El documento de 340 páginas intenta establecer una política de Estado en materia de seguridad que trascienda gobiernos pero su aplicación presenta grandes desafíos
El gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad tan esperado.
En una conferencia encabezada por el presidente Yamandú Orsi, junto al jefe político de la seguridad, el ministro Carlos Negro, y el jefe policial, el director nacional de la Policía José Manuel Azambuya, se presentó el documento de 340 páginas, que recoge el trabajo que se viene realizando desde julio e intenta establecer una política de Estado en materia de seguridad que trascienda gobiernos.
No obstante, el plan presenta grandes desafíos. El primero: que se ejecute y cumpla con lo que se propone. Y si bien de las 136 medidas que se incluyen, la mitad ya están en curso, eso no quiere decir que estén realizadas. Son acciones que requieren continuidad, evaluación, revisión y, sobre todo, se necesita casi un cambio cultural que ¡ojalá! se empiece a hacer realidad. De estos desafíos te hablaré en esta newsletter EnClave.
El Plan Nacional no plantea una idea fuerza o una medida “estrella”, sino que propone priorizar determinados delitos: homicidios, tráfico de armas, violencia de género, narcotráfico y ciberdelitos, para atacarlos con intervenciones focalizadas, información y tecnología, según sea el caso.
El documento fue elaborado por académicos y eso se advierte en que está sustentado en evidencia y en un trabajo sistematizado, pero también se nota en que es demasiado extenso y a lo largo del texto se encuentran expresiones y jerga que tiende a embarullar la comunicación.
Sólo dos ejemplos de ello: para decir que para ser exitoso el plan requerirá que todos los ministerios y organismos interactúen y se compartan la información afirma: “La condición de éxito es sostener interoperabilidad real entre instituciones y protocolos de actuación comunes frente a hallazgos relevantes”.
O cuando habla de narcotráfico y dice que el aporte central del plan es "reducir la reposición transnacional de drogas y proteger los resultados logrados por las líneas territoriales e investigativas del eje”.
Emiliano Rojido, coordinador técnico del plan, uno de los asesores del Ministerio del Interior que viene trabajando desde el período pasado, dijo este viernes en radio Carve (Asi nos va) que uno de sus objetivos es que el plan sea un aporte para que el debate político sea “más serio”, se fundamente en la evidencia y no en que hay que hacer determinada acción “porque a mí me parece”.
En esa línea, las actitudes del sistema político frente al plan dejan bastante que desear.
Que la oposición empezara a criticarlo antes de ni siquiera haberlo leído –ni digo haberlo estudiado- diciendo que era “más de lo mismo” y que “la montaña parió un ratón”, así como haber declinado concurrir a la reunión que el ministro del Interior convocó a representantes de los partidos políticos para entregarles el plan, es un gesto de mediocridad y no transmite un mensaje positivo a la opinión pública. Teniendo en cuenta que dentro de cuatro años pueden ser ellos quienes deban volver al mando de la seguridad, deberían tomarse más en serio el debate.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, se diferenció de los restantes opositores al asistir a la reunión y comprometerse a estudiar el documento. Dijo que la seguridad “es un problema demasiado importante” por lo que su partido está dispuesto a aportar soluciones y advirtió que lo importante “no son los planes, sino la ejecución”. El exsenador no perdió oportunidad de señalar que los demás líderes “buscan llevar agua para un molino propio electoral”.
También se advirtió intencionalidad política en las palabras del ministro Negro cuando al presentar el plan en la conferencia dijo que “lo que distingue” a esta propuesta de las de anteriores gobiernos es que no repite la fórmulas “fracasadas” que apuntaban a aumentar delitos o crear nuevos delitos o “incluso a cambiarle el nombre a delitos que ya existían”.
Esas diferenciaciones forzadas no suman, además de que no son del todo reales porque en el eje de armas se propone justamente endurecer las penas de los delitos vinculados al tráfico de armas y municiones.
Rojido afirmó, en el raid mediático que hizo este viernes, que si bien al Ministerio del Interior le cabe una gran responsabilidad en la ejecución del plan, es de todo el gobierno y aseguró que la clave para que funcione estará en la coordinación entre distintos ministerios y entre reparticiones estatales.
Una idea fuerza del documento es que “sin coordinación real, no hay resultados sostenibles”.
Como ejemplos mencionó al Ministerio de Salud por la atención de adicciones y salud mental, a Agesic y Antel por los delitos cibernéticos, a las intendencias porque se requerirán podas, iluminación en los barrios.
También nombró al Ministerio de Defensa puesto que una de las propuestas es ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Se creará un centro de comando unificado en la frontera que compartirán las FFAA y policía, y se ampliará la zona de acción de los militares a 40 kilómetros de la frontera, lo cual requerirá amplia coordinación entre ambos ministerios cuyos efectivos tienen formación muy distinta aunque ambos responden a mandos verticales.
Otra coordinación será entre policías y privados ya que, como era sabido, se intentará utilizar a los más de 23.000 guardias de seguridad para que contribuyan en la prevención y denuncia de delitos. Esta idea surgió de las propias empresas de seguridad en las reuniones de armado del plan. Pero para que efectivamente pueda existir esa sinergia, desde la Policía tendrán que facilitar que la denuncia de delitos se pueda hacer sin que eso implique pasar horas en una seccional y dejar su lugar de trabajo.
Si bien en las 340 páginas no se hace referencia a las personas en situación de calle, sabiendo que es una preocupación y que afecta a la seguridad, aparece una mención en el documento operativo del Ministerio del Interior. Se habla de “reducir el número de personas en situación de calle” y se mencionan los "operativos de liberación y limpieza de instalaciones precarias en espacios públicos". Esa no puede ser una tarea en solitario de los policías sino que el Mides tiene que darle solución de fondo. Se espera para después de Semana Santa un plan en ese sentido.
En el caso del eje violencia de género y contra los niños el documento plantea “pasar de respuestas fragmentadas a acompañamiento continuo” y habla de “evitar que se pierdan entre instituciones”. Ese es un gran desafío y no se advierte qué se hará para lograrlo.
Esta semana conversé con una jueza de familia especializada que me contó las dificultades que encuentran a la hora de coordinar con los organismos estatales. Me relató que frente aun caso de un niño en situación de vulnerabilidad, una funcionaria del INAU le dijo que “con el Mides no se habla”.
Como te decía hace dos semanas, al hablarte del trágico asesinato de Jonathan Correa en manos de su padre, el Estado funciona en compartimentos estancos. Si no se logra terminar con esa lógica de chacras, es difícil que el plan dé resultados.
En el eje en el que se plantean mejoras el sistema judicial se habla de la necesidad de tener "mejor coordinación entre policía, fiscalía y justicia”, donde también ocurre que no se hablan. La misma jueza de Familia me contaba que, en su opinión, cuando hay derechos vulnerados hay un delito por parte de los adultos responsables a cargo de esos menores. Por eso, dijo que da cuenta a la Fiscalía para que investigue esos posibles delitos, pero rara vez tiene una respuesta.
Dentro de ese capítulo se proyecta impulsar alternativas a la prisión y justicia restaurativa, que implica que una persona con consumo abusivo que comete un delito no tan grave, reciba como pena tratamiento en lugar de la cárcel. Ese proyecto que Negro ha mencionado en varias entrevistas es impulsado por el diputado suplente colorado Rodrigo Martínez, un penalista con quien Negro ha compartido cátedra en la UDE y a quien conoce bien, pese a no ser del mismo partido.
El otro gran desafío son los recursos económicos. Si bien Rojido aseguró que se trata de hacer un mejor uso de los recursos que ya están, es sabido que sin plata no se puede adquirir la tecnología ni destinar recursos, máxime cuando el Presupuesto se votó sin que estuviera finalizado el plan.
En ese sentido, se insiste en que se incorporarán 2.000 nuevos cargos de policías para fortalecer el patrullaje en las calles, lo cual resulta engañoso ya que no fue contemplado en la ley presupuestal. Cuando le preguntaron a Rojido este viernes en Esta boca es mía (Canal 12) respondió que “va a haber 2.000 policías” aunque no supo decir si serían cargos nuevos o llenado de vacantes. Dijo que eso es una “lectura política” que no le compete.
También se requieren recursos para la tecnología. El ministro dijo en Radio Sarandí que se colocarán 27 pórticos arco con cámaras de reconocimiento facial, que toma de frente al conductor, lee la matricula y capta el número de celular que lleva esa persona. Se desconoce si esos equipos ya fueron adquiridos o se comprarán, y de dónde saldrá el dinero.
Por último, el plan incluye fases de implementación, lo cual es una buena manera de evaluar y medir el cumplimiento. En ese sentido, propone a corto plazo, entre 2026–2027, contener violencia y delitos graves y proteger casos críticos; a mediano plazo (2028–2031) desarticular redes criminales y mejorar la coordinación institucional, y a largo plazo (2032–2035), tarea que le quedará al próximo gobierno, consolidar prevención y sostener los resultados.