El conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato se mantuvo sin avances luego de dos reuniones tripartitas realizadas esta semana. Los involucrados centran la negociación en una fórmula propuesta por el Ministerio de Trabajo (MTSS) que no es avalada de manera total por la delegación sindical. Y esa negativa deja al gobierno en un lugar incómodo mientras recibe presiones de diferentes bandos.
Entre lunes y martes, el gobierno intentó destrabar el conflicto entre TCP (propiedad mayoritaria de Katoen Natie) y el sindicato de base de la empresa. El resultado fue un cuarto intermedio que se levantará el jueves con una nueva negociación.
Previo a las reuniones, los representantes de la terminal de contenedores avalaron la propuesta oficial y entonces la decisión final quedó en manos del sindicato. Durante esos dos días se intentó que la fórmula fuera aceptada, algo que todavía no sucedió. Y eso deja al Ministerio de Trabajo en una posición incómoda. El motivo es claro: no puede decir que el conflicto continúa por intransigencia patronal y debe comenzar a asumir que la postura radical llega del lado del sindicato. Es decir, fuego amigo. O un gobierno de izquierda corrido por izquierda.
Pero ese no es el único problema. Al frente interno se agrega el reclamo de cinco navieras que en una carta dirigida a varios ministros manifestaron su preocupación por la situación inestable en el puerto de Montevideo.
El documento, firmado por Maersk, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd y ONE, envió un mensaje directo: “confiamos en la mediación activa de las autoridades para alcanzar una solución inmediata que restituya la previsibilidad del puerto de Montevideo, de forma que sea una opción confiable y segura para cualquier buque de contenedores”. Las compañías agregaron que Uruguay no puede “desaprovechar ninguna oportunidad proyectando una imagen inadecuada”.
En ese escenario, el gobierno deberá cargar baterías e intentar en la próxima reunión del jueves que la mesura cobre fuerza dentro del sindicato de TCP.
El conflicto
Luego de meses de diálogos frustrados, el MTSS redactó la semana pasada una propuesta de acercamiento con la intención de finalizar el conflicto. La extensión de la negociación generó una serie de paros realizados durante más de 30 días, además de otras medidas distorsivas. Esos cortes de actividad al principio levantaron críticas moderadas, pero con el paso del tiempo crisparon los ánimos de sectores productivos. En síntesis, en los últimos meses es difícil encontrar una cámara empresarial que no se haya referido, con preocupación, sobre la situación en el puerto de Montevideo, mientras crecían los pedidos de declaración de esencialidad.
Sin embargo, el gobierno tomó el camino del medio: declaró la posibilidad de brindar servicios mínimos en la terminal de contenedores con el objetivo de calmar un poco las aguas y asegurar una parte de la operativa. Entre ellos incluyó los servicios de muelles de carga y descarga de buques y la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Pero esa declaración no cayó bien en filas sindicales que respondieron a través del PIT-CNT y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en respaldo a los trabajadores de TCP, calificando la medida como excesiva. En ese punto pareció correrse el eje de la discusión y las críticas ya no apuntaron a la empresa, sino al Poder Ejecutivo.
Con las negociaciones trabadas y con ese nuevo contexto, el MTSS redactó la semana pasada la fórmula de acercamiento con tres puntos.
El documento propuso que los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados (197 empleados) sumen uno a partir de mayo del año que viene. Además, la propuesta oficial planteó que el monto de una partida extraordinaria que debe abonarse al momento de la firma del convenio se ubique en el punto medio de las posiciones de la compañía y el sindicato (entre $ 27.500 y $ 50.000, respectivamente).
Por último sugirió establecer una partida diferencia excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.
En las reuniones del lunes y martes, la delegación de trabajadores no aceptó el tema principal de la discusión: los jornales asegurados.
La propuesta fue que el régimen de 21 jornales comenzara a aplicarse a partir de la firma del convenio, con la posibilidad de hacerlo a partir de enero. Pero para mayo del año que viene (fecha señalada por el gobierno) solicitó que fueran 22.
Ayer, el presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo tras el último encuentro: “siempre dijimos que el pasaje de 20 a 21 jornales tenía que ser al momento de la firma del convenio. Hemos sido flexibles para que se pueda extender un poco, pero igual no está siendo suficiente”.
