Los acontecimientos que tiempo atrás volvieron a poner al puerto de Montevideo en el centro del debate público dejaron planteadas cuestiones que siguen siendo relevantes para el futuro de nuestro país. Por un lado, el conflicto sindical en Terminal Cuenca del Plata (TCP), que encontró una vía de salida a través de la negociación colectiva. Por otro, las declaraciones del gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, sobre la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional de inversiones en caso de que el Estado uruguayo avanzara en la habilitación de una segunda terminal especializada de contenedores.
No puedo dejar de relacionar estas declaraciones con todo lo que hemos venido señalando desde que el gobierno anterior celebró aquel acuerdo con Katoen Natie. La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló disposiciones que restringían la posibilidad de habilitar nuevas terminales especializadas. Sin embargo, la empresa continúa invocando compromisos asumidos por el Estado y amenaza con recurrir a mecanismos internacionales de arbitraje. A pesar de que nuestro máximo órgano en materia de justicia administrativa haya tomado una decisión clara y firme, todavía somos rehenes de las decisiones adoptadas por el gobierno anterior. ¡Vaya situación!
Pero en esta editorial me interesa ir un poco más allá de esa discusión, si algo nos tiene que enseñar esta experiencia es que las decisiones sobre infraestructura estratégica no pueden quedar atrapadas en la mirada de un gobierno ni mucho menos, en los intereses particulares de una empresa. Sin lugar a dudas, debemos aprender de lo que ocurrió, defender las potestades del Estado y asumir las responsabilidades que correspondan. Pero también tenemos que mirar hacia adelante.
Por eso, los debates y las diferencias no deben evitar que nos planteemos una pregunta mucho más importante: ¿qué puertos queremos para el Uruguay de los próximos treinta años?
Inversión privada y un Estado que regule
La Ley de Puertos de 1992, aunque no fue impulsada por mi partido, transformó un sistema marcado por ineficiencias y abrió paso a la modernización y la inversión privada. Como ha recordado mi querido colega, el Dr. Edison González Lapeyre, Montevideo pasó de ser considerado un “puerto sucio” a iniciar una nueva etapa de desarrollo. Aquella experiencia demuestra que Uruguay puede emprender grandes transformaciones cuando tiene un rumbo claro. No se trata de repetir las respuestas de hace tres décadas, sino de recuperar la audacia de pensar en grande y construir políticas que trasciendan los gobiernos.
Estoy convencido de que el crecimiento portuario debe avanzar de la mano de operadores privados capaces de invertir, innovar, asumir riesgos y mejorar los servicios. Necesitamos atraer empresas y capitales que impulsen la competitividad del Uruguay. Pero hablamos de una actividad esencial, con una dimensión de servicio público fundamental para nuestra economía. Por eso el Estado debe planificar, regular, controlar, garantizar la competencia y la continuidad de los servicios, preservando siempre el interés general.
Desde esa perspectiva, me cuestiono la necesidad de mantener el 20% de participación accionaria estatal en TCP. Estoy convencido de que necesitamos un Plan Maestro Nacional de Desarrollo Portuario, que articule la planificación existente con una mirada de veinte o treinta años e integre los puertos, el ferrocarril, las carreteras, las vías navegables, las inversiones y las necesidades productivas.
Me gustaría que surgiera de un acuerdo amplio entre Gobierno, partidos, trabajadores, operadores y sectores productivos. Las obras estratégicas no pueden depender de la urgencia de cada período de gobierno. Me gustaría que nos animáramos a convertir a Uruguay en uno de los grandes centros logísticos de América del Sur, de modo de captar cargas regionales y ofrecer servicios de mayor valor agregado.
Al hablar de puertos, pienso también en transporte, almacenamiento, industria, tecnología, empleo y oportunidades para nuestra gente, siempre con los trabajadores como protagonistas. Un puerto moderno necesita inversiones y eficiencia, pero también formación, diálogo social y condiciones laborales dignas.
Volver a pensar en grande
A veces siento que, como país, discutimos más sobre nuestras dificultades que sobre nuestras posibilidades. Nos acostumbramos a administrar los problemas del presente y, sin darnos cuenta, vamos postergando las grandes decisiones que pueden transformar nuestro futuro.
Creo que Uruguay necesita recuperar la audacia de pensar en grande, de proponerse objetivos ambiciosos y de construir las condiciones para alcanzarlos. Debemos preguntarnos qué nuevas infraestructuras necesitaremos, qué oportunidades podemos aprovechar y qué lugar queremos ocupar en el comercio de América del Sur.
En ese sentido, considero necesario retomar el debate sobre la posibilidad de desarrollar un puerto de aguas profundas en nuestra costa oceánica. Uruguay ya ha discutido esta iniciativa y acumulado experiencias y estudios que no deberíamos desperdiciar. Un emprendimiento de estas características solamente tendría sentido si respondiera a una demanda real de cargas, contara con conexiones terrestres adecuadas y formara parte de una estrategia logística regional. No podemos impulsar grandes obras por el simple hecho de construirlas, pero tampoco deberíamos renunciar a estudiarlas por temor a su magnitud.
Algo similar ocurre con la Laguna Merín y su conexión con la Laguna de los Patos, en Brasil. Esto podría generar nuevas alternativas de transporte y contribuir a dinamizar la actividad productiva y logística del este del país. Y esto último me parece especialmente importante, si hablamos de infraestructura, estamos hablando de desarrollo territorial, de generar oportunidades fuera de Montevideo, de acercar nuestra producción a nuevos mercados y de permitir que distintas regiones encuentren nuevas posibilidades de crecimiento.
Por supuesto, estos emprendimientos requieren inversiones, cooperación con nuestros vecinos, estudios ambientales rigurosos y una planificación sostenida, pero necesitan, antes que nada, una decisión política de asumir que Uruguay puede aspirar a desempeñar un papel mucho más importante en la logística regional.
Creo en la necesidad de contar con una política de Estado y un Plan Maestro Nacional de Desarrollo Portuario. Los grandes proyectos no pueden quedar sujetos a los vaivenes de cada administración, por el contrario, necesitan continuidad, coordinación entre el sector público y los operadores privados, y una visión estratégica que permita transformar las oportunidades en inversiones concretas.
Pensar en el futuro no implica solamente pensar en muelles, grúas, barcos y contenedores; están los trabajadores que acceden a mejores oportunidades, las empresas que pueden crecer, las regiones que logran integrarse y los jóvenes que encuentran razones para desarrollar su proyecto de vida en nuestro país.
El futuro de nuestros puertos es también el futuro del Uruguay, pero ese futuro no debemos esperarlo, tenemos que animarnos a construirlo juntos.
