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17 de mayo 2024 - 5:00hs

Con pequeñas modificaciones, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para hacer públicos miles de archivos producidos durante la última dictadura cívico-militar.

La ley surgió por iniciativa del Poder Ejecutivo y supone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación (AGN) destinada a “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”.

El proyecto había sido enviado al Parlamento en mayo de 2023, poco antes que un anónimo subiera miles de archivos a internet, lo que motivó que el Ministerio de Defensa radicara una denuncia en Fiscalía que no ha tenido avances y posiblemente se archive porque siguieron una pista con información que les aportó una empresa pero no llegaron a determinar un responsable.

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Ahora, en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) –que es de quien depende el AGN– están a la espera de la promulgación por parte del presidente Luis Lacalle Pou para ponerla en marcha.

Contratarán a archivólogos

El ministro Pablo da Silveira dijo a El Observador que harán un llamado a archivólogos para “construir un inventario completo” de lo que hay. Señaló que la última Rendición de Cuentas le asignó al MEC una partida anual de $500 mil para destinar a este tema.

“El primer paso va a ser el llamado. Lo primero es saber cuánto y qué hay, si hay cosas repetidas y archivos fraccionados en distintos lugares”, expresó y manifestó que “hace falta una visión de conjunto antes de tomar otras decisiones”.

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Da Silveira también expresó que “una vez que se tenga clara la dimensión del asunto, probablemente haya que pedir más recursos al Parlamento”.

La nueva ley señala que el acceso al contenido de la sección “será libre”, sin perjuicio del “mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros”.

El gobierno asegura que con este artículo se protegerán las identidades y se evitará la revictimización, algo que había sido criticado por la oposición y especialistas vinculados al tema.

El proyecto fue aprobado únicamente con votos del oficialismo.

Si bien los archivólogos contratados harán un nuevo relevamiento, una investigación del año 2017 coordinada por los historiadores Álvaro Rico y Vania Markarian detectó que hay al menos 17 instituciones públicas y 13 organizaciones privadas que tienen archivos de este período.

Archivos dispersos

Meses atrás, Rico –que fue decano de la Facultad de Humanidades– había dicho a El Observador que era “importante” el traslado de lo “militar a lo civil” pero pidió “facilitar la organización de la información”, considerando que debía ser “libre pero de acceso responsable”.

La AGN ya tiene la custodia del “Archivo Berrutti”, el cual fue encontrado en 2007 en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Los documentos fueron producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID) y reciben su denominación por el apellido de la entonces ministra Azucena Berrutti. A su vez, también posee el archivo de los generales Líber Seregni y Víctor Licandro, entre otros.

Otros organismos públicos –como la Institución de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial– también tienen archivos.

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Anónimo subió miles de archivos de la dictadura a internet
Anónimo subió miles de archivos de la dictadura a internet

A su vez, en 2021 Defensa publicó en su página web seis libros y dos carpetas de 1.650 folios con información sobre acciones militares entre inicios de 1970 y 1986. El material fue encontrado en el Grupo de Artillería número 5 del Ejército.

Dentro de las instituciones públicas, la investigación señala que hay 10 que otorgan libre acceso a la documentación que custodian y cuentan con profesionales archivólogos que se encargan de la gestión documental permitiendo la consulta mediante una “adecuada organización y sistematización de la información”.

Las 7 restantes son de “acceso restringido” y generalmente “discrecional" a familiares de las víctimas, algunos investigadores y funcionarios de la Justicia. “Se suele tratar de instituciones que custodian información de carácter ‘sensible’”, dice el libro titulado “Archivos y Derechos Humanos”.

Entre las 13 privadas, el 64% brinda un acceso libre a la documentación que custodia, mientras que el 36% lo restringe.

A favor y en contra

En la discusión en sala, el senador Javier García, que promovió el proyecto como ministro de Defensa, dijo que el objetivo era que las personas pudieran tener un “acceso a toda la información del pasado reciente en su más amplia expresión” para que cada uno pueda llegar “a las conclusiones que entienda pertinentes, sin limitaciones y sin ediciones”.

El Frente Amplio se expresó en contra argumentando que faltó consultar a “actores sociales importantes” como los técnicos que manejan los archivos y la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El senador Eduardo Brenta mencionó que era un tema de “alta sensibilidad” para la coalición de izquierda, particularmente en el “mes de la memoria”. El legislador reconoció que se habían incorporado mayores garantías en el respeto por la dignidad de las personas, pero señaló que no era suficiente para votarlo.

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