La llamada ley de vivienda turística es un viejo reclamo de sectores vinculados al turismo, principalmente del departamento de Maldonado
La Cámara de Senadores aprobó días atrás un proyecto de ley que establece un marco general para las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares.
Entre otros puntos, se prevé que los inmuebles que brinden alojamiento por día y acumulen arrendamientos superiores a 120 días en el año serán considerados un prestador turístico.
En esos casos, el texto establece que el propietario, administrador o explotador de ese inmueble de uso turístico deberá realizar una declaración jurada en el registro de operadores turísticos del Ministerio de Turismo.
Además, el número de inscripción otorgado por el registro deberá incluirse en toda oferta que se realice a través de cualquier canal de oferta turística, tanto física como electrónica.
Por otro lado, los responsables de esos inmuebles deberán informar de manera obligatoria al Ministerio del Interior la identidad de las personas que se alojen en la vivienda.
También deberán someterse a los controles e inspecciones que determine el Ministerio de Turismo e informar anualmente o cuándo se determine la cantidad de turistas alojados en el inmueble; la cantidad de días en que los que se prestó el servicio de alojamiento en el régimen que establece la ley; y toda otra información que se establezca en la reglamentación.
En resumen, tendrán los mismos derechos y obligaciones que tienen los alojamientos formales del rubro hotelería que desarrollan una actividad empresarial de manera habitual.
Se trata de una ley largamente reclamada por gremiales vinculada al turismo en Uruguay, principalmente del departamento de Maldonado.
El punto de partida es el proyecto del Poder Ejecutivo que en 2023 había sido remitido al Parlamento, con el objetivo de regular actividades turísticas desarrolladas de forma habitual y profesional “que en la actualidad están solapadas detrás del concepto de economía colaborativa”, decía ese texto.
Se considera que la vivienda turística utiliza la modalidad colaborativa para competir de forma desleal con la hotelería formal, y además impide al Estado controlar y proteger a los turistas ante malas experiencias provistas por estos operadores que hasta ahora son ilegales.
La iniciativa pasará ahora a estudio de la Cámara de Diputados. El senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, dijo el miércoles a Radio Uruguay que su partido pretende que el proyecto tenga un rápido tratamiento en la cámara baja.
La ley tiene por objeto “regular el hospedaje transitorio, en condiciones de inmediata ocupación en el que se ofrezcan uno o más servicios de forma onerosa, por sus propietarios, administradores o explotadores”, dice el texto de cinco artículos.
Estas modalidades se denominarán “inmuebles de uso turístico” y podrán suponer pernocte o no, así como tratarse de unidades habitacionales individuales, integradas o un conjunto de las mismas destinadas a un mismo fin, sea en construcciones o en espacios al aire libre.
Se considerarán servicios complementarios entre otros, los siguientes: servicios de limpieza, servicios de atención al turista, servicios gastronómicos, entretenimientos y traslados.
El artículo 5 de la ley aprobada en el Senado dice que se considerará contrato por temporada el arrendamiento de inmuebles en las zonas turísticas, cuyo plazo de vigencia no sea superior a 120 días.
Esto contempla, por ejemplo, a la persona que alquila su casa en temporada de manera esporádica para poder descontar gastos de sus impuestos. En esos casos no serán considerados como inmuebles de uso turístico.
Esta semana el Colectivo Turístico y Empresarial de Maldonado reclamó la urgente aprobación de la llamada ley de Vivienda Turística en Diputados sin que pase por comisión. En las puertas de una nueva temporada estival, la puesta en práctica de la ley se considera “imprescindible”.
“De no aprobarse ahora, un año más se irá sin que Uruguay de una nueva muestra de su ya reconocido prestigio de ser un país que respeta y promueve la libertad en un marco de respeto por los principios y normas que aseguran la oportunidad de igualdades para todos”, dice el texto firmado por la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Cámara Empresarial de Maldonado, Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Corporación Gastronómica de Punta del Este, Centro de Hoteles de Punta del Este y Consorcio Grupo Puerto.
Las gremiales entienden que el actual escenario “permite que se omita el pago de impuestos que corresponden”, y además “expone a los destinos del país al desprestigio que genera las praxis sin control y la falta de rigurosidad en las cuestiones de seguridad, fundamentales para la valoración de los destinos.”
“El porvenir del desarrollo de una industria que representó en el 2023 el 5,4% del PIB, el 14% de las exportaciones del país, con ingresos por US$ 1.800 millones, la generación del 7,3% del total de los empleos del país y que está en condiciones de elevar esos números muy rápidamente hasta niveles pre-pandemia (8,4% del PIB y US$ 2.300 millones de ingresos) hasta números que nuestros destinos están en condiciones de lograr en los próximos años (10% del PIB y US$ 3.100 millones de ingresos), está hoy en manos de los Diputados de Uruguay”, dice la declaración fechada el pasado 26 de agosto.