El trabajo, al que accedió El Observador, deja de manifiesto las tensiones que existen en el territorio ya que el proyecto se propone como una solución para mejorar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana pero la construcción obligará, entre otras acciones, a expropiar terrenos de varias familias y talar monte nativo.
El documento plantea que la iniciativa “trasciende ampliamente” el plano técnico y el área territorial inmediata generando “impactos, percepciones y posicionamientos” que exceden a la localidad de Casupá y su zona de influencia directa ya que “confluyen dimensiones técnicas, sociales, ambientales y políticas”.
“La discusión en torno al uso del recurso hídrico, la producción, la gestión de la cuenca y el modelo de desarrollo territorial constituye un eje estructurante del conflicto, que no puede ser abordado únicamente desde una lógica sectorial ni estrictamente local”, dice y menciona que la represa aparece como una obra vinculada al interés general, pero “también como una intervención que reordena usos, expectativas y afectaciones en un territorio concreto”.
Respecto a la percepción social del proyecto, el trabajo señala que es “heterogénea” y no se organiza simplemente entre “actores favorables y actores contrarios”.
Por un lado, la represa aparece como una infraestructura relevante para aumentar la capacidad de reserva y reducir la vulnerabilidad frente a escenarios de sequía. Por otro, los actores productivos directamente afectados colocan el énfasis en los impactos “territoriales, económicos y funcionales de la intervención”.
“Las preocupaciones se concentran en la pérdida de superficie productiva, la afectación de unidades prediales, la disminución de ingresos, la viabilidad futura de los remanentes y las restricciones en el acceso al agua para la producción”.
En particular, algunos productores que fueron entrevistados señalaron que si el proyecto se concreta debería preverse la posibilidad de contar con tomas de agua para los predios afectados o próximos al embalse que continúen con la producción de modo de evitar que se comprometa su capacidad de producción.
El estudio identificó un total de 37 unidades productivas directamente afectadas por el trazado del embalse. Sin embargo, al momento de realizar el censo socioeconómico, los consultores lograron entrevistar al 51% de los propietarios (19 unidades) debido a una "baja disposición a participar por parte de la mayoría de los propietarios, quienes declinaron la posibilidad de ser entrevistados" como síntoma de resistencia y desconfianza.
Uno de los aportes es que la gravedad del impacto no depende exclusivamente de la cantidad de hectáreas expropiadas. Las alteraciones funcionales son determinantes: 25 unidades productivas perderán el acceso directo al agua de arroyos, 11 establecimientos quedarán divididos internamente por la inundación y 5 requerirán el trazado de nueva caminería.
Dos predios con pérdidas de tierra cercanas al 80% ya prevén el abandono definitivo de la producción, mientras que establecimientos con una afectación menor –como una unidad que pierde el 30,8% de su superficie– enfrentan el riesgo real de volverse inviables debido a la ruptura de su infraestructura interna y la pérdida de aguadas naturales.
En las localidades del área de influencia indirecta –Casupá (con sus 2.742 habitantes), Reboledo y Gaetán– el clima social está atravesado por la falta de certezas, dice el informe.
A este panorama se suma la aprehensión sobre la llegada de cientos de trabajadores foráneos durante el pico de las obras.
Aunque el proyecto prevé alojarlos en campamentos temporarios para mitigar la presión sobre el mercado inmobiliario, persisten dudas sobre la capacidad del limitado sistema de salud local (compuesto por solo 5 policlínicas de atención primaria) y sobre los cambios en la tranquilidad cotidiana. "Casupá es un pueblito donde todavía uno deja la moto con la llave puesta (...) la seguridad no tengo duda de que va a cambiar", advirtió un representante de un grupo local pro-represa.
Las expropiaciones y la producción afectada
En términos de impactos, el documento identifica afectaciones de carácter estructural en unidades productivas y hogares directamente involucrados, particularmente en relación con la pérdida de tierras, la disminución de ingresos, el desplazamiento físico de población, la alteración de la funcionalidad predial y las restricciones en el acceso al agua para producción.
“Estos impactos no solo afectan a propietarios, sino también a trabajadores rurales y a otros actores vinculados a los sistemas productivos locales, lo que amplía el alcance social de las afectaciones”, dice.
El relevamiento constató, a su vez, que los impactos asociados al desplazamiento y a la pérdida de arraigo territorial tienen una “dimensión social que excede la compensación económica”. “La ruptura de redes familiares y comunitarias, la pérdida de referencias territoriales y las transformaciones en los modos de vida configuran procesos que requieren abordajes integrales, sostenidos en el tiempo y con fuerte acompañamiento institucional”.
“No se trata solo de perder superficie… es su lugar en el mundo”, declaró en una entrevista un representante de una gremial de productores. “Estamos hablando de familias que viven ahí hace generaciones… eso no se mide con plata”, acotó otro referente de una organización deportiva local. “La principal inquietud es qué va a pasar con esa gente: dónde van a vivir, en qué van a trabajar”, añadió un dirigente comunitario. El trabajo no detalla los nombres.
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Para los autores, el Estado deberá avanzar hacia enfoques de intervención que “trasciendan la lógica compensatoria”, lo que supone incorporar estrategias orientadas a la “recomposición de medios de vida, el acompañamiento a hogares afectados, la sostenibilidad de las unidades productivas remanentes y la articulación con otros organismos” para la generación de “soluciones integrales en materia de vivienda, producción, trabajo rural y arraigo territorial”.
A juicio de los especialistas de la firma Rivero-Quirino uno de los principales desafíos está en “la capacidad de gestionar un conflicto social estructurado en torno al uso del recurso hídrico, la distribución de costos y beneficios, y las expectativas de desarrollo territorial”. “La construcción de legitimidad social aparece, así como un componente central para la viabilidad del proyecto”, dice.
Otro de los puntos del documento refiere a la disponibilidad de información que tienen los implicados. Menciona que deben fortalecerse los mecanismos de “información, participación y diálogo” y generar condiciones de confianza entre los actores involucrados.
“La percepción de insuficiencia en los canales de comunicación, la incertidumbre respecto a los procedimientos de expropiación y compensación, y la expectativa de instancias de diálogo directo con autoridades nacionales constituyen elementos relevantes a considerar en el diseño de la gestión social”.
A modo de cierre, el trabajo señala que la viabilidad social del proyecto dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado y de las instituciones involucradas para gestionar de manera adecuada las tensiones que fueron identificadas.
“Más allá de sus fundamentos técnicos, el proyecto plantea un desafío de gobernanza territorial que requiere procesos transparentes, participación efectiva, criterios de justicia ambiental y territorial, y medidas concretas para compatibilizar el objetivo estratégico de asegurar agua potable con la protección de los medios de vida, los vínculos sociales y las condiciones de reproducción productiva del territorio afectado”.
