La seguridad vial es un tema que trasciende fronteras y que involucra tanto a los gobiernos como a la industria automotriz y a los propios conductores. En un contexto donde los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte en la región, el equipamiento de seguridad en los vehículos se consolidó como una herramienta clave para prevenir siniestros y mitigar sus consecuencias.
En Uruguay, el debate sobre este asunto está en plena evolución. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) trabaja en diálogo constante con las autoridades para acompañar la incorporación de nuevas exigencias y garantizar que los vehículos que ingresan al país cumplan con estándares internacionales.
Los elementos básicos: un piso común
Actualmente, todo vehículo que se comercializa en Uruguay debe cumplir con un conjunto mínimo de dispositivos de seguridad, establecidos en la Ley 19.061. El Dr. Ignacio Paz, gerente de ACAU, detalla que esta normativa, vigente desde hace varios años, exige cinco elementos fundamentales: airbags, frenos ABS, apoyacabezas, cinturones de seguridad y el anclaje ISOFIX para sistemas de retención infantil.
“No importa la gama, el modelo ni el origen, si no tienen eso no entran a Uruguay”, remarca Paz. Esta disposición, en línea con regulaciones de países de la región y de mercados como Europa y Estados Unidos, garantiza un estándar básico para todos los conductores y pasajeros.
Sin embargo, la discusión actual apunta a ir más allá. En 2019 se aprobó la Ley 19.824, que incorpora una serie de elementos de seguridad adicionales, entre ellos el control electrónico de estabilidad (ESP), considerado a nivel global como uno de los avances más significativos para la seguridad vial. Esta norma también prevé mayores exigencias en cuanto al número de airbags, sistemas de protección contra impactos laterales y dispositivos para mitigar atropellos.
Una reglamentación pendiente
El gran desafío es que la Ley 19.824 aún no fue reglamentada. Esto implica que, aunque la norma está vigente, los nuevos requisitos no son de cumplimiento obligatorio.
“En casi todos los elementos que pide la ley no habría problemas si se reglamentara hoy”, afirma Paz. Según explica, la mayoría de los modelos que llegan al país ya incorporan estas tecnologías, dado que en la región son exigidas y en algunos casos forman parte del equipamiento estándar. El Cr. Nicolás Papariello, presidente de ACAU, complementa: “Por ejemplo, el control de tracción hoy prácticamente no hay vehículo que no lo traiga. En la región ya es obligatorio y acá todavía no”.
La demora en la instrumentación, advierten desde ACAU, tiene más que ver con los tiempos del gobierno que con la industria. De hecho, la asociación ha mantenido reuniones con las autoridades para impulsar la reglamentación, siempre bajo la premisa de que las disposiciones deben estar alineadas con los mercados de la región.
Jueves 17. Accidente en la esquina de Benito Blanco y Pagola
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“No tenemos volumen ni posibilidad de pedir a las fábricas que produzcan exclusivamente para Uruguay, porque es un mercado muy chico”, explica Papariello. Por eso, la estrategia de ACAU consiste en acercar al gobierno las reglamentaciones de países vecinos y de asociaciones internacionales, de modo que la adaptación sea viable y previsible para las marcas.
El factor económico y la realidad del mercado
Un aspecto central en la discusión es el costo. Incorporar más dispositivos de seguridad implica un encarecimiento de los vehículos, lo que repercute en un mercado donde el precio es un factor decisivo para muchos consumidores.
“Las marcas, cuando venden un producto más masivo, lo comercializan con los elementos mínimos obligatorios. Lo que recibimos acá es lo mismo que se comercializa en Latinoamérica y en muchos países del mundo”, señala Papariello.
En este sentido, ACAU subraya la necesidad de lograr un equilibrio entre la seguridad y la accesibilidad. Si bien el avance tecnológico permite que cada vez más modelos incluyan de serie elementos de seguridad avanzados, la masificación de esas tecnologías suele darse en los mercados más grandes, donde la producción a escala permite bajar costos.
El impacto en la seguridad vial
Los especialistas coinciden en que la incorporación de nuevos elementos de seguridad tiene un impacto directo en la reducción de la siniestralidad. El control electrónico de estabilidad, por ejemplo, disminuye significativamente el riesgo de despistes y vuelcos, mientras que los airbags laterales y los refuerzos estructurales aumentan la protección de los ocupantes en choques de costado.
A esto se suman los sistemas de retención infantil, cuyo uso adecuado es indispensable para proteger a los niños en caso de accidente. Uruguay, en este punto, ha dado un paso relevante al exigir el ISOFIX en todos los vehículos, lo que facilita una instalación segura y estandarizada de las sillas. Además, la ley 19061 obliga a la utilización de los SRI en todos los menores de 12 años o 1.50m de altura.
Un camino de avances graduales
Para ACAU, lo más importante es que los cambios se implementen con previsibilidad, de modo que las marcas puedan adaptarse sin contratiempos. “Los cambios significan una configuración nueva en fábrica para Uruguay, hay que armar todo, eso lleva su tiempo”, advierte Paz. Además, recuerda que en ocasiones los plazos de entrega de los vehículos ya pedidos pueden ser de hasta seis meses, lo que requiere contemplar períodos de adaptación en la normativa.
Pese a estas dificultades, el panorama es alentador. Según las autoridades de ACAU, el país está bien regulado y acompasa su marco normativo con lo que sucede en Brasil, Argentina y los grandes mercados globales. La expectativa es que en el corto plazo se avance en la reglamentación pendiente y que los uruguayos accedan de manera más amplia a tecnologías que salvan vidas.
“Más allá de que sería interesantísimo que pudieran venir con muchos más dispositivos de seguridad y al costo que vienen hoy, sabemos que es una utopía”, reconoce Papariello. Sin embargo, tanto él como Paz destacan que Uruguay no se encuentra rezagado: “Los organismos que se encargan del tema se van acompasando con la región y también con Europa y Estados Unidos, por lo que no creo que tengamos inconvenientes”.
