Ante el pedido de los dos trabajadores indios que denunciaron a la dueña del restorán de Punta Carretas, Aparna Soni, por trata con fines de explotación laboral, se revisará el archivo de la causa que había resuelto la fiscal de Delitos Sexuales María Virginia Sigona.
Según confirmó a El Observador la propia fiscal, se realizó una audiencia en la que ella no se opuso a que el caso lo revise un colega por lo que se designó a la fiscal Silvana Mastroianni. Ahora la nueva fiscal tiene 20 días para revisar el archivo resuelto por Sigona y considerar las pruebas que ella evaluó.
El código del proceso penal prevé que ante la resolución de archivo de un caso, el denunciante o la víctima pueden solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por parte de un fiscal subrogante, dentro de los treinta días de haber sido notificado.
Si se ordena el reexamen, el nuevo fiscal tendrá un plazo de veinte días para expedirse. Su decisión será la definitiva para el caso sin posibilidades de otra revisión.
El archivo de la denuncia por trata
Como había informado El Observador, en agosto la fiscal Sigona decidió archivar la investigación al argumentar que “no es posible concluir que existen elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y de la participación de los imputados en él”.
La fiscal señaló que de la carpeta investigativa surge que los denunciantes "tenían plena disponibilidad ambulatoria, no surgen condiciones de servidumbre o tratos denigrantes, tenían redes sociales, teléfono celular, mantenían reuniones con otras personas, muchas de ellas de la India con las cuales no existe barrera idiomática". "Tal es así, que incluso, al día de hoy los denunciantes han podido progresar en nuestro país y abrir su propio negocio de comida india”, afirmó.
También mencionó, como un elemento que contrarresta la teoría de que fueran víctimas de trata, que uno de ellos es titular de dos cuentas bancarias en el BROU.
La denuncia de los trabajadores indios
En marzo, mientras estaba en su país por un casamiento familiar Soni se enteró que de dos de sus empleados la habían denunciado por trata con fines de explotación laboral. Los trabajadores declararon ante Interpol que las condiciones de trabajo eran "intolerables". Señalaron que si bien lo acordado había sido trabajar 8 horas diarias con un día libre a la semana, más alojamiento y comida incluida, el trabajo excedía las 14 horas diarias.
También denunciaron que se les retuvieron los pasaportes y no se los incentivaba a que aprendieran el idioma español por lo que tenían serias dificultades para comunicarse con personas ajenas al trabajo.
Sobre la retención de los pasaportes, que fue otro de los hechos que denunciaron los trabajadores, la fiscal afirmó que la declaración que dio un testigo al respecto demostró "inconsistencias". Además consideró que el hecho de que esa persona haya entrado al local de comidas de noche para que las víctimas retiraran sus pertenencias, sin contar con autorización judicial, no permite tener claro como ocurrieron los hechos.
