De los 353 internos con medida de prisión, 136 tienen entre 18 y 22 años
La cantidad de adultos presos en el sistema carcelario adolescente sigue siendo un problema para las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, que elevarán la discusión al sistema político para revisar las leyes que provocan esta situación.
Según los últimos datos actualizados al 4 de junio y a los que accedió El Observador, 136 jóvenes que están cumpliendo penas en centros de reclusión tienen 18 años o más, lo que implica el 39% de los 353 internados en el Inisa. De ese 39%, la mayoría tiene 18 años (87 internos), 24 jóvenes tienen 19 años, 17 internos tienen cumplidos los 20 años, y después hay seis internos con 21 años, y dos que cumplieron los 22.
Hasta hace poco había un caso de un joven que estaba interno teniendo ya 25 años. Esto era algo que se había previsto que sucedería, por dos motivos. Primero, porque la ley establece que quienes cometen delitos siendo menores deben cumplir su pena en el Inisa, aunque sean identificados y procesados siendo ya adultos. Además, la Ley de Urgente Consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou duplicó el tiempo de condena condena para los adolescentes que cometen delito, y la pena máxima prevista para los casos más graves el lapso de prisión pasó de cinco a diez años. Eso hizo que los menores extendieran su tiempo de permanencia en reclusión. Si cometen un delito a los 17, pueden estar internados en el Inisa hasta los 27, cuando ya son adultos.
“Hay que revisar la legislación”, dijo a El Observador el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, quien señaló que elevará la discusión para plantear soluciones.
Esta situación implica un problema desde todo punto de vista para la Institución. Por un lado, los planes de inclusión están pensados para adolescentes, por lo que no se corresponden con la necesidad de los adultos. Por otro lado, los adultos terminan siendo una mala influencia para los más chicos. También es un problema para los funcionarios, que no tienen la preparación para lidiar con reclusos adultos.
El problema ya ha sido planteado varias veces por la Institución Nacional de Derechos Humanos, tanto en el Parlamento como en sucesivos informes sobre el sistema penal juvenil. Ya en 2023, la Inddhh advertía que con los cambios impuestos en la LUC la brecha de edades dentro del Inisa iba a ir en aumento.
"En las próximas administraciones se va a empezar a visualizar una población que puede tener 24, 25, 26 y 27 años. Para esa situación, el Inisa deberá hacer una nueva propuesta porque de Instituto Nacional Adolescente no va a quedar mucho. En otros países, por ejemplo, pasan a la cárcel de adultos a los 18 años o tienen unos institutos intermedios que van desde los 18 a 25 años", había dicho a El País la cabildante Rosanna De Olivera, a cargo del Inisa en ese entonces. En esa oportunidad se hablaba de la posibilidad de armar mesas interinstitucionales para pensar centros de reclusión específicos para quienes tenían más de 18 años pero debían cumplir penas por delitos cometidos como menores.