La condena se dictó mediante un proceso abreviado, por el que Goldring aceptó los hechos que le atribuyó la Fiscalía y reconoció haber cometido el delito. De esta manera, se cerró el caso penal y quedó sin efecto el juicio oral que estaba previsto que comenzara este martes.
El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y los abogados defensores de Goldring, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez.
Para acordar una pena menor a los cuatro años de penitenciaría que había solicitado inicialmente, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, consideró como atenuante la "reparación del mal", a partir del acuerdo alcanzado con los damnificados. En ese convenio, Goldring se comprometió a aportar dinero de su patrimonio para compensar parte de las pérdidas sufridas por sus exclientes.
Qué pena deberá cumplir Sara Goldring y cuáles son las condiciones de su libertad a prueba
Aunque fue condenada a dos años de prisión, Goldring no deberá ingresar a una cárcel, ya que la pena será sustituida por un régimen de libertad a prueba.
La sentencia establece que deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante seis meses, entre las 21:00 y las 9:00 horas. Además, deberá fijar domicilio y quedar sujeta a la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).
También tendrá que presentarse en una seccional policial durante 12 meses y realizar servicios comunitarios durante ocho meses, a razón de cuatro horas semanales.
Como parte del acuerdo, Goldring se comprometió a aportar US$ 1 millón, que se sumará a los casi US$ 13 millones previstos en el convenio alcanzado con los acreedores.
El acuerdo con los damnificados de Sara Goldring por casi US$ 14 millones
La resolución penal estuvo precedida por un acuerdo con los damnificados de CVM, que permitió avanzar hacia una salida negociada y evitar el juicio.
Junto con la condena, el juez Asteggiante ordenó confiscar US$ 7 millones, de los cuales US$ 6,8 millones corresponden a cuentas del banco Jefferies y otros US$ 200.000 a una cuenta del Banco República (BROU). Estos últimos fondos ya estaban embargados por disposición judicial.
A ese monto se sumará US$ 1 millón adicional que deberá aportar Goldring, quien tendrá que transferirlo a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) para su posterior distribución entre los exclientes de la corredora.
Estos fondos forman parte del esquema de resarcimiento previsto en el acuerdo alcanzado con los damnificados, que contempla la devolución de casi US$ 14 millones.
El Acuerdo Privado de Reorganización (APR), tramitado en el ámbito concursal, obtuvo la adhesión de casi el 82% de los acreedores, quienes aceptaron las condiciones propuestas para recuperar parte de sus inversiones.
El convenio contempla la devolución de casi US$ 14 millones, incluido el millón adicional que Goldring deberá aportar como parte del acuerdo. La propuesta original preveía devolver a los damnificados el 60% de los activos informados al 31 de diciembre de 2022, que, según el Banco Central del Uruguay (BCU), ascendían a US$ 21,8 millones.
En el marco de las negociaciones ya se habían pagado US$ 2,7 millones a los acreedores. La adhesión de los damnificados fue uno de los elementos que permitió avanzar en el acuerdo penal que culminó este martes con la condena de la exdirectora de CVM.
Por qué fue condenada Sara Goldring: el caso de Custodia de Valores Mobiliarios
Goldring era presidenta y propietaria del 57% de Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A., una empresa que operaba como intermediaria en el mercado de valores bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay.
También presidía United Brokers S.A. Agente de Valores, sociedad de la que poseía el 66%. Cuando el BCU intervino CVM, en julio de 2022, la empresa contaba con 479 clientes.
La investigación penal se concentró en operaciones financieras de alto riesgo conocidas como opciones put, que implican obligaciones de compra de activos a precios previamente establecidos.
Según la acusación fiscal, Goldring permitió que se realizaran estas operaciones sin exigir garantías suficientes para cubrir eventuales pérdidas.
Cuando las inversiones generaron resultados negativos entre 2021 y 2022, se utilizaron fondos y valores de otros clientes de la corredora para cubrir esos saldos, incluidos algunos que no habían participado en las operaciones de riesgo.
En el auto de apertura a juicio, la Fiscalía sostuvo que esa situación provocó que clientes que no habían invertido en opciones put vieran afectados sus activos.
"Lo anterior condujo a que otros clientes de CVM que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieran afectados sus valores, ya que los mismos fueron utilizados en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes que sí habían invertido en la señalada opción, por el manejo riesgoso que en ese aspecto hizo la imputada", señalaba la acusación.
La defensa había pedido la absolución, pero Goldring terminó aceptando los hechos
Antes de alcanzar el acuerdo con la Fiscalía, los abogados de Goldring habían solicitado su absolución. La defensa sostenía que las pérdidas fueron consecuencia de un "imprevisible crack" del mercado bursátil estadounidense y no de una maniobra ilícita.
También argumentaba que la ejecución de las opciones put dependía de mecanismos automáticos del banco custodio, sobre los que la corredora no tenía control una vez iniciadas las operaciones.
"Ella no usó fondos de los no inversores en puts para solventar pérdidas sufridas por aquellos que sí invirtieron en esa modalidad bursátil, como equivocadamente lo argumenta la acusación", habían sostenido sus abogados.
Foco Uy / Armando Sartorotti
La defensa también señaló durante el proceso que Goldring había destinado aproximadamente US$ 25 millones de su patrimonio personal para intentar proteger las inversiones de sus clientes.
Sin embargo, con el proceso abreviado celebrado este martes, Goldring aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y reconoció su responsabilidad por el delito de apropiación indebida.
La condena dictada por Asteggiante pone fin al proceso penal sin necesidad de realizar el juicio oral previsto originalmente.
