En Uruguay la población está empezando a achicarse. No lo ha hecho de manera más intensa porque la venida de nuevos flujos de inmigrantes —en especial de Cuba, República Dominicana y Venezuela— dio cierto sostén. Pero las dificultades para dar respuesta a la demanda —en medio de una Comisión para los Refugiados que lleva más de dos años de retraso en la atención— están dejando a decenas de miles en un limbo. Salvo cuando aparecen soluciones “paliativas” a impulso de un gobierno de turno.
El 8 de octubre el Poder Ejecutivo decretó que pueden acceder a la residencia permanente por arraigo los extranjeros llegados al país antes del 1 de enero de 2026, siempre que cumplan una serie de requisitos que en breve se detallarán.
Los cálculos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dan que la iniciativa daría respuesta a unas 27.000 personas con intenciones de radicarse en Uruguay.
El gobierno de Luis Lacalle Pou también había hecho un decreto similar (y luego una extensión) ante la asfixia que está viviendo el sistema de acogida de extranjeros. Aunque la coincidencia de que la iniciativa de una administración la continúe otra de otro signo político podría mostrar una “política de Estado”, el problema de fondo no se soluciona en base a decretos y más decretos.
Por eso la diputada suplente por el Partido Nacional, Leydis Aguilera, nacida en Cuba, quiere complementar la ley de Migración y que la categoría de residencia por arraigo forme parte de la norma de mayor jerarquía.
— Celebro la importancia del decreto del gobierno actual como una herramienta útil y necesaria. Mucho más cuando hubo en el medio una alternancia entre oficialismo y oposición. Esa es una solidez de Uruguay. Pero a la vez estos decretos reconocen que existe un problema real —el de miles que quedan sin documentación y posibilidad futura de obtener la ciudadanía legal— porque no existe la estabilidad jurídica que exceda a lo que vayan haciendo como parches los gobiernos de turno.
Refiere a que los decretos no solo son de menor rango jurídico, sino que están escritos para una temporalidad concreta. Aguilera sostiene que es necesaria saldar la discusión en el Parlamento para que la “política de Estado” no quede supeditada a la buena voluntad de un gobierno.
¿Quiénes pueden acceder a la residencia por arraigo?
Hay quienes entraron a Uruguay con la intención de permanecer. Ingresaron por un puesto migratorio regular. No tienen antecedentes penales en los últimos cinco años. Pueden fundamentar sustento de vida porque aportan al BPS o perciben ingresos comprobables. Pero han solicitado el refugio y jamás obtuvieron respuesta.
Entonces el nuevo decreto deja en claro que puedan acceder a las residencias aquellos extranjeros que entraron al país antes del 1 de enero de 2026 y…
- Sean solicitantes de refugio y manifiestan su voluntad expresa de renunciar a dicha solicitud para acogerse al régimen en cuestión. O aquellos a quienes se les rechazó el refugio (por ejemplo porque no eran perseguidos y escaparon por cuestiones económicas), pero cumplan también el resto de requisitos.
- Ingresaron a Uruguay de manera regular (pasando por un puesto migratorio). No tienen impedimentos legales para quedarse en el país. No están con otra residencia temporal o permanente. Solicitan el arraigo desde 2027.
- Llevan a la Dirección Nacional de Migración foto carné, documento de identidad vigente y en buenas condiciones, certificado de antecedentes penales del país de residencia en los últimos 5 años, medio de vida propio o del núcleo familiar (ahí entra historial en BPS y otras opciones de demostrar ingresos), certificado del esquema de vacunación.
¿Para qué la residencia permanente?
Con el inicio de la gestión de residencia permanente por arraigo se le dará una cédula de identidad provisoria como residencia en trámite y luego, con la concesión, se da el definitivo.
Pero sobre todo es importante porque la residencia es el acceso a servicios básicos. Se piden para garantías de alquileres, para trámites crediticios, para contratos de servicios de telefonía móvil, para el pasaporte y pasados unos años para el inicio del trámite de ciudadanía legal.
Ninguno de los que por este decreto lleguen a obtener la residencia podrá votar en 2029. Esto no es por votos. No les da el tiempo que conduce a la ciudadanía legal. Y cuando lo hagan, si deciden, ya habrán pasado más de una década aportando en Uruguay y arraigados.
¿Imaginan un delivery que no accede a un buen servicio de datos móviles? ¿A una familia que no tiene cómo alquilar y acaba en una pensión a un precio más caro que el mercado? ¿A un conductor de una plataforma de transporte que no tiene la tarjeta de crédito para las transacciones internacionales? Eso les está pasando ahora a miles.
A continuación el decreto completo:
