista Guillermo Losa ese año (hoy colega de Canal 12).
En octubre de 2025, Búsqueda informó que tres abogados que habían defendido a narcotraficantes habían concursado para ingresar a la Fiscalía General de la Nación. Al comparecer en el Parlamento, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, fue consultada sobre el tema y explicó que sólo uno de ellos había obtenido el puntaje necesario para seguir en carrera.
Estomba quedó en el puesto 15 de los 17 abogados elegidos para ingresar como fiscales adscriptos, el rango más bajo de la carrera. En ese momento, Ferrero resolvió dejarlo en la lista de prelación por dos años (hasta abril de 2027), con la posibilidad de ingresar a la institución en la medida en que se completaran las vacantes.
Ahora, le llegó el turno de ingresar. Y el procedimiento indica que Ferrero debía enviar la venia al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para que el titular, José Carlos Mahía, la mande al Parlamento. Ferrero le advirtió de la situación a Mahía y el ministro transmitió la preocupación a los legisladores, que analizan qué pasos seguir, como informó Búsqueda este jueves.
La fiscal explicó el año pasado a los legisladores que ese concurso de oposición y méritos se abrió el 27 de setiembre de 2024, a efectos de elaborar una orden de prelación para la provisión de cargos de fiscal letrado adscripto y no establecía en sus bases ninguna objeción para abogados que hubieran defendieron a narcos.
Por eso, Ferrero pidió recursos para instalar la Escuela de Fiscales, que en unas semanas empezará a funcionar, y que cambiará las reglas de ingreso a la fiscalía. Ferrero está convencida de que con la escuela —en la que quienes quieran ser fiscales deberán hacer un curso de seis meses— los controles van a ser otros.
Ante el Parlamento lo planteó como un mecanismo de formación práctica para evitar la infiltración criminal y unificar criterios en las investigaciones. Asimismo, argumentó que este centro es indispensable para superar las deficiencias de los concursos tradicionales y capacitar a los funcionarios frente a los retos del cibercrimen y el crimen organizado.
Ferrero reconoció que esa situación encendió las alarmas institucionales y les dijo a los parlamentarios: "Cuídense como políticos, como representantes de la sociedad acá adentro, porque en cualquier momento un narco se les cruza, les muestra el teléfono y les dice: 'Acá está tu hijo; ojo con lo que vas a firmar'", alertó, según recoge la versión taquigráfica.
Búsqueda informó este viernes que Estomba envió una nota al Parlamento en la que pidió ser recibido por la comisión para defender su designación y aclarar que nunca fue investigado por participar en "actividades criminales”.
También hablé con Estomba y afirmó que, en los casos en los que intervino como abogado, no se condenó por narcotráfico. En el caso de Figueroa dijo que una de las mujeres fue formalizada con prisión en 2018 por lavado, pero que luego fue sobreseída por falta de pruebas y que la propia fiscal Ferrero, que intervino en el caso, no la llevó a juicio.
En relación a Los Chingas, Estomba mostró la sentencia judicial donde se los condenó en proceso abreviado por extorsión. El relato de la fiscalía menciona que con sus armas “obligaban a desalojar sus casas con lo puesto” y luego las vendían a $40.000 a $80.000. Y que, en otras oportunidades, "las viviendas eran utilizadas para guardar armas, estupefacientes, efectos hurtados”.
"No defiendo lo que hacían pero digo que no se les probó el vínculo con la droga y con respecto a los Figueroa si bien ellos tuvieron otras causas luego de 2018, no fui su abogado. Después, estuve en causas de microtráfico, como defienden una infinidad de colegas, incluso algunos que hoy son fiscales. No sé por qué se ensañaron conmigo. No puede hablarse ni de megacausas, ni de crimen organizado. Es una locura", dijo.
Cuando le pregunté por qué quiere ser fiscal, Estomba respondió que quiere “hacer las cosas bien” y que podría utilizar el conocimiento de haber estado del otro lado para investigar.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia, bajo la gestión del fiscal interino José Armando Urioste, ordenó la intervención y revisión técnica del sistema informático ROMA tras detectarse presuntas filtraciones de información reservada hacia redes de narcotráfico y crimen organizado. Esas filtraciones posibilitaron que Sebastián Marset tuviera acceso a información sobre órdenes de detención y allanamientos, lo que le permitió evadirse en operativos en su contra.
El fiscal Urioste advirtió también que el sistema permitía rastrear la ubicación de fiscales, lo que calificó como un posible mecanismo de seguimiento y control indebido.
Esas filtraciones permitieron imputar con prisión al ex fiscal general Róger Mariaca (que había nombrado al sistema ROMA por las siglas de su propio nombre) por sus presuntos vínculos con los criminales, acusaciones que su defensa ha negado. Se indaga si el acceso se producía mediante llamadas directas del ex fiscal general o si usuarios externos podían consultar el sistema desde teléfonos celulares o servidores alojados fuera de la Fiscalía.
¿Cuán lejos estamos acá de que pase esto en Uruguay? No lo sabemos.
En Uruguay funciona el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau) al que acceden tanto fiscales como policías y jueces. La Fiscalía General de la Nación ha ratificado en reiteradas ocasiones la seguridad y confiabilidad del Sippau ya que cada ingreso, consulta o movimiento realizado en la plataforma queda registrado y puede ser rastreado.
De hecho, se realizan auditorías de seguridad en conjunto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) para comprobar vulnerabilidades y proteger los datos y se han detectado ingresos indebidos por parte de funcionarios, aplicando sanciones administrativas y destituciones.
Puede que el sistema informático sea robusto pero tenemos otras vulnerabilidades, que ya te he mencionado anteriormente, como los escasos recursos de la fiscalía para investigar, y para llenar las vacantes, así como la corrupción policial que hace que muchos casos ni siquiera lleguen a denunciarse.
Y, si no, ¿qué puede explicar que el 80% o 90% de los imputados por narcotráfico sean los llamados "perros", los que trasladan la droga, pero nunca los líderes de las organizaciones que sistemáticamente escapan del control de las autoridades, salvo algún caso que cada tanto se ve como Fernández Albín o Betito Suárez? Imposible pensar que son los únicos grandes narcos.
Desconozco los valores morales que tiene Estomba porque hablé con él pocas veces, la última de ellas para esta columna, dado que me contactó para aclarar una situación que considera injusta.
Lo que es cierto es que, para negarle el ingreso, existe un escollo legal que los legisladores tendrán que ver cómo resuelven. En el concurso no se estableció ningún tipo de requisito o impedimento para que alguien como él se postulara. Impedirle la venia puede afectar el ejercicio de la abogacía, que justamente garantiza el derecho de defensa de cualquier criminal, sin importar el delito cometido.
De hecho, Estomba asegura que si le rechazan la venia por ese motivo está dispuesto a entablar un juicio al Estado por el daño.
Es importante que se seleccione muy bien a los fiscales, que sean abogados con vocación de perseguir el crimen y tengan altos valores éticos. En ese sentido, la Escuela de Fiscales promete mejorar la depuración del sistema, pero ¿cómo sabemos que no han entrado en concursos anteriores otros abogados con vínculos con el narcotráfico?
Más allá de la situación de este abogado, el sistema no está blindado.
