El espectáculo televisivo uruguayo del pasado domingo por la noche fue triste como la niebla que afecta a Montevideo en estos días de mayo. Para beneplácito de los programas sensacionalistas, los ratings de audiencia fueron pulverizados, y como era de esperar, el lunes por la mañana fue el tema de conversación principal en todas las oficinas del país.
Todos los elementos estaban presentes para el escándalo perfecto: el desmentido de una denuncia de una mujer trans llamada Paula Díaz hacia un posible candidato presidencial, implicándolo en un incidente sexual no consumado que supuestamente habría finalizado con violencia física en el Parque Roosevelt hace diez años, y que se dio a conocer en plena campaña electoral.
Sin embargo, la terrible trama de la falsa acusación por agresión contra el precandidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, chocó de frente contra la verdad. Todo había sido inventado por la mente siniestra de Romina Celeste Papasso, quien supuestamente instigó a otra persona a mentir para manchar el honor de alguien que no tenía ninguna relación con el asunto, y así entorpecer su carrera política hacia las elecciones presidenciales.
Papasso ya había demostrado un evidente afán de protagonismo mediático a cualquier precio, imitando las peores costumbres de los escándalos que se ven a diario en Argentina. No es de sorprender el desenlace de una historia lamentable por donde se la mire. Por quien fue afectado por la mentira, y por las dos mujeres trans, protagonistas cómplices de una trama falsa. Este incidente no favorece en absoluto las justas causas de la lucha por los derechos de las minorías en Uruguay.
Antes de que el Partido Nacional la expulsara, la militante Romina Celeste Papasso renunció a la colectividad política a la que pertenecía. Lo que queda de esta historia es un rastro de estiércol con personajes de dudosa reputación, chantajistas, mentiras, engaños, medias verdades, conspiraciones y estilos que no deberían tener cabida en la forma republicana de resolver controversias en Uruguay.
Para quienes seguimos de cerca la política uruguaya, fue un alivio saber que la sensación de que estábamos presenciando algo que se salía de los límites razonables del debate político era efectivamente correcta.
Sin embargo, lo insano del episodio es que descolocó a mucha gente. ¿Qué está pasando? ¿Hemos llegado a un punto sin retorno? ¿Es este el camino que nuestros políticos están condenados a transitar para dedicarse a la política? ¿Deberíamos esperar escándalos aún más vergonzosos? ¿El periodismo fuga hacia ese lugar? ¿La vida es como en Gran Hermano?
Nos encontramos a pocas semanas de unas elecciones cruciales para el futuro del país, y en lugar de debatir ideas y propuestas perdimos el tiempo hablando de dos mentirosas a quien los medios colocaron en un pedestal que quizás nunca merecieron. ¿Es válido todo esto? Son cuestiones para las que tengo más preguntas que respuestas. Personalmente creo que no.
La intuición me decía que la denuncia contra Orsi era falsa, pero permanecí en silencio. Lo que quedaba en juego era la "credibilidad" que Papasso había construido al denunciar al entonces senador oficialista Gustavo Penadés, y el surgimiento de graves acusaciones contra él que hasta el día de hoy lo comprometen legalmente.
Cuando Penadés cuestionó el escándalo que Papasso montó en el acto en el que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, recibió al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, muchos estuvimos de acuerdo con él: el estilo de los insultos y las provocaciones que hizo no calza con la forma ni el estilo de hacer política de los blancos ni de ningún partido en Uruguay. Pero nadie más dijo absolutamente nada.
Uno de los grandes peligros de ceder ante los intransigentes es que, al intentar beneficiar con privilegios especiales a unos pocos, se termina perjudicando a las mayorías, lo que a la larga también afecta a esas propias minorías. Mayorías y minorías integran un todo que es la sociedad en la que vivimos y donde todos deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones.
Hasta el momento, nadie ha encontrado la fórmula para mantener una posición política firme al expresar discrepancias leales contra las demandas -o imposiciones- de estos movimientos, sin temor a ser expuestos al escarnio público o ser directamente escrachados.
Recordemos que, tras las denuncias de Papasso, la fiscal Alicia Ghione formalizó a Penadés por once delitos relacionados con la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todos en reiteración real.
El entuerto generado por este lío es de tal magnitud que se cuestiona la credibilidad de algunas de las denuncias contra el propio Penadés, a sabiendas de que en muchas de ellas no tuvo que ver Romina Celeste Papasso. Es válido preguntarse cómo se pudo llegar tan lejos sin pisar el freno.
A raíz del escándalo, esta semana, la Ley 19.580 sobre violencia de género, que entre otras cosas fue aprobada para "proteger" a las mujeres, también resultó fuertemente cuestionada, ya que tanto Díaz como Papasso se escudaron en ella para sostener la mentira contra el candidato del FA.
La Ley en cuestión establece que, ante una mujer víctima de violencia de género, en caso de duda se debe dar crédito a la víctima. Quienes defienden este principio argumentan que no socava el principio de presunción de inocencia, sino que orienta a no descartar las denuncias y a investigarlas. Sin embargo, este criterio es sumamente ambiguo y a menudo permite que se produzcan injusticias que derivan en otros daños también irreparables.
La Asociación de Abogados Penalistas reclamó en estas horas cambiar el proceso penal y ley de violencia basada en género. Por su parte especialistas indicaron que desde que rige esta ley las muertes por violencia a mujeres no solo no disminuyeron, sino lo contrario.
La expresidenta del Frente Amplio Mónica Xavier se sumó a la polémica, instando a las mujeres a luchar por la defensa de esta ley. Tal vez, en lugar de hablar de "lucha", lo sensato sería abrir una instancia de diálogo sin mirar a qué tienda política se pertenece y centrarse en garantizar procesos más justos con mayores garantías para todas las partes involucradas.
Todo el episodio protagonizado por Romina Celeste Papasso y Paula Díaz debería operar como una llamada a la reflexión para todos aquellos que participan del debate público en Uruguay. Lo ocurrido y sus consecuencias debería ser un cartel gigante de No Pasar por una ruta que lleva a un solo lugar: el precipicio.
