—Presidente, ¿cómo ve su relación con América Latina y Brasil? —pregunta una periodista brasileña.
—Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. Nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan. Todo el mundo nos necesita —responde el actual presidente de Estados Unidos.
Cortinas amarillas, casi doradas. La bandera estadounidense de pie. Un escritorio de madera tallado. Una oficina ovalada. En el medio, Donald Trump sentado, tras haber firmado una serie de órdenes ejecutivas en el primer día de su segundo mandato como presidente.
Es que para Estados Unidos, “América Latina es el patio trasero, el backyard ”, dice Andrés de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, sobre las relaciones de Washington con la región. Sin embargo, controlar esa zona es fundamental para evitar problemas de seguridad.
“Estados Unidos no combate nada, protege su hegemonía. Y eso tiene distintos tintes en distintos países”, agrega De Castro.
La asistencia exterior es una de las herramientas que Estados Unidos emplea para promover sus intereses y objetivos de política en América Latina y el Caribe.
En el 2024, la administración de Biden solicitó casi 2.500 millones de dólares en asistencia extranjera para América Latina y el Caribe en cuentas administradas por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa suma fue 427,3 millones de dólares (20,9%) más que el monto estimado asignado a la región en el año fiscal 2023.
La solicitud de presupuesto para el año fiscal 2024 de la administración también incluyó 52 millones de dólares para la Fundación Interamericana (IAF), una agencia independiente del gobierno estadounidense que apoya el desarrollo de base en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, “es importante poner en perspectiva cuánto se va a América Latina en comparación con otras partes del mundo. En realidad, a lo sumo el 3% o 4% va a América Latina en este momento. Así que hay que comenzar con ese porcentaje para entender que, aunque obviamente Estados Unidos está asignando una buena parte de su presupuesto, sigue siendo limitado cuando lo ponemos a escala global”, explica Debbie Sharnak, profesora adjunta de Historia y Estudios Internacionales en la Universidad de Rowan.
La mayoría del financiamiento que destina Estados Unidos se ha volcado en Ucrania de forma más reciente, pero también de forma histórica ha ido a Israel y Egipto. “Aunque a principios de la década del 2000 y 2010 Afganistán e Irak y otros países de Oriente Medio también fueron grandes receptores”, agrega.
Entonces, si el financiamiento extranjero es solo alrededor del 0,3% del PBI de Estados Unidos, lo que destina efectivamente a América Latina “es bastante limitado”, comenta.
Según un documento publicado por el propio Congreso de Estados Unidos, durante la última década, las principales prioridades de financiación de Estados Unidos para la asistencia extranjera en América Latina han incluido abordar las causas de la migración desde América Central, combatir la producción de drogas y apoyar la implementación del acuerdo de paz en Colombia, y fortalecer la seguridad y el estado de derecho en México.
Las agencias estadounidenses también han priorizado programas destinados a combatir el VIH/SIDA y fomentar la estabilidad en Haití, abordar las preocupaciones de seguridad en el Caribe y responder a las crisis políticas y humanitarias en Venezuela y su impacto en la región en general.
“Lo que está claro es que en los países con los que compartimos fronteras necesitamos que haya una estabilidad y necesitamos de una relación muy buena para poder influir en la política interna y exterior de ese estado con el que compartimos frontera”, explica De Castro.
Esas son las llamadas buffer zones, zonas neutrales que permiten a los países amortiguar y no tener frontera directa con sus enemigos, o los que ponen en riesgo su seguridad.
Del total de la asistencia financiera hacia América Latina, “la asistencia militar es en realidad bastante pequeña. La mayor parte se destina a la ayuda en desarrollo y, luego, va la ayuda humanitaria”, analiza Sharnak.
Según Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, la razón por la que EEUU destina esa ayuda tiene que ver con “un interés humanitario global más amplio en hacer el bien y aliviar el sufrimiento donde se encuentra”.
Pero, argumenta, que también tiene que ver con que “América Latina está estrechamente conectada con Estados Unidos y las condiciones en la región nos afectan a través de los flujos de drogas, a través del crimen organizado, a través de la inmigración”.
En 1964, la filósofa americana Ayn Rand publicó La virtud del egoísmo, donde desarrolló la idea de que siempre hay egoísmo en las acciones humanas, independientemente de la bondad o altruismo aparente detrás del acto, ya que cada individuo actúa en función de sus propios intereses y valores racionales.
"El logro de la propia felicidad es el único propósito moral de la vida del hombre, y que la felicidad —no el dolor o la autoindulgencia ciega— es el resultado de la lealtad a los valores racionales", escribió allí.
Y eso se asemeja bastante a las razones detrás del financiamiento de Estados Unidos a América Latina, a su "patio trasero", a los países que, sobre todo, son vistas como una amenaza en términos de narcotráfico y migración. De Estados Unidos al continente que ahora negocia con China.
“El grado en que se trata de hacer el bien frente al interés propio depende, creo, del político con el que estés hablando”, agrega Ellis.
“Cuando se miran los datos está claro que Estados Unidos tiene ciertas preocupaciones sobre América Latina y el Caribe, incluida la migración de personas indocumentadas a Estados Unidos. Así que gran parte se centra en eso, y es por eso que una gran proporción de la asistencia va a Centroamérica, porque esa es una de las fuentes de migración”, explica Anthony Pereira, director del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
La propuesta presupuestaria del Gobierno para el año fiscal 2024 para la región siguió priorizando los esfuerzos para frenar la migración irregular. El gobierno solicitó al menos 945,8 millones de dólares para continuar la implementación de la Estrategia de los Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central, 275 millones de dólares más (41%) que la asignación estimada para el año fiscal 2023 para América Central.
El Gobierno también solicitó 51,4 millones de dólares para un nuevo Fondo de Oportunidades de Asociación para las Américas destinado a apoyar la gestión de la migración en toda América Latina y el Caribe. En octubre de 2023, el Gobierno solicitó 1.250 millones de dólares adicionales de asistencia extranjera suplementaria de emergencia para responder a la migración irregular en la región.
Entre otras prioridades regionales para el año fiscal 2024, el Gobierno solicitó 444 millones de dólares para Colombia para apoyar los esfuerzos antinarcóticos, la implementación del acuerdo de paz y la integración de los migrantes venezolanos; 291,5 millones de dólares para Haití para restablecer las instituciones democráticas, mejorar la seguridad y abordar los desafíos económicos y de salud; 111,4 millones de dólares para México para fortalecer el estado de derecho y combatir las drogas ilícitas; y 64,5 millones de dólares para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).
Estados Unidos se “centra en algunas externalidades o algunos efectos de ser vecino de la región que considera negativos, incluyendo un gran número de migrantes indocumentados y drogas, y también el colapso de regímenes. Venezuela es otra área donde hay bastante dinero con el que lidiar, básicamente para ayudar a los países vecinos a lidiar con la afluencia de venezolanos”, explica y agrega: “No se trata de financiar una visión positiva a 10 o 15 años, sino de resolver problemas inmediatos como la migración y las drogas”, explica.
Según el análisis de Pereira, se trata de una “agenda negativa”, orientada a solucionar lo que para Estados Unidos son problemas actuales más que a planificar políticas de largo plazo en la región.
Es financiamiento económico, por un lado, y militar, por el otro, según la página de Foreign Assistance de Estados Unidos. Pero, según Sharnak, están interconectados. “El financiamiento estadounidense a menudo busca abordar las causas fundamentales de la migración y del narcotráfico, como el desarrollo económico y la seguridad. Por ejemplo, en Colombia, una parte significativa de los fondos se utiliza para el desminado, con el objetivo de recuperar tierras para la agricultura y alejar a las comunidades de economías ilegales”, explica.
Eso hacen iniciativas como las de USAID, que abordan problemáticas más estructurales, como la pobreza y la desigualdad, aunque muchas veces están vinculadas a intereses estratégicos.
“Desde el alivio de la pobreza hasta la capacitación empresarial y la creación de democracias resilientes, los programas buscan reducir flujos migratorios y limitar la influencia de actores externos como China y Rusia. Sin embargo, el grado de enfoque en el bien común frente al interés propio varía según la administración y el contexto político”, dice Sharnak.
Y agrega que “gran parte de la asistencia militar en América Latina, particularmente desde los años 70, ha estado vinculada al combate del narcotráfico, con programas de capacitación y apoyo logístico”.
De Castro explica que durante la Guerra Fría (1945-1989) el enfoque de Estados Unidos estaba en combatir el comunismo: “Obviamente los comunistas tratan de conectar con los partidos comunistas de la región y Estados Unidos responde fomentando gobiernos militares como el de Uruguay, el Chile de Allende y después Pinochet o Argentina”.
En el reporte de “Asistencia exterior de Estados Unidos a América Latina y el Caribe: asignaciones para el año fiscal 2024”, del propio Congreso, se lee: “Los responsables políticos estadounidenses han hecho hincapié en diferentes intereses estratégicos en la región en distintos momentos, desde la lucha contra la influencia soviética durante la Guerra Fría hasta la promoción de la democracia y los mercados abiertos, así como la lucha contra los narcóticos ilícitos, desde la década de 1990”.
Durante esos años la lucha fue contra el terrorismo y el narcotráfico y las llamadas “nuevas guerras”, según la académica británica Mary Kaldor, también fomentado por el ataque terrorista del 11 de setiembre de 2001. Son las “amenazas a las que se enfrentan los estados que vienen de actores no estatales”, desarrolla.
A partir de 2014, se recuperó el principio de la importancia de los enemigos estatales y el mundo comenzó a regirse por una “multipolaridad”. “Hablamos de la competencia por la hegemonía, en una hegemonía en la que no hay un solo actor”, dice y ejemplifica con países como China y Rusia, pero también con “actores menores” como Brasil, India, Japón, Alemania.
“Todo el mundo luchando por tratar de influir y que a su país le vaya mejor. ¿Estados Unidos trata de boicotear eso? Obviamente”, agrega.
Según Pereira, gracias a eso es que existe una contradicción en la política económica de Estados Unidos hacia la región. “Mientras que las políticas económicas buscan mantener la supremacía económica de Estados Unidos, las brechas de desigualdad entre América Latina y EEUU persisten. Por ejemplo, el PBI per cápita estadounidense sigue siendo siete veces mayor al promedio latinoamericano, una diferencia que impulsa la migración hacia allí”.
Aunque es cierto que todo depende del gobierno de turno y de la organización que financia. “Dependiendo de quién esté en la Casa Blanca, cambian un poquito las prioridades del país. El presidente Trump va a poner muchísima más importancia en la migración, que no ha sido la gran prioridad para la administración Biden. Ha habido muchísimas deportaciones, sí, pero el presidente Trump quiere poner más énfasis en el tema migratorio”, dice.
“Al ser una superpotencia, el mundo entero es su lugar de acción”, dice De Castro sobre Estados Unidos. En América Latina, desde 2013, Colombia, México y algunos países de Centroamérica han encabezado consistentemente la lista de países más financiados por Estados Unidos, tanto en asistencia militar como económica.
Eso se debe, en parte, a que “la urgencia de los problemas que afectan a esas regiones sigue siendo significativa, pero no es tan inmediata como la de aquellos países cuyos flujos de drogas e inmigración estaban directamente conectados con los Estados Unidos”, explica Ellis.
Aunque no es solamente quién da. También es quién recibe.
Pereira destaca que algunos países han pasado a ser menos dependientes de la asistencia estadounidense debido a su propio desarrollo económico. “En los años 60, Brasil recibía el 40% de los fondos de la Alianza para el Progreso, pero hoy las cifras son mínimas en comparación con la magnitud de su economía”, señala, y apunta que para muchos países en la región la ayuda estadounidense es más simbólica que decisiva.
Países de ingreso medio como Chile, Uruguay, Argentina o Brasil, “es como que se graduaron, si se puede usar esa expresión. Han pasado de ser países que recibían asistencia extranjera, y que eran receptores muy importantes de ayuda extranjera, a países que son más importantes ahora como proveedores de asistencia a otros países”, agrega Pereira. El nombre es otro: no se considera asistencia al desarrollo en el extranjero, sino más bien se le llama cooperación.
Según Sharnak, los países más financiados en América Latina se posicionan allí debido a problemas críticos para Estados Unidos como el narcotráfico, la inseguridad y la migración.
En el caso colombiano, gran parte del financiamiento tiene sus raíces en el Plan Colombia, una iniciativa de ayuda exterior y cooperación militar de Estados Unidos, lanzada en 1999 bajo las administraciones de Bill Clinton y Andrés Pastrana, y oficialmente implementada en el año 2000.
Sus principales objetivos eran combatir la producción y el tráfico de drogas, fortalecer las fuerzas de seguridad y militares de Colombia, y promover el desarrollo económico y social. El plan se centró en erradicar los cultivos de coca, desmantelar los carteles de droga y reducir la influencia de grupos insurgentes como las FARC.
Previo al Plan Colombia, la lucha estadounidense contra los narcóticos se centraba además en Bolivia y Perú. Acompañado por la guerrilla contra las FARC en Colombia, y después de 2001 el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono en los Estados Unidos, la relación “evolucionó hacia una cooperación antiterrorista más activa”, explica Ellis.
“A lo largo de los años vimos resultados positivos y encontramos un socio dispuesto a trabajar con nosotros en la definición de su necesidad. Y así, en muchos sentidos, creo que esa relación creció. Creció debido al éxito, creció debido a nuestra interacción con los colombianos y se convirtió en algo muy grande”, agrega.
Colombia “es un país de primer orden en lo que respecta al tráfico de cocaína”, explica Pereira, pero también lo es México."Estados Unidos invierte en las fuerzas armadas mexicanas para enfrentar problemas como el tráfico de fentanilo y la violencia de los cárteles, además de colaborar en la gestión de la migración desde Centroamérica", señala.
“El éxito del Plan Colombia estuvo ligado a nuestra propia necesidad de ayudar a los mexicanos”, explica Ellis y agrega que “con México había una sensación de que, debido a su proximidad, teníamos que dar mucho, pero también debido al Plan Colombia necesitábamos un tipo de programa similar. Así que fue el ejemplo colombiano, la proximidad, y la urgencia”.
De allí viene el Plan Mérida, inspirado en el modelo colombiano. Fue un acuerdo de cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México lanzado en 2008 durante las administraciones de George W. Bush y Felipe Calderón. Su principal objetivo era combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y mejorar la seguridad en México y la región.
“Una de las cosas que estaban convenciendo a los mexicanos de hacer en los últimos años es también asegurar la frontera sur de México para que los migrantes que vienen de Centroamérica sean tratados dentro de México y no pasen por México y lleguen a la frontera con Estados Unidos”, ejemplifica Pereira.
Es que “esa región en Centroamérica es un motor de la emigración” para Estados Unidos, causada en parte por la inseguridad y en parte por la violencia. El financiamiento hacia Guatemala también tiene que ver con eso, con ser el país previo a México en términos de frontera. El buffer zone del buffer zone.
“Muchos de los inmigrantes que están llegando a través de México vienen de Guatemala y de El Salvador, por lo que Estados Unidos está mirando a Guatemala como un socio para frenar la crisis migratoria”, explica Sharnak.
Todo poder hegemónico que está cayendo se siente amenazado por los que están tratando de tener mayor poder, “es normal”, dice De Castro. Y, en una época multipolar, “Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de China en América Latina. Este cambio estratégico responde a la expansión de Beijing en la región a través de inversiones, préstamos y proyectos de infraestructura que, según Washington, podrían poner en riesgo su influencia histórica”, agrega.
Según Ellis, la preocupación de Estados Unidos no solo recae en los aspectos económicos, sino también en las implicaciones tecnológicas y de seguridad que acompañan la presencia china.
Tanto es así que, que el Congreso de Estados Unidos decidió prohibir TikTok debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional y la protección de datos de los usuarios. La medida, que debía entrar en vigencia el 19 de enero pasado, pero fue postergada por Trump, exige que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, venda sus operaciones en EEUU a una entidad no china.
Es que Washington observa con inquietud los proyectos chinos relacionados con telecomunicaciones, infraestructura estratégica y la formación de redes de influencia política que “puede permitir que regímenes autoritarios, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también otros regímenes vayan en una dirección preocupante, como el de Honduras, por ejemplo, o Bolivia”.
En respuesta, Estados Unidos ha buscado alternativas para competir. Desde la creación de mecanismos de financiamiento como la Corporación Financiera de Desarrollo hasta el refuerzo de programas de USAID, “que también tiene una nueva organización dentro enfocada en la misión contra-China”, explica Ellis.
El objetivo, a nivel oficial, es, a través de la asistencia, ayudar a estructurar los países para que sean menos vulnerables no a China, sino a las “prácticas más depredadoras de China”, aclara.
La estrategia, según Pereira, es señalar a los gobiernos latinoamericanos que las conexiones económicas con China tienen implicaciones geopolíticas y que tal vez quieran pensar en las implicaciones geopolíticas.
“Creo que el problema con la estrategia desde el punto de vista de Estados Unidos es que no necesariamente siempre tienen sustitutos plausibles para la inversión que viene de China, la tecnología, los préstamos, etc., simplemente debido a la naturaleza de la economía estadounidense. Es una economía que tiene un déficit comercial masivo. No está generando el tipo de excedentes que generaba hace décadas. Y por eso no puede competir dólar por dólar con China. Tiene que usar otros argumentos. Y creo que a veces se vuelve ideológico y luego, si es ideológico, es muy difícil negar el poder de los argumentos económicos”, explica.
El propio Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump, defendió los aranceles impuestos a China como una medida para contrarrestar prácticas comerciales desleales, como los subsidios estatales a empresas, la manipulación de su moneda y la acumulación de grandes reservas.
Y, de la misma forma que durante la primera presidencia de Trump combatir el avance chino fue una prioridad, probablemente también vaya a serlo a lo largo de su segundo mandato.
Según Sharnak, durante el primer mandato de Trump (2017-2020) se observó un aumento en la ayuda a ciertos países clave que compartían objetivos específicos con su administración, como la contención de la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, este financiamiento no se limitó a cuestiones de seguridad inmediata. "Gran parte de la retórica de Trump hacia América Latina se enmarcó como un esfuerzo por contrarrestar a China, recordando la lógica de la Guerra Fría de 'con nosotros o contra nosotros'", explicó.
El primer día de su gobierno, lo dejó en claro.
Firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando una gestión inadecuada de la pandemia de COVID-19 y una supuesta influencia política indebida de China en la organización.
Y, durante su discurso inaugural, reiteró su intención de "recuperar" el Canal de Panamá, argumentando que las tarifas impuestas a los barcos estadounidenses son "exorbitantes" y que China ejerce una influencia indebida sobre la vía interoceánica.
Sin embargo, argumenta Sharnak, "los países de la región, habiendo establecido lazos más estrechos con China y otros socios globales, están ahora menos dispuestos a tolerar las demandas unilaterales de Estados Unidos."
La relación entre Estados Unidos y América Latina en términos de asistencia económica y militar no solo responde a prioridades estratégicas, sino también a los contextos políticos de los países receptores y sus gobiernos en turno.
Aunque la influencia de la ideología no es determinante en todos los casos, sí desempeña un papel significativo cuando entra en conflicto con los intereses fundamentales de Washington.
El tipo de ayuda y su continuidad pueden variar en función de las circunstancias políticas locales. Un ejemplo es Venezuela, donde la distribución de asistencia humanitaria se convirtió en un dilema político, explica Ellis. “Durante la administración de Trump, insistir en que la ayuda pasara por organizaciones neutrales chocó con la negativa de Maduro a permitirlo, lo que llevó a que esta no llegara a nadie en muchos casos”, dice. Y lo mismo durante el gobierno de Obama, donde “hubo una renuncia a trabajar con Honduras debido a algunas formas en que lo utilizaban”.
Sin embargo, aclara Ellis, los recortes de financiamiento en este sentido tienen más que ver “con la asistencia militar que con la ayuda humanitaria. Por lo general, la ayuda humanitaria continúa”, aunque sea a través de terceros.
La crisis venezolana ha llevado a la implementación de formas alternativas de financiamiento, donde terceros actores, como las Naciones Unidas y ONG internacionales, han desempeñado un papel central en ofrecer apoyo a la población afectada por la crisis sin empoderar al régimen.
Sin embargo, este modelo no está exento de tensiones. Ellis señala que los gobiernos autoritarios, como el de Venezuela, suelen considerar a las ONG como una amenaza, acusándolas de actuar como vehículos de espionaje o interferencia extranjera. Estas restricciones limitan la capacidad de las organizaciones para operar, complicando la distribución de la ayuda. "Aunque Estados Unidos utiliza a las ONG para promover la democracia y los derechos humanos, los regímenes las ven como una quinta columna que trae dinero que no controlan", comenta.
El financiamiento a través de terceros actores no solo es una estrategia para sortear las limitaciones impuestas por los regímenes autoritarios, sino también una herramienta diplomática. Según Ellis, este modelo permite a Estados Unidos avanzar en sus objetivos políticos, como el fortalecimiento de la oposición y la promoción de derechos humanos, sin comprometerse directamente con el gobierno en turno.
En otros casos, las preferencias ideológicas de Estados Unidos parecen jugar un papel más evidente. Para De Castro, los gobiernos de izquierda tienden a generar mayor fricción con Washington, especialmente si sus políticas afectan intereses clave, como ocurrió con la nacionalización del cobre en Chile durante el gobierno de Allende.
Aunque esta tensión suele estar limitada a cuestiones estratégicas: “Se toleran ciertos espacios y ciertas expresiones, sobre todo en América Latina, a nivel discursivo” mientras los flujos de inversión y comercio no sean interrumpidos.
Es que el panorama multipolar es más complejo. Los nuevos actores, como China, han complicado la relación de Estados Unidos con gobiernos que intentan diversificar sus alianzas económicas. “La proliferación de alternativas ha llevado a muchos países a negociar con ambos lados, evaluando quién ofrece mejores términos”, dice De Castro.
Esto crea un equilibrio inestable en el que las ideologías de los gobiernos latinoamericanos juegan un papel, pero en última instancia, los intereses económicos y estratégicos parecen ser el factor decisivo.