Defensores de la familia de Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, denunciaron ante la Justicia el hackeo de la cuenta de correo electrónico del empresario fallecido y una extorsión millonaria dirigida a sus allegados. Según señalaron, los pedidos de dinero alcanzaron los US$ 400.000 y US$ 75.000, con amenazas de difusión de documentación sensible vinculada a la empresa.
De acuerdo con la denuncia presentada por los abogados de la familia Basso, recogida por Subrayado (Canal 10), los hechos se originaron luego de que el 10 de octubre el síndico de la sucesión diera de baja la línea telefónica personal de Basso. El 14 de noviembre, un funcionario de Antel adjudicó ese número a una nueva persona y, tres días después, el 17 de noviembre, el nuevo titular cambió la contraseña del correo electrónico personal del empresario.
Ese correo tenía como método de recuperación el envío de un código de seguridad al teléfono, procedimiento que —según la defensa— fue utilizado para adueñarse de la cuenta. El 19 de noviembre, Daniela Cabral, esposa de Basso, recibió un mensaje enviado desde esa dirección con una animación de una sirena.
Al día siguiente, el 20 de noviembre, el hacker envió desde Argenahak un correo electrónico a Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, exigiendo US$ 400.000 en bitcoin en menos de 13 horas. El mensaje incluía una advertencia explícita: "Si no lo hacen tenemos 1 giga, 700 de documentos y mails que involucran a Conexión Ganadera; deudas, ganado, faltante, cheques, acuerdos con Basso entre otras amenazas".
La defensa señaló que tomó conocimiento del hecho el 27 de noviembre, a través de Rodríguez. Ese mismo día, el empresario recibió un nuevo mensaje desde la cuenta de Basso: "Esta noche sobre las 22.00 se van a filtrar documentos en X y mails a la prensa de investigación y solicitan, como última oportunidad, 75 mil dólares antes de las 21:30".
El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Enrique Rodríguez, quien instruyó realizar la denuncia ante Delitos Informáticos de Interpol. La denuncia se formalizó el 2 de diciembre y, ese mismo día, los hackers modificaron nuevamente el método de validación de seguridad, sustituyendo el número de teléfono asociado a la cuenta.
Los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, defensores de la familia Basso, cuestionaron el accionar judicial y reclamaron explicaciones a Antel por la adjudicación del número. "Nosotros hemos denunciado el 1° de diciembre esto ante la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio del Interior. Esta unidad ha intentado trabajar desde entonces, hace prácticamente dos meses, pero ha tenido bastantes obstáculos en la medida que muchas o la mayoría de las medidas de investigación deben ser aprobadas por el juez y no había Fiscalía asignada, recién ahora ha sido asignada", afirmó Donnángelo.
En la misma línea, Sasson agregó: "Una de las medidas de investigación que está pendiente y que se requiere para ello la orden judicial es que Antel informe quién es la persona que solicitó la línea, a quién se le adjudicó, qué funcionarios públicos operaron en esa realización".
Por su parte, el abogado de los damnificados de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, sostuvo que este episodio corre por un carril distinto a la causa principal y que pudo haberse evitado. "Son otras investigaciones que se van a hacer en otra Fiscalía diferente a la del Lavado de Activos, determinará si hubo algún delito informático. No aportan mucho más de lo que ya está incorporado a la carpeta de investigación en cuanto a que había conocimiento pleno de todos los actores, de lo que era la situación económico-financiera de la empresa y lo que era la insolventación que se estaba llevando adelante por parte de sus directores", indicó.
Decia añadió: "Yo creo que esto se podría haber evitado si el fiscal hubiera pedido al juez el registro de las comunicaciones electrónicas de los imputados, cosa que debió haber pasado en enero del año pasado cuando comenzó todo esto. Personalmente en audiencia le pedí al fiscal que pidiera al juez la incautación de los celulares y con eso la incautación y el registro de las comunicaciones electrónicas, el fiscal prefirió no hacerlo por una cuestión estratégica".
El abogado de los damnificados también informó que el 4 de febrero se realizará una nueva audiencia para definir medidas cautelares respecto a Daniela Cabral, esposa de Basso. La defensa entiende que debería disponerse su prisión o el cambio de domicilio, dado que el apartamento en Punta del Este donde cumple arresto domiciliario será rematado. "Sería un escándalo de que Cabral renovara seis meses más sus medidas cautelares de arresto domiciliario en el edificio Imperiale", sostuvo.
