La decisión más importante que la ciudadanía tiene que tomar en octubre no es la de votar a Fulano o a Mengano para la presidencia de la república, sino la de aprobar o no aprobar la reforma constitucional en materia jubilatoria que propone el Pit-Cnt.
Es sabido que la propuesta de la central obrera consiste en incrustar en la Constitución que la edad de jubilación será 60 años; que ninguna jubilación o pensión será inferior al salario mínimo nacional; que se eliminan las AFAPs y se confisca el dinero de los trabajadores que hasta hoy ellas administran (unos 22.000 millones de dólares, aproximadamente), para aportarlo a un fideicomiso cuyo beneficiario no se determina en el texto a plebiscitarse.
Si la reforma propuesta resulta aprobada, al otro día crecerá el déficit del BPS, ya que deberá aumentar las jubilaciones y pensiones cuyo monto sea inferior al Salario Mínimo Nacional, hasta igualarlo. Se estima que el mayor gasto por este concepto sumaría entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, lo que agravaría el ya existente desequilibrio de las cuentas públicas y comprometería la calificación crediticia del país. Por supuesto que otra consecuencia de esta disposición sería que los futuros gobiernos pongan el pie sobre el Salario Mínimo Nacional, para frenar el aumento del gasto en jubilaciones y pensiones.
Deshacer la reforma de la seguridad social que se votó el año pasado (ley 20.130) para volver a la jubilación a los 60 años, producirá en el mediano plazo un aumento en la cantidad de jubilados. En una sociedad en la que la expectativa de vida supera ya los 70 años y en la que cada año nacen menos niños y mueren más personas que las que nacen, el resultado será que una población activa cada vez menor deberá sostener por más tiempo a una población pasiva cada vez mayor. En algún momento habrá que aumentar los impuestos para reducir, al menos, el desequilibrio, lo que sumará un nuevo incentivo a la emigración de los más jóvenes.
La abolición de las AFAPs y la confiscación de los fondos de los trabajadores que ellas administran dinamitará la seguridad jurídica que hasta hoy es una de las fortalezas del Uruguay y una de las pocas razones por las que un país de tres millones y medio de habitantes puede atraer inversiones de montos significativos. El texto a plebiscitarse no dice quién será el beneficiario -o sea, cuál será el destino- del fideicomiso que se constituirá con dichos fondos; deja el punto librado a lo que disponga la ley reglamentaria de la norma constitucional, lo que también genera incertidumbre.
Si el gobierno que se elija a fin de año, cualquiera sea, tiene que enfrentarse a la situación que resulte de la aprobación de la reforma del Pit-Cnt, poco o nada podrá hacer por la primera infancia, la salud mental, la educación o cualquier otro de los temas que los programas que florecen en la primavera electoral postulan como prioritarios. La prioridad absoluta será evitar el colapso del BPS y las finanzas públicas. Y corregir el gravísimo error no será fácil, no solo porque no es fácil reformar la Constitución sino también porque la confianza en la seguridad jurídica de un país se puede perder en un día pero no se recupera de igual modo.
Hay quienes le restan importancia a este plebiscito porque tanto la Coalición Republicana como Yamandú Orsi y los sectores que en el FA respaldaron su precandidatura han dicho que no lo apoyan. No alcanza para estar tranquilos. La reforma compromete al país pero ofrece ventajas individuales -los 60 años, el mínimo jubilatorio equivalente al Salario Mínimo Nacional-, en una época en la que el individualismo es mucho más fuerte que el sentimiento de responsabilidad por el destino colectivo.
Hicieron muy bien lo candidatos de los partidos que integran la Coalición Republicana en suscribir, a propuesta del Partido Independiente, una declaración conjunta en contra de la reforma que impulsa el Pit-Cnt. Este plebiscito compromete el futuro del Uruguay, y la decisión que al respecto se adopte en octubre hará sentir sus consecuencias por muchos años.
