Asociación de Penalistas contra la creación del Ministerio de Justicia: "Mal pedigree", "injerencia directa en la Fiscalía" y "no comer la milanesa"

Además afirmó que "no le va a sumar nada a la institucionalidad uruguaya".

El catedrático en Derecho Penal Fernandez afirmó que el Ministerio de Justicia “tiene mal pedigree”, en relación a lo que fue el último que funcionó en Uruguay, asociado a la dictadura que sirvió para destituir jueces y funcionarios, dijo.

Si bien luego sostuvo que no es posible “quedar atado a una rémora histórica del pasado”, advirtió que "se vote lo que se vote tiene que quedar claro que no puede intervenir en el ámbito jurisdiccional que es competencia privativa del Poder Judicial”.

Además dijo que hay prioridades mucho más urgentes y concluyó que “hay que gastar mejor la plata”. El penalista cuestionó que se proponga “aterrizar” un nuevo ministerio cuando “no hay un peso”, no se pueden crear juzgados y además se quiera “aterrizar una enésima modificación del CPP”, dijo en relación al proyecto que el Ejecutivo ingresó al Parlamento.

Por último, reprochó que se anuncie que el nuevo ministerio "va a coordinar la política criminal" y se preguntó “qué diablos se va a coordinar” si la nueva secretaría de Estado “no va a mejorar un ápice ni la administración del sistema penal ni la administración carcelaria”.

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Al respecto desde el público el ex juez Juan Carlos Fernandez Lecchini dijo que le daba "mucho miedo" que se diga que el Ministerio de Justicia quiere intervenir en la política criminal, "en virtud de la política criminal que se aplica en muchos procesos" en la actualidad.

En la misma línea, Guzmán aseguró que se están distrayendo recursos materiales necesarios para un ministerio “absolutamente inútil“ y “pernicioso”.

Aunque manifestó no compartir que el autor del proyecto condicione el apoyo, dijo que crear un organismo de Justicia asociado al Poder Ejecutivo “va a crear más confusión”.

A su turno, Juan Fagúndez enmarcó la creación del Ministerio de Justicia en “la política entrando por la puerta y la justicia saliendo despavorida por la ventana“.

Al igulal que lo hicieron sus colegas, hizo hincapié en dos ideas: que la esencia republicana indica que el Poder Ejecutivo no puede asumir funciones jurisdiccionales y que es un contrasentido que no haya plata para el Poder Judicial pero la haya para el Ministerio de Justicia.

Por su parte Barrera plantea cinco cinco argumentos contra la reforma y al igual que sus colegas alerta sobre conflictos de interés y riesgos para la independencia judicial.

El primer cuestionamiento que hace es al "pensamiento imitativo". Afirma que el argumento de que los países mejor rankeados tienen Ministerio de Justicia incurre en una falacia de causalidad por correlación. "Noruega llegó aser Noruega por razones que no mencionan el ministerio", señala, y recuerda que Afganistán también tiene uno —conducido por un cofundador talibán con orden de arresto de la Corte Penal Internacional— y figura en los últimos puestos de todos los índices de desarrollo humano.

El segundo argumento apela a la llamada "Valla de Chesterton": no se derriba lo que funciona sin entender primero por qué funciona. En ese sentido, recuerda que el único período en que Uruguay tuvo Ministerio de Justicia fue durante la dictadura cívico-militar. Fue creado por el Acto Institucional N° 3 de 1976 y suprimido en 1985 con el retorno de la democracia como uno de sus primeros actos de restauración institucional.

El tercer argumento desmenuza los conflictos de interés que generaría la versión maximalista del proyecto, que concentraría bajo una misma jerarquía ministerial organismos con misiones radicalmente incompatibles: la Defensoría Pública —que defiende ciudadanos contra el Estado— compartiría estructura con el litigio estratégico del Estado. Además entiende que la Secretaría Antilavado, la unidad de inteligencia financiera antilavado, quedaría bajo la misma jerarquía que defensores de causas de narcóticos, con consecuencias potenciales ante el GAFI. Asmismo, cuestiona que las conciliaciones laborales del MTSS, pieza central del sistema de relaciones laborales, sean trasplantadas a un ministerio genérico que carece de la autoridad institucional que esas instancias requieren.

Como alternativa propone lo que llama el "Estado inteligente": un ingeniero con formación en inteligencia artificial y un abogado administrativista con acceso a las bases de datos del Estado podrían resolver en tiempo real los problemas de coordinación que el ministerio pretende atender, a una fracción del costo y sin los riesgos institucionalesasociados.

El quinto argumento, advierte sobre la pendiente institucional: "Las instituciones no se diseñan para quienes las crean, sino para todos los gobiernos que vendrán después... el décimo gobierno". Una vez que existe un canal orgánico entre el Ejecutivo y el sistema judicial, ese canal —como un túnel— funciona en ambas direcciones.

Barrera hable del ozempic republicano y la milanesa con las papas fritas. Señala que la función del diseño constitucional es impedir que el poder se desborde, "el freno a la gula", "Si me como hoy la milanesa con papas fritas, se como empieza pero no se cómo termina“. Concluye que "la respuesta responsable es la disciplina. Quedarse quieto. No comer la milanesa".