Quedan menos de cinco meses. Carne, soja, celulosa, madera (y sus derivados) deberán certificar que fueron producidos sin deforestar para poder ingresar a los 27 países de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2025. Y para cruzar la aduana en ese momento deberán cerrar el proceso de certificación bastante antes. Los tiempos apremian.
Alrededor del 70% de lo que la UE importa desde Uruguay está afectado por el nuevo reglamento de cero deforestaciones. En 2023 fue el tercer destino de las exportaciones uruguayas de bienes con US$ 1.850 millones, particularmente celulosa (46%), carne (18%), madera (4%) y soja (1%).
Mientras se suman los cuestionamientos, declaraciones de rechazo y pedidos de prórroga ante la Comisión Europea, los exportadores se preparan a contrarreloj para estar en condiciones de mantener los flujos comerciales cuando la reglamentación 2023/1115 entre en vigor.
“Aunque no estemos de acuerdo con esta normativa esto no nos va a inmovilizar (…) somos socios comerciales y como país exportador debemos estar ajustados a las normas internacionales”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
En este sentido, la plataforma de certificación de cadenas libres de deforestación que prepara Uruguay será un “bien público” al que “accederán gratuitamente todos los productores que cumplan con los requisitos”, afirmó el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Guido Machado.
“La Junta de INAC ha tomado la posición de trabajar para solucionar este tema y llegar con las certificaciones correspondientes para que ningún productor del Uruguay se vea imposibilitado de exportar al mercado europeo, que es el que mejor cotiza las carnes a nivel global”, dijo Machado en Tiempo de Cambio de Radio Rural.
En 2023 Uruguay exportó 46.308 toneladas de carne vacuna a la Unión Europea por US$ 343 millones a un promedio de US$ 7.400 por tonelada, casi el doble que el precio promedio de las exportaciones.
Se destacan los envíos de cortes de alta calidad dentro de la Cuota Hilton. En el ejercicio 2023/24 Uruguay fue el país que alcanzó un cumplimiento mayor de este cupo a nivel mundial, con 5.592 toneladas, el 99,8% de las 5.606 asignadas, con una referencia de US$ 13.500 por tonelada.
Con fondos de INAC y una solución informática para la cual se abrirá un llamado a la brevedad, el sistema está siendo diseñado por INAC junto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Plan Agropecuario. El objetivo es construir un sistema de valor agregado ambiental a la producción agropecuaria que permita cumplir con las exigencias europeas.
Las gestiones de Uruguay para declarar al país libre de deforestación y que automáticamente quedaran certificadas sus exportaciones bajo este rótulo “no han prosperado”, dijo el vicepresidente de INAC.
Es que Uruguay, a diferencia de sus socios del Mercosur -particularmente Brasil- tiene un historial limpio en cuanto a deforestación. Es un país de riesgo muy bajo de deforestación, menor al 1% en todos sus procesos, afirmó el titular de la Dirección General Forestal del MGAP, Carlos Faroppa.
Uruguay tiene información sobre el bosque nativo desde que la Ley Forestal de 1968 promovió su custodia mediante la exoneración de impuestos a las tierras sobre áreas con forestación nativa.
Se suma a esto la información reunida por la Dirección de Recursos Naturales del MGAP en la última década que surge de los Planes de Uso y Manejo del Suelo. El país cuenta con un relevamiento fotográfico y satelital de las forestaciones, tanto plantaciones de forestación comercial como el monte nativo. En los últimos 55 años el área cubierta con monte nativo creció al menos 25% de acuerdo a estos datos.
Otra fortaleza es el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), que incluye la trazabilidad obligatoria de todo el rodeo bovino nacional mediante caravanas con chips. Machado manifestó que este sistema “único en el mundo” es fundamental y “nos va a solucionar un gran problema”.
Todos estos datos nutrirán la plataforma de certificación, junto a la información fiscal y social de los titulares de los padrones. El objetivo es elaborar un sistema de certificación, “simple y robusto, fácilmente auditable por organismos del país que sea”, consideró el vicepresidente de INAC.
Por otro lado, los productores y exportadores pueden contratar a su costo certificadoras privadas. La empresa Mosaica que exporta carne Angus a Europa bajo la marca Sol Dorado concretó en junio el primer embarque con sello libre de deforestación con sello de la certificadora LSQA.
Celulosa y madera
La industria de la madera y la celulosa está bien posicionada para cumplir con la nueva normativa, ya que el 90% de las plantaciones forestales de 1,3 millones de hectáreas tiene certificaciones previas en base a georreferenciación y geolocalización de los lugares de origen de la madera, acompañadas de una evaluación para confirmar la ausencia de deforestación desde 2020 hasta la fecha actual.
La cadena hizo este año los primeros embarques de productos libres de deforestación certificados por el MGAP. Portugal recibió un embarque de chips de madera. El otro caso tiene una particularidad estratégica: se exportó madera aserrada a Estados Unidos con certificación válida para la Unión Europea previendo que esa materia prima podría ser empleada para fabricar productos con destino a Europa, una operación que requeriría documentación de su origen libre de deforestación.
Rechazo y pedidos de prórroga
Durante la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) la semana pasada en la Expo Palermo de Buenos Aires, los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración solicitando a la Comisión Europea que postergue la implementación de la nueva reglamentación.
En el mismo ámbito la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) hizo una declaración en contra de la puesta en práctica de esta reglamentación que “limita el comercio e impone mayores costos a los productores.”
“Pasamos de las barreras sanitarias de la carne a las barreras ambientales que no respetan la soberanía de las regulaciones de los países, impuestas de un solo lado sin ámbito de negociación”, dijo el presidente de la ARU, Patricio Cortabarría, que integra la directiva de FARM.
También Estados Unidos y Australia han solicitado una prórroga en la puesta en vigor, argumentando que no están preparados para cumplir con la normativa. Incluso dentro de la Unión Europea algunos países tienen dudas acerca de la posibilidad de poner en práctica las nuevas obligaciones.
Si bien Uruguay se ha sumado institucionalmente y desde el sector productivo contra lo que considera una barrera paraarancelaria al comercio, objetivamente podría tener ventajas respecto a sus competidores. Y menos dificultades que otros países para cumplir.
“¿Por qué no estamos de acuerdo con la normativa 2023/1115? Porque entendemos que va a burocratizar y va a encarecer… sin resolver los problemas del cambio climático con los que tanto Europa como Uruguay están comprometidos”, ha dicho el ministro Fernando Mattos.
