"Tiene derecho a cobrar un dinero si sufrió lesiones. Cobra el dinero aunque tenga la responsabilidad en el accidente. Cobra el dinero aunque no tenga la documentación. Cobra aunque el lesionado sea menor de edad. Si lo precisa se le da prestado equipos médicos. Solo tiene que pagarnos si cobra. Y por ultimo: cobra en 30 días hábiles. No espere más, llámenos ahora".
Con esos mensajes posteados en las redes sociales de uno de los abogados imputados y condenados en la madrugada de este jueves, el profesional intentaba captar clientes a través de sus redes sociales. Sin embargo, la ilegalidad estaba en la forma en la que conseguía a la mayoría de sus clientes, según entiende la fiscalía de Toledo.
Cuando ocurría un siniestro de entidad o con muertos, policías de distintas reparticiones o enfermeros le pasaban los datos a determinados abogados o gestores que enseguida se contactaban con sus familiares o con las víctimas lesionadas para ofrecerle sus servicios.
Según supo El Observador, en la audiencia la fiscalía expuso que entre los que entregaban la información había enfermeros y choferes de ambulancia del Hospital Maciel además de policías.
A cambio de esa información, en el caso de los policías que fueron detenidos este martes, cobraban dinero que recibían en sus cuentas bancarias, por lo que quedó evidenciada la conducta delictiva que encuadra en un delito de cohecho calificado. Ese delito que comete el funcionario público que acepta dinero, regalos o promesas para retrasar, omitir un trámite o hacer algo contrario a sus deberes, se castiga con penas de entre 12 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multa.
Los montos que cobraban variaban entre los $3.000 y los US$ 2.000 en el caso de que hubieran fallecimientos. En algunos casos cobraban el 30% de lo que conseguían los abogados.
Según pudo saber El Observador, muchos de esos pagos quedaron registrados en las cuentas bancarias de los involucrados, mientras que en otros casos se coordinaba la entrega del dinero en efectivo cuando se encontraran personalmente.
La disputa por captar clientes llegaba incluso a las puertas de los hospitales, donde distintos involucrados competían por acceder a potenciales casos.
Durante la investigación, además, a uno de los abogados le fue incautado un registro similar a una contabilidad en el que figuraban ingresos del entorno de $ 1 millón por mes.
El cobro en caso de accidentes de tránsito está garantizado por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) que funciona como una póliza de responsabilidad civil exigida por ley. El seguro cubre lesiones corporales o muerte causadas a terceras personas y el tope máximo es de 250.000 Unidades Indexadas (UI) por vehículo asegurado y por accidente. Funciona sin importar quién tuvo la culpa o la responsabilidad en el choque; las víctimas lesionadas reciben cobertura de todas formas.
Fiscalía cerró acuerdos con la mayoría de los indagados
Los indagados que la fiscalía llevó a la audiencia y pidió imputar fueron 13, cinco de ellos abogados, seis policías y dos gestores.
De los 13 indagados, 11 llegaron a acuerdos con la fiscalía y fueron condenados mediante procesos abreviados. Los otros dos –un abogado y un policía– no aceptaron el acuerdo, por lo que fueron formalizados y, una vez finalizada la audiencia del resto de los involucrados, se pasó a discutir las medidas cautelares. Para ambos, la fiscalía iba a solicitar prisión.
Entre los delitos manejados en la causa se encuentran el cohecho calificado y la utilización indebida de información privilegiada, además de otros delitos atribuidos según la participación de cada uno de los involucrados.
Algunas de las condenas incluyeron, además, el pago de multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de los profesionales involucrados, se dispuso oficiar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscalía pidió la reserva para que los periodistas no pudieran ingresar, amparada en que no quería que trascendieran detalles de la investigación que aún está en curso, ya que en total tiene 70 indagados.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera accedió aunque permitió que los medios presentes tomaran imágenes. Sin embargo, los hasta ese momento detenidos se cubrieron las cabezas con capuchas para no ser identificados.
Los abogados, policías y gestores que serían imputados o condenados se cubrieron para no ser identificados
La audiencia que había sido convocada para las 18 horas, empezó casi dos horas más tarde, debido a que la fiscalía intentó hasta último momento negociar con los abogados defensores. Mientras aguardaban en el juzgado a que llegaran las representantes del Ministerio Público para empezar la audiencia, una de las fiscales adscriptas de Toledo, Nancy Granja y Paula Pereyra, se comunicó con uno de los abogados que aún no había acordado para saber si accedería al proceso abreviado pero le respondió que no.
La gran mayoría en cambio accedió a cerrar el caso por ese proceso, que implica que el imputado se declara culpable y admite los hechos, a cambio de una reducción de la pena.
Si bien había habido denuncias hace dos o tres años, la investigación llevada adelante por la fiscalía de Toledo se inició hace tres meses.
La investigación se inició por un caso de Toledo en el que una víctima de un accidente de tránsito tuvo una discrepancia con su abogado cuando le comunicó que continuarían trabajando con otro profesional. A partir de ese momento, la víctima comenzó a sufrir hostigamiento por parte del profesional. Luego ese hecho fue denunciado y se logró descubrir la organización.
