Los firmantes denunciaron una “campaña de desprestigio personal” contra la investigadora Leticia Burone
Docentes de la Facultad de Ciencias difundieron un comunicado sobre el convenio firmado entre la institución, la Universidad de la República y ANCAP para relevar la interfase agua-sedimento del fondo marino en el bloque OFF-6, donde empresas petroleras proyectan un pozo exploratorio.
En el texto, los firmantes Leda Sánchez, Sergio Martínez, Gerardo Veroslavsky, Rossana Muzio, César Goso, Gabriela Casanova, Alejandra Kun, Carlos Negreira y Anabel Fernández cuestionaron que el acuerdo sea presentado como una práctica de “secuestro de datos”. Sostuvieron que los convenios de cooperación técnica de la Udelar incluyen cláusulas de confidencialidad desde hace décadas.
Según señalaron, esas cláusulas buscan proteger información estratégica o comercial de la otra parte involucrada. También afirmaron que eso no implicó “jamás la renuncia” de la Universidad a publicar resultados científicos. El comunicado agregó que tampoco supuso la pérdida de la “paternidad académica de los datos” obtenidos.
Los docentes indicaron que el propio convenio establece que la Facultad podrá hacer comunicaciones y publicaciones científicas y añadieron que ANCAP “solo podrá formular observaciones fundadas” para resguardar información confidencial.
Y señalaron que la difusión académica “no se denegará sin causa justificada”, según el texto del acuerdo.
El documento sostuvo que es legítimo discutir si la redacción es la adecuada en materia de información ambiental, pero afirmó que no corresponde presentar el convenio como un hecho inédito en la relación entre la Udelar y ANCAP.
Los firmantes también cuestionaron el tratamiento público hacia la investigadora Leticia Burone en este debate.Señalaron que Burone es docente de la Facultad de Ciencias, investigadora en ciencias del mar y responsable de proyectos sobre el océano uruguayo.
Mencionaron entre esos antecedentes el programa Uruguay SUB200, al que atribuyeron un aporte al conocimiento marino. Según el texto, en lugar de discutir con argumentos el contenido del convenio, se toleró una “campaña de desprestigio personal”.
Los docentes afirmaron que a Burone se le atribuyeron “intenciones espurias” y “falta de ética profesional” sin pruebas concretas. También sostuvieron que en esas críticas se omitió “una trayectoria universitaria y científica” que la respalda.
Para los firmantes, esa situación “no puede considerarse crítica ciudadana” ni “control social”.
En el comunicado, definieron ese tratamiento como “acoso institucional, maltrato y discriminación” hacia una docente universitaria.
Además, afirmaron que ese mensaje opera como un señalamiento hacia académicos que asumen convenios en temas sensibles.
En ese marco, señalaron que el debate debe formularse en términos académicos y sobre documentos concretos.