Jose Luis Elizondo compareció como testigo en un reclamo por adeudos millonarios
José Luis Elizondo asume como nuevo comandante en jefe de la Armada
PresidenciaLas inspecciones de barcos por parte de la Armada suelen ser un dolor de cabeza para las autoridades del Ministerio de Defensa, que acostumbran a recibir cuestionamientos de las empresas por demoras, pero también de los oficiales por un servicio que se mueve en una zona gris compleja de dilucidar.
Los reclamos se arrastran desde hace años, y la administración pasada con Javier García al frente intentó ordenar la situación con un artículo en la ley de presupuesto y un decreto que aumentaron los controles sobre el manejo de fondos tras recibir denuncias de malversación.
Una investigación administrativa derivó en el arresto a rigor del excomandante en jefe, Carlos Abilleira, y otros siete oficiales (2 retirados y 5 en actividad) por irregularidades en su accionar. También se envió la información a la Justicia donde finalmente el caso fue archivado.
Pese a esto, el actual comandante de la Armada, José Luis Elizondo, debió declarar este lunes como testigo en el marco de un reclamo iniciado por un suboficial retirado ante la justicia laboral.
La demanda es por salarios impagos, multas, daños y perjuicios, reajustes e intereses derivados de la realización de inspecciones técnicas de la “oficina de libre de gases” en buques. Esta oficina está dentro de la Comisión Técnica, la cual depende de la Prefectura. Elizondo fue prefecto nacional naval antes de llegar al máximo lugar de la Armada Nacional.
El abogado Cristobal González dijo a El Observador que su representado y otros oficiales no recibían los aportes que correspondían a las inspecciones, pese a que los buques o las agencias marítimas pagaban por los servicios.
El artículo 84 de la ley 20.075 autoriza a la Armada a “cobrar por las tareas inspectivas y auditorías”. “El destino de la recaudación obtenida será para financiar gastos de traslado, alimentación, alojamiento y la compensación a ser abonada al personal superior y subalterno que realiza dichas tareas”.
A su vez, establece que con los recursos obtenidos se atenderán los gastos de traslado, alimentación y alojamiento derivados de las inspecciones. El remanente de lo recaudado se usará para pagar una compensación, incluido aguinaldo y cargas legales, al personal superior y subalterno que efectúe las tareas. “Dicha compensación solo podrá ser abonada a los funcionarios que efectivamente cumplen tareas de inspección o auditoría y no será utilizada para el cálculo de ninguna otra retribución que se fije en base a porcentajes”.
González detalló que los oficiales recibían viáticos, pero incluso parte del dinero iba a una “caja común” de la marina.
Los atrasos en los pagos ascienden a $3,6 millones por los años 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con documentación revisada por El Observador que fue incorporada como prueba.
Este lunes, Elizondo admitió ante la sede judicial que existían atrasos en el pago de estos viáticos. Durante su interrogatorio, el jerarca explicó que la Armada recauda el dinero de las inspecciones y lo transfiere a una cuenta única antes de su distribución.
Al ser consultado sobre las deudas con los funcionarios, Elizondo reconoció que "normalmente existen atrasos" y que estos pueden deberse a los tiempos administrativos internos para liberar los fondos, mencionando demoras que pueden oscilar entre los 4 y 7 meses.
Ante la pregunta sobre el control de las cargas legales y aguinaldos asociados a estas compensaciones, el comandante manifestó desconocer el manejo detallado de la sección financiera contable.
González destacó a El Observador que se haya reconocido la deuda y que si bien esperarán a la sentencia, no descartan otras acciones por defraudación tributaria.
Si bien las deudas corresponden a la Armada, la denuncia también alcanza a la ANP y agencias marítimas, las cuales declararon mediante testigos en marzo que el procedimiento estándar implica pagar el canon directamente en el Comando General de la Armada o en la Prefectura antes de la inspección.
Las agencias señalaron que no tienen injerencia en cómo la Armada distribuye ese dinero entre los funcionarios ni en la relación jerárquica de los mismos. Por su parte, la ANP aclaró que no ejerce control documental sobre estas certificaciones bajo las leyes de tercerización, limitándose a solicitar el servicio cuando es necesario.
La jueza Adriana Morosini fijó para el 23 de junio la audiencia de alegatos finales.