La que estaba previsto formalmente como la primera jornada del juicio oral contra la excorredora de bolsa Sara Goldring, se transformó en la audiencia de condena, en la que la justicia cerró el caso penal mediante proceso abreviado. Pero antes de que el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante escuchara los detalles del acuerdo al que había llegado la fiscalía con la imputada, surgió un áspero choque entre los representantes de los damnificados. Mientras la Fiscalía y la mayoría de las defensas celebraron el resultado del acuerdo, la abogada Patricia Regules planteó una férrea resistencia que desató acusaciones de "estupor" y "bipolaridad discursiva".
Debido a que la abogada había presentado un escrito en el que pedía que se declarara inadmisible el acuerdo y que se mantuviera el decomiso de fondos, el juez Asteggiante aclaró que antes debía pronunciarse sobre el reclamo de Regules. La representante de un grupo de víctimas planteó que la instancia legal para firmar el acuerdo había precluido con la acusación fiscal —presentada a fines de 2025— o a lo sumo en el control de acusación, etapa que concluyó con el dictado del auto de apertura a juicio oral.
Audiencia de condena de Sara Goldring dirigida por el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante
Foco Uy/ Armando Sartorotti
Asimismo, Regules sostuvo que si bien el proceso abreviado habilita una rebaja de la pena, no debería cercenar el decomiso original de US$ 21 millones solicitado inicialmente por la Fiscalía para reparar el daño. "No veo la lógica de apropiarse de dinero o hacerse de los bienes de la víctima a través de un acuerdo", afirmó, reclamando que se mantuvieran las medidas cautelares sobre las cuentas en el exterior en beneficio de los afectados.
El juez Asteggiante rechazó de plano el argumento y señaló que el Código del Proceso Penal habilita esta vías de resolución hasta antes de que quede ejecutoriada la sentencia, es decir antes de que se pronuncie un tribunal de apelaciones sobre la condena.
Sin embargo, el clima más tenso se vivió con la intervención del fiscal y del resto de los defensores. El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez manifestó su "perplejidad" y "gran confusión" ante el escrito de Regules, remarcando que en una reunión previa en la que la fiscalía convocó a los abogados de las víctimas para informarles del acuerdo, cuando aún no había sido firmado, la abogada no había manifestado reparos. Explicó, además, que se logró que la cifra del decomiso de dinero para devolver a los damnificados se ajustó en US$ 14 millones, dado que a los casi US$ 13 millones que se pagarán como parte del acuerdo que Goldring había propuesto, se sumará US$ 1 millón más que aportará como parte de las negociaciones con la fiscalía.
A la molestia del fiscal se sumaron las críticas de otros abogados. El penalista Eduardo Sasson defendió enfáticamente la labor investigativa de los propios abogados que permitió rastrear las cuentas y advirtió que la postura de Regules carecía de sustento técnico: "Es jurídicamente desatinado que se mantengan medidas cautelares luego de terminado el proceso. La cuestión cautelar deja de tener objeto. Quienes pretendan más deben accionar en la vía civil".
El socio de Sasson, Pablo Donnángelo, fue aún más incisivo al recordar la reunión informativa mantenida días atrás: "Yo escuché a la doctora Regules felicitar a la Fiscalía por este acuerdo. Esta especie de bipolaridad discursiva me fastidia bastante cuando no tiene sustento jurídico". En la misma línea, el abogado Ignacio Durán expresó su "verdadero estupor" por el cambio de postura intempestivo de su colega mientras que el defensor de Goldring Marcelo Domínguez deslizó con dureza que no le sorprendía el planteo ya que "Regules ha convertido en un verdadero arte realizar pretensiones que se fundamentan en la ignorancia o en el desconocimiento pero que son atentatorios contra la ley".
Además, los defensores de Goldring -Dominguez y Gonzalo Fernández- dijeron que es una "falacia" el argumento de que existieran damnificados desamparados, ya que todos los exclientes percibirán el porcentaje acordado en el plan de reestructuración.
La colega Ana Irabedra recordó que en esta audiencia se estaba dirimiendo la responsabilidad penal de Goldring pero que la vía civil está abierta para plantear todos los cuestionamientos que se consideren y opinó que "las víctimas van a estar absolutamente amparadas". Se refería a que el acuerdo en concursal debe ser homologado por la justicia, donde se pueden plantear reparos.
El acuerdo, la condena y los montos que se recuperarán
Superada la hora y media de debate preliminar, el juez dio paso a la lectura formal del acuerdo. La Fiscalía relató el mecanismo por el cual Goldring, como titular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), utilizó de manera inconsulta los fondos de clientes con perfiles conservadores o saldos líquidos en cuentas ómnibus de entidades como Jefferies, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley para cubrir el agujero financiero provocado por operaciones de alto riesgo (venta de opciones "put") ejecutadas sin garantías suficientes.
Fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríuez junto a su equipo, los fiscales adscriptos Agustin Majó y Andrea Graña
FocoUy/ Armando Sartorotti
El fiscal informó a que a julio de 2022 CVM contaba con 479 clientes, de los cuales 353 eran agresivos, 120 moderados, cinco conservadores y uno no contaba con un perfil asignado. A su vez 431 clientes tenían libre administración y 48 se manejaban mediante la emisión de órdenes.
"En el caso de los clientes a los que Goldring decidió incursionar en operativa put, no les requirió la constitución de una garantía para el caso de que el capital que habían invertido no fuera suficiente para cubrir las pérdidas generadas por la operación de venta de las put. Eso arrastró a los que no habían invertido en operaciones put y tenían posiciones en cuentas ómnibus, vieran afectados sus valores", afirmó.
Agregó que "la imputada se apropió en provecho de un tercero de los activos que le fueron confiados y entregados por muchos de sus clientes y si bien no lo hizo en su beneficio particular, no cumplió con las obligaciones de hacer un uso determinado de los mismo o de restituirlos".
Para evitar corridas, dijo el fiscal, Goldring ocultó deliberadamente las pérdidas en los estados de cuenta mensuales entre junio de 2021 y mayo de 2022, derivando en un déficit verificado por el Banco Central del Uruguay (BCU) en US$ 21,4 millones.
Como consecuencia del acuerdo Goldring aceptó su responsabilidad penal en calidad de autora por un delito continuado de apropiación indebida, a cambio de una pena menor a los 4 años que había pedido la fiscalía en la acusación.
Fue condenada a la pena de 24 meses de prisión —reemplazada por el régimen de libertad—. La pena la cumplirá durante los primeros seis meses con arresto domiciliario nocturno (de 21 a 9 horas), luego -durante 12 meses- deberá presentarse semanalmente en la Seccional 13ª y finalmente realizará ocho meses de tareas comunitarias bajo la supervisión de Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama). Durante toda la condena tendrá que fijar domicilio y estar sujeta a los controles de esa oficina.
Asimismo, la justicia ordenó la confiscación de US$ 7 millones (US$ 6,8 millones del banco Jefferies en Nueva York) y US$ 200.000 del Banco República, de cuentas de Goldring, que incluyen el millón de dólares adicional que Goldring deberá entregar a Lideco para alimentar el fondo de pago a los acreedores. Ese monto se suma a los US$ 4 millones que Goldring se había comprometido a poner como parte del acuerdo que se negoció a través de la Liga de Defensa Comercial como interventora de CVM en el marco del juicio concursal, más casi US$ 3 que ya tenía Lideco.
De hecho, según se había adelantado, y se reiteró en la audiencia, Lideco ya pagó el 21% de ese 60% que son esos US$ 2,7 millones a los exclientes de CVM. La adhesión de los damnificados que superó el 82% de los acreedores, fue uno de los elementos que permitió avanzar en el acuerdo penal. El fiscal Rodríguez dijo que tuvo en cuenta para rebajar la pena como atenuante la "reparación del mal" por el acuerdo al que llegó con los damnificados por el que pondrá plata para resarcir a sus excliente .
Con esta sentencia se cierra así en el fuero penal uno de los mayores colapsos bursátiles de los últimos años en el país aunque Regules anunció en la audiencia que apelará el acuerdo.
