A más de cinco años del cierre, extrabajadores de la empresa Pili continúan reclamando deudas salariales pendientes que no fueron cubiertos por el Fondo de Garantías de Créditos Laborales. Exempleados de la industria láctea, acompañados por ediles de Paysandú, estuvieron en el Parlamento para reclamar alguna solución, pero la comisión culminó con discusiones.
La delegación que concurrió a la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados contó que el cierre de la láctea afectó a 200 familias de Paysandú y que muchos de los extrabajadores todavía no han podido reinsertarse en el mercado laboral.
Uno de los participantes en la sesión fue William Dorrego que estuvo en la compañía durante más de 40 años. Recordó que Pili funcionó casi en el centro de Paysandú y después de décadas debió mudarse por las exigencias que lo ocasionaba una mayor producción.
La láctea consiguió exportar a Venezuela, pero también se le cerraron algunos mercados. La dirección de la empresa solicitó entonces a los funcionarios que resignaran el cobro de aguinaldos, salarios vacacionales y parte de los salarios hasta que la situación se pudiera revertir.
“Lo que derramó el vaso fue lo que pasó el 18 de agosto de 2018, cuando nos enteramos que la empresa se había presentado a concurso de acreedores, algo que en ningún momento supimos”, comentó. Dorrego indicó que a partir de ese momento los trabajadores lograron cobrar entre el 20% y 30% de las deudas pendientes.
“Hoy queremos que nos den una solución a este problema. Pedir la posibilidad de que se nos pueda pagar no sé si la totalidad, pero aunque sea algo de lo que se nos adeuda”, señaló.
En 2022, la empresa Jugos del Uruguay compró la maquinaria de Pili y la trasladó a su planta ubicada en Fray Bentos.
Marcel Petrib, otro de los extrabajadores se refirió a un proyecto votado por unanimidad en la Junta Departamental de Paysandú en febrero de este año.
El texto expresó que se gestionó una solución administrativa para los exfuncionarios en el Banco de Previsión Social (BPS) a través del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, creado por ley en octubre de 2018 y en vigencia a partir de junio de 2019. Recordó que el concurso de Pili fue ordenado por decreto el 27 de agosto de 2018.
El documento relató que se diferenció la situación de los trabajadores con créditos laborales a la fecha del concurso con la de los restantes con créditos posconcursales que finalizaron su vinculación con la empresa con posterioridad del decreto del concurso.
Aclaró que los trabajadores continuaron prestando funciones en la empresa al momento de ser declarado el concurso y por tanto generando créditos laborales en ese período hasta su desvinculación definitiva. Por eso, señaló, debieron ingresar en la categoría de posconcursales.
“A este grupo de trabajadores se les hace perder la expectativa del cobro de los créditos laborales devengados, lo que significa modificar en forma irrestricta la cobertura legal mediante una interpretación administrativa equivocada”, dice.
El proyecto de la Junta solicita una solución para esos trabajadores y agrega que hay recursos suficientes en el Fondo de Garantías para cumplir con las prestaciones pendientes.
La ley 19.690 de 2018 estableció que el fondo tendría como objetivo cubrir la contingencia de insolvencia del empleador.
Por tanto, el BPS debe garantizar los sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado; licencias y aguinaldos generados en los dos últimos años previos y la indemnización por despido legal.
El monto máximo garantizado para los créditos laborales se fijó en 105.000 Unidades Indexadas (UI), unos $ 635 mil a valores actuales.
El decreto reglamentario de la ley fue fechado en marzo de 2019 y por eso los extrabajadores de Pili quedaron fuera del Fondo de Garantía de Créditos Laborales. Por lo tanto, para rever la situación debería mediar un decreto del Poder Ejecutivo.
Discusión por las deudas salariales
Cuando faltaban minutos para finalizar la sesión llegó a la comisión el diputado Pedro Jisdonian del Partido Nacional. Luego de pedir disculpas por llegar tarde, el legislador planteó que más allá de entender la situación de los extrabajadores y de manejar alternativas para buscar soluciones no se podían obviar las formalidades. Y esas formalidades, añadió, marcaban que no estarían contemplados por la ley.
En ese momento tomó la palabra el edil sanducero David Helguera del Partido Colorado. “Las limitaciones de las normas ya las conocemos. Ustedes tienen, igual que nosotros, la responsabilidad de encontrar un camino, si es que existe ese camino, pero consejos no vinimos a buscar. Vinimos a buscar soluciones”, expresó.
La respuesta de Jisdonian no tardó en llegar. “Lo que usted quiera escuchar o no quiera no es problema de nadie; es problema suyo. Y yo voy a hablar el tiempo que considere necesario”, afirmó.
“A mí lo que me interesa es tratar de no generar falsas expectativas a los trabajadores, ¿me entiende? Entonces si usted está asesorado debería saber que la modificación de esto es a través de un decreto del Poder Ejecutivo y la negociación se da en el Poder Ejecutivo, no acá”, complementó.
La sesión culminó minutos más tarde entre nuevas interrupciones entre el legislador y el edil.
