Es probable que para leer esta nota usted esté usando internet sin siquiera pensarlo. Como tampoco se detiene demasiado a reflexionar cuando abre la canilla y sale agua, enciende la luz o levanta la mano en una parada para que el ómnibus lo lleve a destino. Son servicios tan incorporados a la vida cotidiana que pocas veces nos preguntamos quién debería estar a cargo de ellos. ¿El Estado? ¿Los privados? ¿Una combinación de ambos?
Y hay otra pregunta, acaso más incómoda: ¿deberían pagar más quienes tienen mayores ingresos para que los hogares de menores recursos paguen menos?
El Observador y académicos de la Universidad de la República ya publicaron los resultados de una encuesta sobre cómo los uruguayos evalúan la calidad y el precio de cuatro servicios básicos: agua potable, electricidad, internet y transporte colectivo. Ahora, una segunda entrega de la investigación, en la que participaron 2.439 voluntarios entre el 1 y el 14 de octubre, pone el foco en quién debería gestionarlos y hasta dónde están dispuestos los uruguayos a aceptar tarifas redistributivas.
Los resultados anteriores mostraron una valoración muy favorable de la electricidad, aunque considerada cara; un precio razonable para el agua potable, pero una evaluación menos favorable de OSE; y una mirada más crítica del transporte colectivo entre quienes más lo utilizan.
En esas percepciones, la identificación partidaria tenía escasa influencia. Pero cuando la pregunta deja de ser cómo funcionan los servicios y pasa a ser quién debería gestionarlos, la camiseta política empieza a hacerse notar.
A primera vista, los resultados parecen reproducir aquella vieja dicotomía entre estatismo y libre mercado. Pero hay matices. Y no son menores.
En las elecciones nacionales de 2004, los uruguayos aprobaron una reforma constitucional que consagró el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales y reservó su prestación a entidades estatales.
Veintidós años después, la preferencia por la gestión estatal sigue siendo ampliamente mayoritaria: la comparte el 83,5% de los votantes del oficialismo y el 62,6% de los de la oposición. En el extremo contrario, quienes prefieren una gestión exclusivamente privada no llegan a uno de cada diez.
Con la electricidad también predomina la opción estatal (62,4%), aunque con menos fuerza que en el caso del agua. Y es allí donde la identificación partidaria comienza a marcar mayores diferencias.
Entre los frenteamplistas, la preferencia por la gestión pública se mantiene elevada. Entre quienes votaron la fórmula de Álvaro Delgado, en cambio, gana terreno la posibilidad de una combinación entre el Estado y los privados, sin que eso implique un crecimiento equivalente del respaldo a una privatización total.
En internet, la preferencia por la exclusividad estatal retrocede todavía más: ni siquiera alcanza a la mitad de los encuestados. La caída se observa en ambos bloques políticos, aunque resulta más pronunciada entre los votantes de la actual oposición.
El transporte colectivo marca el otro extremo. En un sector donde conviven operadores privados, cooperativas y subsidios públicos, apenas dos de cada diez encuestados consideran que la gestión debería estar completamente en manos del Estado.
El politólogo Fabricio Carneiro, uno de los coordinadores de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Udelar, explica que “la competencia política en Uruguay, por cómo se estructuró desde la década de 1990, quedó dividida en dos bloques ideológicos respecto a la presencia del Estado”.
La competencia política en Uruguay, por cómo se estructuró desde la década de 1990, quedó dividida en dos bloques ideológicos respecto a la presencia del Estado La competencia política en Uruguay, por cómo se estructuró desde la década de 1990, quedó dividida en dos bloques ideológicos respecto a la presencia del Estado
La discusión también conecta con una vieja tradición de la política uruguaya: el batllismo. Cuando El Observador le preguntó al historiador Gerardo Caetano dónde se encuentra hoy esa corriente, respondió que en el Frente Amplio. Carneiro coincide con esa interpretación en lo que refiere al papel del Estado, aunque introduce un matiz: “Algunos sectores, sobre todo dentro del Partido Colorado, siguen teniendo ese batllismo”.
La comparación con Argentina permite apreciar una particularidad uruguaya. Del otro lado del Río de la Plata, las grandes privatizaciones se llevaron adelante bajo el mismo paraguas peronista que históricamente había impulsado las estatizaciones. Por eso, allí resulta más difícil ordenar la discusión sobre el Estado y el mercado a partir de dos bloques políticos.
¿Deben pagar más por los servicios quienes tienen más?
La discusión sobre quién debe gestionar los servicios públicos tiene una segunda cara: quién debe pagarlos y cuánto.
Hace unos diez días, una de las novedades del congreso del Frente Amplio fue el planteo de gravar al 1% más rico de la población y la convocatoria a “alcanzar acuerdos” en 2027. La propuesta recupera una lógica redistributiva que también estuvo presente cuando Danilo Astori impulsó el IRPF: que quienes tienen más capacidad económica contribuyan en mayor medida.
¿Pero qué ocurre cuando esa misma lógica se traslada a las tarifas de los servicios que los uruguayos utilizan todos los días?
La encuesta de El Observador y los académicos de la Udelar planteó una pregunta concreta: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que quienes tienen mayores ingresos paguen una tarifa más alta por estos servicios para que los hogares de menores ingresos paguen una tarifa más baja?”
Las respuestas muestran que la identificación partidaria vuelve a importar. Pero cuando la discusión pasa de quién debe gestionar los servicios a cuánto debe pagar cada hogar, las diferencias entre bloques se atenúan.
Los más formados son los más a favor (siempre suelen tener miradas más progresistas y estatistas). Los menos ilustrados y que más necesitan la ayuda, también apoyan la idea. La cuestión queda a aquellos a mitad de camino, a eso que en un momento se le llamó la parte más ancha del rombo: la clase media-baja a clase media-alta.
Al final, abrir una canilla, encender la luz, conectarse a internet o subirse a un ómnibus son actos mucho más políticos de lo que parecen. Detrás de cada uno hay una discusión sobre el Estado, el mercado y quién paga la cuenta. La encuesta muestra que los uruguayos no tienen una única respuesta para todos los servicios. Y que, incluso cuando la camiseta partidaria importa, no alcanza por sí sola para explicar todas sus preferencias.
